Opinión / Editorial

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NO al falso plebiscito

Publicado: martes, 6 de junio de 2017

Los resultados de la consulta plebiscitaria de estatus que se celebrará en Puerto Rico el próximo domingo, 11 de junio, terminarán en el zafacón de la historia. Esto es así porque todo el proceso tras la elaboración del llamado plebiscito ha tenido un solo propósito: fabricar  artificialmente una supermayoría para la opción de la estadidad, cosa que han exigido los más fanáticos entre las huestes del Partido Nuevo Progresista (PNP), y que solo se puede lograr si se amaña  a su favor la consulta, como se ha hecho con ésta.

 Fue una promesa de campaña que les hizo Ricardo Rosselló a esos fanáticos, a cambio de que le otorgaran votos suficientes para ganar, primero la primaria de su partido y luego la gobernación, y ahora se propone cumplirla en las peores circunstancias para la colectividad y para el objetivo de la estadidad que alegan perseguir. Ciertamente, no es éste el mejor momento para el PNP y la estadidad, ni en Puerto Rico ni en Washington. 

En Puerto Rico, la resistencia al plebiscito es evidente, no sólo por la sosera y falta de entusiasmo entre amplios sectores del electorado, incluso de muchos “estadistas”, sino por el boicot al mismo que han decretado todos los partidos y organizaciones “bona fide” que representan a autonomistas, soberanistas e independentistas del País. Incluso los colonialistas más profundos dentro del Partido Popular están resentidos con el trato dispensado por Washington al llamado ELA. Por eso, en un intento adicional de elevar su engañifa, el Gobernador reclutó a dos de sus amigos para que, bajo el manto de organizaciones hasta ahora desconocidas, representen las opciones soberanista e independentista.

Puerto Rico está en medio de su peor crisis fiscal y económica de la modernidad, por lo cual este plebiscito a la trágala representa una distracción trivial e injustificada, además de la erogación de casi $8 millones en fondos públicos que muy bien podrían usarse para alguno de los servicios apremiantes que serán sacrificados en el nuevo presupuesto gubernamental. 

 En Washington, la estadidad para Puerto Rico está “frita” en estos momentos. No solo está el gobierno de Puerto Rico bajo la bota de la ley PROMESA, la Junta de Control Fiscal y una jueza de la corte de quiebras federal, sino que el socio metropolitano con el que contaba para ayudar a financiar y darle visos de legitimidad a la consulta de estatus se le rajó de mala manera.  Tanto por lo que han dicho como por lo que no han dicho, los oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos  hubiesen preferido que la consulta no se celebrara. No han podido ser más obvios en sus desplantes. No sólo le viraron la primera papeleta y materiales al Gobernador, exigiéndole que incluyera al llamado estatus territorial entre las opciones de la consulta, sino que se han hecho de la vista larga en la aprobación de las papeletas y materiales enmendados que les devolvió inmediatamente  el Primer Ejecutivo. La aprobación de Justicia federal a esos materiales es requisito para la autorización del desembolso de los $2.5 millones que la pasada administración de Barack Obama separó en el presupuesto de dicho departamento para ser utilizados en  una futura consulta de estatus en Puerto Rico. Por lo tanto, tampoco han aprobado el uso de dichos dineros. 

Peor aún, con todos los que se han reunido en Washington el gobernador y la Comisionada Residente y otros líderes estadistas para llevarles su planteamiento anexionista- sea en el Congreso o en la Rama Ejecutiva- les han hecho claro que no hay ambiente para la estadidad en la capital federal. De hecho, nadie en la Cámara de Representantes o en el Senado Federal se ha unido en respaldo al proyecto de ley radicado por la Comisionada Residente, Jennifer González, para la admisión de Puerto Rico como estado en el año 2025. 

Este plebiscito  es falaz, además, porque está basado en premisas falsas. El título mismo de la consulta, implicando la “descolonización inmediata” de Puerto Rico es un monumental embuste. Para empezar, para  miles de puertorriqueños y puertorriqueñas aquí y en la diáspora, cualquier intento serio de descolonizar a Puerto Rico descartaría automáticamente no solo el actual estatus colonial- o territorial, como gustan de llamarle en la metrópolis para no aceptar que aún tienen colonias- sino también la anexión o estadidad, la cual representaría la expresión más flagrante del coloniaje y la disolución de nuestra nacionalidad en los valores y la cultura anglo del “mainstream” estadounidense.   Para descolonizar a Puerto Rico se necesitarían  también dos requisitos adicionales: un consenso mínimo entre los distintos sectores políticos e ideológicos del pueblo puertorriqueño de respetar el resultado de la consulta y el compromiso del gobierno de Estados Unidos de atenderlo con seriedad. Ninguno de esos dos elementos está presente. 

Otro argumento falso es la afirmación de que la estadidad va a representar automáticamente una lluvia de miles de millones de dólares adicionales del gobierno federal a Puerto Rico. La respuesta a esta mentira la acaba de dar el Congreso de Estados Unidos al aprobar la ley PROMESA y apoderar a la  Junta de Control Fiscal para que nos imponga sus medidas de austeridad extrema que tendrán como resultado el aumento dramático en la pobreza y la emigración entre nuestras familias.  “De mi maíz, ni un grano” ha sido la actitud hacia Puerto Rico del gobierno de Estados Unidos, tanto bajo Obama como bajo Trump. Incluso, nos ha pasado la factura, para que con nuestros escasos recursos paguemos los gastos de la Junta de Control Fiscal impuesta por ellos, que se estiman en más de $500 millones por los próximos cinco años. 

Finalmente, este plebiscito es un fraude y una farsa porque es un engaño burdo con la intención de imponer, mediante una supermayoría fabricada, una fórmula de estatus que ha sido derrotada  una y otra vez por el pueblo puertorriqueño. Es una trampa ideológica para nublar la verdad sobre el respaldo a la estadidad en Puerto Rico. Por eso, esta vez pueden fabricar la mayoría que quieran y el resultado no tendrá validez. Nadie de sus interlocutores se chupa el dedo. Sobre todo, en el Washington de Trump, donde los están esperando para darles con la puerta en la cara.

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