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La deuda pública, migración, y los activos físicos

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Por Heriberto Martínez Otero

Publicado: martes, 12 de diciembre de 2017

La deuda pública (basada en bonos) de Puerto Rico ascendía a los $70,000,000,000 antes del Huracán María, lo cual representaba un monto superior al 100% del Producto Nacional Bruto nominal (variable con la cual se calcula el tamaño de la economía local). Luego del paso del huracán, la administración Trump aprobó préstamos de emergencia para el País, por lo que podemos concluir que el peso de la deuda sobre una economía colapsada, va a aumentar significativamente. La pregunta que queda pendiente sobre la mesa es si la economía de Puerto Rico tendrá la capacidad para pagar su deuda en el corto y mediano plazo. Analicemos.

La economía de Puerto Rico entró en depresión económica en el año 2006, y no se ha recuperado desde entonces. La pérdida de riqueza, empleo, y población, llevaba paso firme y constante, lo cual se agravó con el paso de los huracanes Irma y María en el 2017. El capital productivo, la infraestructura energética y de telecomunicaciones, además de carreteras, quedaron parcialmente dañadas o totalmente destruidas, imposibilitando cualquier posible recuperación en el corto plazo. La falta de transparencia y la posibilidad de corrupción gubernamental en las altas esferas del gobierno, minaron la confianza de la ciudadanía en el sector público, teniendo como consecuencia el que la ciudadanía prefiriera la migración en lugar de la reconstrucción. El gobierno da visos de estar atrapado en su propio discurso de recuperación, pero es incapaz de ver que las fuerzas productivas y la ciudadanía en general comienzan a mostrar signos de agotamiento psicológico y sociológico, lo que dificulta más el proceso de articulación de esfuerzos colectivos a favor de la recuperación. A casi tres meses del paso de los huracanes, los recaudos de Hacienda continúan en picada, más de 20 municipios continúan sin luz, el 40% de los negocios no ha podido reanudar sus operaciones, y la población sigue decreciendo a niveles exponenciales en períodos de tiempo récord. Finalmente, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una reforma contributiva federal que impactaría adversamente a la manufactura en Puerto Rico, cuya aportación al fisco representa una tercera parte del presupuesto del fondo general (cerca de $2,900 millones). 

La respuesta del sector gubernamental ha sido deficiente. El Gobernador y la Comisionada Residente han presentado mensajes contradictorios, mientras que la Junta de Control Fiscal no ha presentado un proyecto de desarrollo coherente con los nuevos tiempos. El cabildeo en Washington DC ha sido inefectivo, y no han logrado aprobar las cantidades reclamadas para la reconstrucción del País ni la exclusión de Puerto Rico de la aplicación del 20% de arbitrio. La JCF ha realizado paneles en los cuales dice recibir información de la ciudadanía para poder realizar un nuevo plan económico y financiero, el cual debe estar listo para el 22 de diciembre de 2017. Recordemos que la JCF tiene un propósito definido para la reestructuración económica del País, y el restablecimiento del pago de la deuda, el cual está paralizado por los casos legales llevados ante la corte de la Jueza Taylor Swain. No obstante, luego de la destrucción provocada por los huracanes, sumado a la depresión económica que superaba la década, se confirma la idea de que la deuda es impagable, al menos por los próximos diez años. 

La incapacidad de reactivar la economía en el corto y mediano plazo (las proyecciones optimistas previo al paso de los huracanes expresaban que el crecimiento económico retornaría en el 2024), la pérdida poblacional, y la reducción de la base impositiva, son algunos elementos que confirman la imposibilidad de que la deuda pública de Puerto Rico sea pagada según pactada en las emisiones. Este panorama lleva a los acreedores ante tres escenarios posibles: aceptar una moratoria de 10 años en lo que se concreta la reconstrucción del capital en Puerto Rico y se restablece el crecimiento; aceptar un recorte de la deuda de 75%; apropiarse de activos físicos en Puerto Rico para liquidarlos y cobrar lo más que puedan para minimizar pérdidas.

La política pública de la administración Rosselló y la Junta de Control Fiscal parecen favorecer la opción de liquidar activos y continuar pagando la deuda, dentro de condiciones que sean beneficiosas para los acreedores. Ninguno de los creadores de política pública a nivel local ha hablado a favor de una moratoria de 10 años (o una moratoria al menos), o de un quita (recorte o haircut) del monto total de la deuda. Sin embargo, sí hemos visto a los funcionarios de la presente administración hablar de las Alianzas Público-Privadas como el “nuevo modelo de desarrollo” para la reconstrucción económica del País. Esto significa que el gobierno de turno continuará buscando cuáles son los activos físicos, terrenos, o recursos naturales, que sean del interés privado global, con el propósito de enajenarlos, convertirlos en dinero, y continuar pagando la deuda. Tanto los acreedores como el gobierno saben que la deuda no es pagable a través de imponer nuevos gravámenes al ingreso o a las ventas en Puerto Rico, por lo tanto, la apropiación de recursos se convierte en la opción más adecuada para aquellos acreedores que quieran mantener vivas las posibilidades de cobrar la mayor parte de la deuda en un período corto de tiempo. 

El problema con la enajenación de capital, tierra y recursos, es que muchos de los mencionados pertenecen a personas privadas, o a la ciudadanía en general, por lo que los procesos de enajenación por expropiación pudieran encontrar resistencia jurídica, política y social. Recordemos las protestas ciudadanas cuando se intentaron colocar tubos de larga distancia para la transportación de gas natural a plantas generadoras de energía. Esto significa, que para los acreedores y los creadores de política pública, la migración y la pérdida poblacional son perfectamente compatibles con su idea de reestructuración del País. Mientras más personas se vayan, mientras más propiedades se ejecuten por los bancos, y mientras menos propietarios se queden en Puerto Rico, las negociaciones para transferir riqueza local a manos de acreedores o capital internacional se facilita. Pienso que ésta es la razón por la cual la reconstrucción local tras el paso del huracán ha sido tan lenta y deficiente. El gobierno no tiene un plan de desarrollo para que la gente se quede y trabaje en Puerto Rico, mientras la Junta de Control Fiscal es silente ante la migración masiva de puertorriqueños al exterior. Si la expulsión de la población es parte del proyecto que tienen los creadores de política pública para el Puerto Rico del Siglo XXI, es preciso que la oposición entienda que en su resistencia contra este tipo de política pública no puede contar con el apoyo del estado. Lo único que puede cambiar la tendencia de la expulsión es la solidaridad y cooperación ciudadana, para crear nuevas estructuras económicas y políticas que permitan derrotar las pretensiones gubernamentales en contubernio con un sector inescrupuloso del capital. 

 

El autor es abogado y economista, miembro de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política. 

 

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