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Vigilancia transnacional y supervisión ciudadana

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Por William Ramírez Hernández

Publicado: martes, 16 de octubre de 2018

Mientras me disponía a revisar la literatura sobre las áreas en común entre la Vigilancia Transnacional y la Supervisión Ciudadana de las Fuerzas del Orden, me sorprendió saber que no solo Puerto Rico, sino otras naciones caribeñas se mueven hacia la privatización de los servicios policiales.  Esta tendencia se inicia antes de la devastación ocasionada por el Huracán María, y antes de la inquietud social provocada por la objeción generalizada a una “Junta” decretada por el Congreso de los Estados Unidos de América para que busque la forma de pagar una deuda acumulada por el gobierno que muchos puertorriqueños consideran ilegal.  La Ley PROMESA, aprobada por el Congreso para aplicarse a Puerto Rico, creó lo que se designa oficialmente como Junta de Supervisión Fiscal, pero en Puerto Rico se le conoce como Junta de Control Fiscal, o sencillamente “La Junta”.

A pesar de que Puerto Rico tiene un gobierno electo por voto directo, es La Junta la que de facto está gobernando el país de cerca de 4 millones de habitantes, población de ciudadanos estadounidenses mayor que la encontrada en 21 estados; y mayor que la encontrada en muchas naciones a través del mundo. Es La Junta la que establece política pública, la cual sigue ocasionando el mayor éxodo de la isla en su historia de más de 500 años. Han cerrado cientos de escuelas, y se avecinan aún más cierres, los servicios de salud pública se han reducido severamente.  A esto se añade un Departamento de la Policía que no ha podido reclutar ni entrenar nuevos oficiales, mientras se sigue reduciendo el personal humano del mismo. Este mes, el juez federal a cargo de que se cumpla con el acuerdo de reforma de la Policía de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, celebrará una vista que podría determinar el futuro de la Policía de Puerto Rico y el acuerdo de reforma. El juez está inconforme porque la Policía no ha cumplido cabalmente con los acuerdos y ha dejado claro que podría engavetar el acuerdo y en su defecto situar al cuerpo policial bajo supervisión directa de la corte, o como se le conoce: “en sindicatura”. 

Lo irónico en este nuevo capítulo en la historia de la Policía de Puerto Rico es que la falta de cumplimiento con el sistema judicial federal ahora también se puede remitir a la rama legislativa federal, ya que La Junta es una creación de, y le responde a, el Congreso.  Sin duda, la Policía de Puerto Rico tiene una larga historia de violación de derechos civiles, corrupción y persecución política de los disidentes e independentistas. No obstante, ahora es La Junta la que determina las políticas prioritarias para Puerto Rico, y la vigilancia no es una de ellas. Se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el tema que nos ocupa, y la respuesta es TODO.

 

II. 

Volviendo al asunto de los aspectos comunes en la transnacionalización y las prioridades de la vigilancia, comenzamos con Jamaica; parece ser que Puerto Rico está siguiendo los pasos de Jamaica y de otros países caribeños, que han estado consecuentemente privatizando los servicios policiales.  Puerto Rico siempre ha tenido una fuerza policial grande, con vigilancia por parte de diversas agencias de seguridad, un calco de Washington, D.C.

 

III.

A la Policía de Puerto Rico, que solía contar con 19,000 miembros (la segunda más grande en los Estados Unidos) se le añaden los mucho más reducidos departamentos de policía municipales (78 municipios), el FBI, la DEA, Homeland Security, otras agencias del orden federales y muchos cuerpos de seguridad (armados) privados.  Por momentos, sobre todo durante actividades o protestas con asistencia masiva, y definitivamente durante el periodo de emergencia provocado por el Huracán María, pareciera que en Puerto Rico se estaba suscitando una insurrección o un estado de sitio. En Puerto Rico la respuesta a las protestas es, para decirlo claramente, exagerada, desproporcionada, represiva y, en muchas ocasiones, abiertamente ilegal.

Como mencionamos antes, la Policía de Puerto Rico contaba con aproximadamente 19,000 miembros, pero al momento en que comenzó la reforma de la policía se había reducido a aproximadamente 14,000.  Luego azotó el Huracán María y el cuerpo policiaco se ha reducido a menos de 10,000, según expresado por el Monitor de la reforma policial. 

Antes de proseguir, debo mencionar que aunque se conoce oficialmente como “la Policía Estatal de Puerto Rico”, se asemeja más a lo que muchas naciones llaman “Policía Nacional”.  No es una policía estatal, pues no somos estado, ni es tampoco un departamento de limitada jurisdicción a través de la “nación-estado”, como lo son los departamentos policíacos estatales en los Estados Unidos.  La Policía de Puerto Rico es un amplio cuerpo policial de jurisdicción general que opera en toda la isla –dicho llanamente, es la fuerza policiaca de Puerto Rico.

Como todo lo demás, lo material y lo humano, la Policía de Puerto Rico se vio adversamente impactada por el Huracán María. Una fuerza policial ya menguada, se vio aún más reducida por el éxodo masivo de puertorriqueños a Estados Unidos y a otras naciones; y luego vino el fenómeno “blue flu”, caracterizado por el ausentismo en masa y/o negativa abierta de cumplir con tareas policiales. En estos días es raro ver una patrulla en las carreteras o las comunidades; el crimen va en alzada y muchos agentes de la policía están siendo arrestados por agentes federales.

 

IV.

Para octubre de 2017, tras el Huracán María, Puerto Rico parecía estar ocupado por oficiales fuerte e ilegalmente armados de organizaciones privadas de seguridad traídos de Estados Unidos.  Llegaron compañías privadas de servicios de seguridad como Blackwater (ahora llamada Academi), Tiger Swan, Ranger American y otras. Pero, “venían en paz” y desde entonces se quedaron; los vimos en acción durante la celebración del Primero de Mayo de 2018 cuando las movilizaciones en San Juan terminaron “como el rosario de la aurora”, o sea, en caos total. Todos los presentes, los que protestaban, los observadores de ACLU, los miembros de la prensa, a todos por igual se les lanzó gas lacrimógeno o se les agredió a golpes, fuese por policías del gobierno o por esta otra presencia expandida y más agresiva de policía privada. La jornada culminó con la persecución de estudiantes hasta sus vecindarios, el registro ilegal de sus hogares y el arresto ilegal de algunos estudiantes por participar en un acto masivo público autorizado.

Durante el irrazonablemente largo toque de queda establecido pos-María, agentes de seguridad privada cuyo idioma era inglés mayoritariamente, salieron a la calle enmascarados, armados y sin identificación o placa visible, portando armas largas y automáticas, y hasta de uso militar ilegalmente; detenían a las personas por violaciones a la ley de tránsito y otras actividades no criminales, a la vez que les apuntaban con sus armas y registraban sus vehículos; en ocasiones, arrestaban a los que, según ellos, no “cooperaban”.  Téngase en cuenta que el idioma predominante en Puerto Rico es el español.

 

V.

Y así es que están las cosas al día de hoy, con una fuerza policial pública disminuida, una fuerza policial privada en aumento, lo que lleva a la privatización  cada vez mayor de la vigilancia en Puerto Rico, como es el caso en Jamaica, donde la razón de guardias privados a públicos es 3:1. Para la comunidad de Supervisión Ciudadana de las Fuerzas del Orden, la prevalencia de seguridad privada como la que se está dando en Puerto Rico y otras naciones supone un reto, porque: ¿A qué mecanismos de supervisión le responden estos agentes? y aunque concluyésemos que responden al interés público por ser autorizados por agencias del gobierno,¿ cómo podemos siquiera identificar a los que violan su puesto o se extralimitan en sus acciones cuando están tan camuflados o escondidos? ¿ los agentes policiales privados, están sujetos a los acuerdos de la reforma de la Policía de Puerto Rico, que incluye el que los oficiales públicos estén adecuadamente identificados, entrenados y compensados?

 

VI.

Esta tendencia a la privatización que notamos en Puerto Rico, Estados Unidos y otras naciones sigue en todo su apogeo hasta el día de hoy.  En la vista que se celebrará este mes, el juez federal verá que no se cumple con los acuerdos de la reforma, que incluye el uso ilegal de fuerza en contra de gente que ejerce su derecho a protestar, y el no cumplir con los protocolos requeridos en cuanto a la constitucionalidad en asuntos de vigilancia.  Aún no se sabe si los agentes armados de seguridad privada estarán incluidos en los acuerdos de la reforma.

 

VII

Según se dijo antes, los miembros de la Policía de Puerto Rico se han reducido a casi 10,000, de los cuales cerca del 65% están cercanos a la edad del retiro, y no ha habido una nueva clase graduada de la academia de la Policía en más de cuatro años.  Esto prácticamente garantiza el crecimiento de la industria de seguridad privada, muy similar a como ha sucedido en Jamaica y otras naciones. Le corresponde a la comunidad independiente de supervisión ciudadana estar al tanto de esta tendencia y de expresar sus preocupaciones al respecto.  Después de todo, ¿de qué sirven las reformas a la policía y las organizaciones independientes de supervisión ciudadana de la vigilancia pública si las organizaciones de ley y orden se privatizan a pasos agigantados? Puede que algunos consideren que la privatización de la vigilancia es una opción del gobierno, pero, ¿caerán estas agencias privadas bajo la jurisdicción de las organizaciones independientes de supervisión ciudadana?

 

Vigilancia represiva, sobre-militarizada y politizada en Puerto Rico, los Estados Unidos y otras naciones

En Puerto Rico:

• federalización y privatización de la policía, como respuesta a la libre expresión y posturas políticas disidentes

• políticas respecto al alcance de la vigilancia partiendo de La Junta, y control de dicha Junta sobre el presupuesto de la Policía de Puerto Rico (de cara a la crisis fiscal de Puerto Rico y los procedimientos de bancarrota ad hoc)

• respuestas policíacas que contravienen derechos garantizados por la 1ra. y la 4ta. enmiendas de la constitución, como la confiscación de equipo de grabación y otras formas de documentación, el arresto de observadores y supervisores, persecuciones y registros ilegales de moradas y arrestos ilegales de participantes de protestas en sus hogares

• suspensiones judiciales de derechos civiles y de demandas por violación a los derechos civiles presentadas ante las cortes en Puerto Rico y los Estados Unidos, presentadas a raíz de los procesos de bancarrota, lo que convierte a Puerto Rico en la única zona libre de derechos civiles  bajo la bandera norteamericana; el resultado neto es que no se puede presentar demandas en corte y pedir compensaciones por violación a los derechos constitucionales, de acuerdo a la Ley Promesa que aprobó el Congreso de Estados Unidos.

 

Ponencia presentada por el autor en la conferencia anual del NACOLE Training. El autor es el director de la ACLU en Puerto Rico. Traducción para CLARIDAD por Sylvia Solá.

 

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