Bookmark and Share Bajar en formato PDFComentariosVer foto galería

Vergüenza legislativa

Ver foto galeríaVisita la foto galería (1)
Perfil de Autor

Por Josefina Pantoja Oquendo

Publicado: martes, 12 de diciembre de 2017

Cuando una lee o escucha en la prensa los nombres de alguna gente electa a la Legislatura se sorprende de no contar con ninguna referencia suya, a pesar de que pronto se cumplirá un año de que inició el cambio de poder en la Casa de las Leyes. Así ocurre con el representante por Santa Isabel, Guayama y Coamo, Ramón Rodríguez Ruiz, cuyo caso abordamos en la columna anterior. Su actual notoriedad no se debe a los méritos de legislación que haya propuesto o al destacado trabajo que haya realizado a favor de sus constituyentes o a iniciativas creativas que haya desarrollado para el pueblo de Puerto Rico que paga por su salario y otros beneficios que su puesto le reporta, sino a las imputaciones por violencia de género que contra él se han levantado y a las peticiones de renuncia que su propio partido, el Nuevo Progresista (PNP), le ha hecho. En los últimos desarrollos, fue expulsado de su caucus y en un acto de desafío y desesperación por mantenerse en la bien pagada silla que ocupa, hizo una conferencia de prensa en la cual presentó a la víctima. Ésta, quien desde que recibió la visita de dos abogados “para orientarla” en el cuartel de la Policía donde hizo la denuncia, se retractó de sus declaraciones iniciales, no contestó preguntas. Doy por sentadas las presiones que debe haber recibido y que en el desenlace final que tenga esta historia no va a haber persona más perjudicada que ella.

La historia de desmanes en el poder legislativo de Puerto Rico es extensa. Desde septiembre algunos casi han pasado por debajo del radar debido a que la prioridad mediática y la atención de la gente está en la condición del país, la restauración de la energía eléctrica y otros servicios, así como el probable agravamiento de la crisis económica de Puerto Rico. Esto último, si el proceso de reforma contributiva que se desarrolla en el Congreso de Estados Unidos se lleva por el medio nuestra industria manufacturera por el impacto que tendrá sobre compañías norteamericanas establecidas en la Isla. De particular importancia es la propuesta legislación sobre menores que incurren en faltas o lo que el sistema de justicia puede cualificar como conducta delictiva. ( Véase la columna del 24 de julio de 2017- “Cuando el Atropello Sustituye a la Justicia”). El principal problema que está puesto sobre la mesa es el enfoque altamente punitivo que tiene el procesamiento de niñas y niños de 7, 8, 9, 10 años, como Alma Yadira Cruz Cruz, muchos de los cuales tienen diversidad funcional, provienen de familias que viven en la pobreza o en condiciones de extrema vulnerabilidad. La legislación actual no tiene un límite de edad para procesarles, lo que permite que el protocolo de arresto, uso de esposas, traslado a cuarteles, al Tribunal de Menores y a instituciones juveniles, que no son otra cosa que cárceles, les sea aplicado desde tan temprano.

En la Legislatura se presentaron dos proyectos sobre el particular. El de la Cámara surgió de la mente calenturienta y represiva de su presidente, Sr. Johnny Méndez. Mantiene la ausencia de un límite de edad y propone que todo menor que incurra en faltas Tipo II y III, que son el equivalente a delitos graves, sea juzgado como adulto. El del Senado cuya autoría es del legislador José Vargas Vidot, establece la edad mínima para procesar en los 14 años. Para niñas y niños que tengan menos se proponen métodos alternos, no punitivos, para atender sus conductas. Sorprendentemente, ambos proyectos fueron llevados a votación en el Senado y será el gobernador quien decidirá cuál firmará. Tal vez la memoria me falla, pero no recuerdo haber escuchado cosa igual, a pesar de todas las barbaridades que en la Legislatura de Puerto Rico se cometen. 

Quién sabe cuál fue el pacto entre los presidentes de Cámara y Senado. Rivera Schatz dijo que favorecía el proyecto iniciado en el cuerpo que dirige, pero movió la maquinaria de la mayoría para endosar también el de su homólogo. Le puso la papa caliente en las manos al Gobernador Ricardo Rosselló, quien no se ha caracterizado por ser un defensor de los derechos humanos y con quien mantiene una lucha interna de poder, a pesar de las hipócritas que ambos intercambian. Lleva las de perder la población de menores que requieren de un enfoque social y humanista; no punitivo y de escarmiento. Después de todo, no son responsables de la desigualdad social, de la pobreza, de un sistema educativo que no atiende sus necesidades y de trogloditas con poder que legislan por fanatismo y no por racionalidad y las necesidades del Pueblo.

Es sabido que en los últimos días de sesión legislativa suelen incrementarse los atropellos de quienes deciden asuntos fundamentales para nuestras vidas por medio de estatutos y políticas públicas. Se les facilita cuando su mayoría es tal que pueden aprobar lo que quieran y las minorías solo tendrán disponible el récord legislativo sobre sus posturas para el futuro. Cuando el PNP arrasó en las últimas elecciones copó las tres ramas de gobierno, pues desde Fortuño logró establecer mayoría en el Tribunal Supremo. Lo que no ha podido dominar es la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) porque fue el Partido Popular Democrático (PPD) el que nombró a la Jueza Presidenta. A ésta le corresponden los nombramientos en la OAT, así como la asignación de las salas a jueces y juezas, una vez son nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado. Pero los azules no se detienen en la búsqueda de su presa, que es controlarlo todo. Antes de iniciar la redacción de esta columna me topé en el periódico con que el último día de la sesión, sin vistas públicas y a fuerza de mollero, se aprobó legislación que reduce facultades de la Jueza Presidenta respecto a las asignaciones de jueces. El pleno del Tribunal podrá intervenir, según surja la necesidad para modificarlas. “La necesidad” será cuestión de apreciación mayoritaria, lo que abre más las puertas al partidismo. Además, el Tribunal con mayoría ideológica PNP, podrá tomar la iniciativa para certificar controversias que se inicien en Primera Instancia para que sean atendidas directamente en el más alto foro. Es predecible lo que ocurrirá cuando esas controversias sean político partidistas o de contenido religioso o fundamentalista. Como si fuera poco, también se aprobó un cambio en el término de incumbencia en la judicatura para aumentarlo de 12 a 16 años, sin posibilidades de renominación. EL partido dominante debe haber hecho el cálculo de cuántos tienen y cuántos pueden nombrar para redactar la propuesta de ley. No en vano el número de años sigue siendo par y coincide con los cuatrienios electorales. 

Son pocas las excepciones entre integrantes de la Legislatura a quienes podemos nombrar sin sentir vergüenza. En tiempos tan cruciales, qué confianza podemos tener en quienes se supone representen nuestros intereses; por qué la defensa de algunos como Ramón Rodríguez Ruiz es que otras y otros también actuaron mal y están allí; cómo es que una persona como Johnny Méndez que utiliza tiempo por el que le pagamos para ayunar y hacer proselitismo religioso para que mejore la situación económica de Puerto Rico y que encima preside la Cámara de Representantes, se siente con autoridad para darle escarmientos a menores del país; cuán impunemente degradan la democracia al legislar sin vistas públicas. No creo en el dicho de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. El pueblo boricua no merece la vergüenza que hay en la Legislatura. 

  (0) Comentarios




claritienda CUBA