Opinión / Editorial

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Por un sistema de salud transformado

Publicado: miércoles, 22 de noviembre de 2017

Como si se tratara de una nítida imagen en Rayos X, el paso arrollador del huracán María por nuestro país puso en evidencia la desarticulación y precariedad de nuestro sistema de salud y la necesidad urgente de que Puerto Rico cuente con un Departamento de Salud y un sistema que compartan la visión de que la salud es un derecho de las personas y no una mercancía sujeta a las reglas del mercado.

Durante y después de la emergencia, el sistema de salud, y particularmente la agencia que lo representa, acusaron una falta de preparación y previsión impresionantes, amén de la ausencia de un liderazgo efectivo que se hiciera sentir con aplomo y ofreciera seguridad y confianza a unos pacientes y un país sobrecogidos por la catástrofe.

Más que un médico y persona comprometida con la salud del pueblo, el Secretario de Salud pareció un relacionista público de los servicios médicos de emergencia que desplazó a Puerto Rico el gobierno de Estados Unidos. Los miles de pacientes del sistema público de salud no tuvieron un portavoz efectivo en la persona del Secretario de Salud, quien era la autoridad llamada a dirigir la respuesta inmediata de servicios a la población luego de la mayor catástrofe del último siglo en Puerto Rico.

Mientras los pacientes enfrentaban múltiples escollos y cortapisas para acceder a servicios y los hospitales e instalaciones de salud carecían de energía, y muchos dejaron de operar, la inexistente respuesta del Departamento de Salud colocó a miles de pacientes en peligro inminente en medio de la emergencia.

Una de las grandes interrogantes que aún persisten es la del número de muertos por el huracán, ya por eventos relacionados a su paso o como resultado de fallas y errores críticos en los servicios de salud.

Mientras el Comisionado de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, insiste en que María ocasionó solamente 55 muertes, sabemos por investigaciones de prensa y otras fuentes que fueron probablemente cientos las fatalidades relacionadas con el huracán. Sabemos también que las “morgues” de los hospitales y del Instituto de Ciencias Forenses no dieron a basto para manejar adecuadamente la gran cantidad de cadáveres recibidos durante el período inmediatamente después del huracán.

El mismo Comisionado de Seguridad que minimiza las muertes autorizó 911 cremaciones durante las semanas posteriores al paso de María, cuya responsabilidad asumió saltando por encima de los protocolos existentes para fallecimientos relacionados a condiciones de salud.

Estas acciones, unidas a una gran cantidad de datos incorrectos, información contradictoria y respuestas evasivas por parte del propio Pesquera y de oficiales del Departamento de Salud apuntan hacia el caos sin precedentes ocurrido en los servicios de salud tras el paso del huracán.

Hacemos excepción de la labor extraordinaria que, al margen de la parálisis del sistema de salud, llevaron a cabo cientos de médicos, enfermeras y enfermeros, y otros profesionales de la salud en todo Puerto Rico, quienes, aún a riesgo personal y con muchas limitaciones, salvaron vidas y ofrecieron servicios en condiciones extenuantes.

Sus historias de gran humanismo y entereza contrastan con el silencio de los encargados de la salud del pueblo quienes, desde sus atalayas en oficinas aisladas, fallaron en mostrarle al País que son dignos de su confianza a la hora de manejar una crisis de salud de esta magnitud. 

Los sistemas de salud integrados y robustos, predicados en que la salud en un derecho básico de las personas, cuentan con planes de contingencia sistemáticos y articulados que no sólo les permiten prestar servicios, aún en circunstancias extremas, sino también establecer protocolos para el control y manejo de las complicaciones, epidemias y otros riesgos a la salud de la población que traen las emergencias y desastres. 

Tales garantías y contingencias brillaron por su ausencia en Puerto Rico, con un Departamento de Salud tan incapaz que ni siquiera supo anticipar, y mucho menos articular una respuesta coherente y efectiva a las posibles epidemias u otros riesgos de salud que pudiesen propagarse en una población hundida en escombros, sin agua potable, alimentos o medicamentos accesibles y a merced de un entorno claramente insalubre.

Por eso, no sorprende que haya sido una alcaldesa y no el Departamento de Salud quien diera la voz de alerta sobre un posible brote de un mortal patógeno asociado con la proliferación de roedores. El llamado de la ejecutiva municipal obligó al Departamento de Salud a salir de su zona cómoda y levantar la vigilancia para ésa y otras enfermedades.

Igualmente, el País ha sido testigo de las historias de otros alcaldes como el del municipio de Isabela, que han tenido que echarse sobre sus hombros, junto a médicos y otros recursos voluntarios, el manejo de las emergencias de salud en sus municipios ante la actitud de oídos sordos en el Departamento de Salud, incluso en casos de solicitudes de ayuda para pacientes en estado crítico.

Como hizo con tantas otras cosas en Puerto Rico, el huracán María puso de manifiesto la inoperancia de un sistema de salud que no responde a las necesidades de la población. Un sistema predicado en el lucro, maniatado por aseguradoras privadas, en el cual el Departamento de Salud es un mero coordinador de servicios e intermediario, sin fuerza ni credibilidad para defender los derechos de sus centenares de miles de pacientes. 

Ciertamente, para su reconstrucción exitosa Puerto Rico necesitará transformar su sistema de salud en uno que invierta principalmente en fortalecer su infraestructura de servicios y no en competir en el mercado. Un sistema que eleve los estándares de salud de la población, y enfatice en la educación y la prevención para que el próximo desastre no deje un saldo tan fuerte en la salud del pueblo.

 

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