Opinión / Editorial

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Guardia privada para el Condado

Publicado: martes, 16 de octubre de 2018

"Si tu vecino te da problemas ponle un Se vende / a todo lo que te de problemas ponle un Se vende”. Así decía una canción muy rítmica que sonó en la radio puertorriqueña décadas atrás. El tema, como muchos, nació de la vivencia en los barrios, pero en los últimos años, en el mundo y en Puerto Rico, la venta a cualquier precio se ha convertido en política pública. Por todos lados se está pretendiendo atender un problema poniéndole un “Se vende” al servicio o entidad que supuestamente lo crea. 

Seguramente el lector ya ha pensado en la pretendida venta –en pedazos y al mejor postor– de nuestra Autoridad de Energía Eléctrica que, tras ser víctima por largo tiempo del patronazgo político, se la quieren entregar a la misma “empresa privada” que ha fracasado en tantas otras instancias. Pero lo que nos lleva a evocar el viejo merengue es que, en el afán de privatizarlo todo, al Gobierno de Puerto Rico le ha dado ahora con la seguridad pública. Tras un recorrido muy mediático por el barrio turístico-residencial del Condado, el gobernador Ricardo Rosselló aplaudió la creación de una policía privada para proteger el sector. 

El recorrido por el Condado, en medio de comparsa y cámaras, fue, sobre todo, un burdo despliegue de politiquería. Dado que en el barrio hay mucha actividad turística y, además, allí reside una porción de la elite social boricua, cualquier crimen que se produzca se convierte en noticia. Lo que ocurre en el Condado no es muy distinto a lo que sucede en los otros barrios de Puerto Rico, pero lo de allí resuena más. El gobernador pretendió usar esa notoriedad para culpar al Municipio de San Juan de los problemas y por eso se orquestó el recorrido con la prensa detrás. 

Menos Rosselló y su séquito, todo el mundo sabe que la responsabilidad primaria de ofrecer un mínimo de seguridad en Santurce y en cualquier otro barrio de nuestro país es del gobierno central y de su muy empaquetado Departamento de Seguridad. Los municipios tienen la obligación de ayudar, pero eso no los convierte en responsables ni mucho menos releva al Gobierno su tarea primordial. 

A pesar de todas esas verdades elementales, los publicistas de Rosselló orquestaron un espectáculo con el único propósito de intentar culpar a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, por los problemas de seguridad de la Capital utilizando a Condado como muestra. En el centro del show estuvo un supuesto líder de la comunidad, un tal Amaury Rivera, que resulta ser hijo de aquel notorio personaje llamado Pedro Rivera Casiano, de tan triste recuerdo por su vinculación a lo ocurrido en 1978 en el Cerro Maravilla. Con ayuda de este tal Rivera y de algunos medios de prensa, la alcaldesa de San Juan fue demonizada en las calles del Condado por un gobernador que pretendía lavar su culpa señalando a otro.

Pero si mal fue aquel espectáculo, peor fue lo que vino después. Como supuesta solución a los problemas de seguridad de Condado, Rivera y su grupo, con el aplauso de Rosselló, proponen la privatización del sistema de vigilancia, creando una especie de guardia pretoriana exclusiva de la comunidad. Ese cuerpo, que aparentemente pagarían los residentes que en su mayoría son de ingresos altos, es el que patrullaría las calles interviniendo con los ciudadanos, con los comercios y con todo lo que entiendan que está mal.

Las calles en Puerto Rico no sólo son vías de trasportación, sino también “foros públicos” que en todo momento deben estar abiertas a que se manifiesten en ellas las libertades de expresión y asociación que garantiza la Constitución. Cualquier restricción a esa manifestación es de por sí “sospechosa” y para prevalecer debe darse en situaciones extraordinarias. Las pocas veces que se han legislado excepciones a esa norma –como cuando se autorizó el control de acceso vehicular en urbanizaciones y ciertas calles– se ha requerido reglamentación muy detallada que en múltiples ocasiones ha sido objeto de escrutinio en los tribunales. 

¿Puede privatizarse la seguridad de calles públicas, tan transitadas como las de Condado, sin poner en riesgo esas libertades básicas? Claro que no. ¿Hasta dónde llegará el poder de intervención de estos gendarmes privados, contratados para velar por los intereses de quienes les pagan? Obviamente estamos ante situaciones muy serias y resulta alarmante que el gobernador de turno, en ávida búsqueda de votos, las despache sin ningún rigor. 

La seguridad de nuestras calles no puede estar a la venta, ni aun para que la compren los residentes que se consideren afectados. De todas las tareas que debe tener un gobierno, la más elemental es ofrecer tranquilidad a sus ciudadanos. Esa ha sido la norma desde que las sociedades se organizaron. En todo lo demás la gente de entonces se las arreglaba por sí solos, menos en cuanto a la seguridad que desde aquellos tiempos ha sido tarea colectiva. 

En nuestro país esa tarea ha sido históricamente compartida con los municipios, que han ido creando guardias municipales y códigos que reglamentan el orden público. Últimamente, mientras ha ido aumentando la crisis económica en las finanzas públicas, algunas municipalidades se han visto obligadas a incrementar su cuota de responsabilidad en cuanto a la seguridad de sus ciudadanos. Pero esa colaboración, por más que haya crecido, no libera de su responsabilidad primaria al gobierno central como quiso aparentar Rosselló durante su reciente recorrido por el Condado.

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