Bookmark and Share Bajar en formato PDFComentariosVer foto galería

Amplia la discusión sobre enmiendas a Ley de Menores

Ver foto galeríaVisita la foto galería (1)
Perfil de Autor

Por Gabriela Ortiz Díaz

Publicado: martes, 12 de diciembre de 2017

El caso de la niña Alma Yarida Cruz, quien enfrenta la justicia con cinco cargos menos graves de alteración a la paz y agresión simple por un incidente ocurrido el 2 de diciembre del año pasado en la escuela elemental Modesto Rivera Rivera en Carolina, ha suscitado una amplia discusión pública sobre el contenido de los proyectos de ley para enmendar la Ley de Menores de Puerto Rico. 

Tras el incidente con la niña, que en aquel entonces tenía 11 años de edad, miembros del Senado y la Cámara han desarrollado tres proyectos de ley para atender, aunque con enfoques totalmente distintos, el tema de los procesos judiciales para menores. 

El pasado sábado 9, las tres medidas propuestas pasaron a manos del gobernador Ricardo Rosselló luego del cedazo de la Legislatura, movida que el senador independentista Juan Dalmau Ramírez catalogó como una manera poco sabia de hacer política pública. 

Los tres proyectos, el de la Cámara 1036 y 1035, y el del Senado 489, fueron aprobados por la rama legislativa la semana pasada, pero antes la minoría popular, el senador José Vargas Vidot y Dalmau Ramírez votaron en contra de las enmiendas echas a los proyectos de la Cámara, por lo que pasaron a consideración. 

El P.C. 1036, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez, deroga la Ley de Menores y adopta la “Ley de Justicia Juvenil de Puerto Rico” para proveer para el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la comunidad. 

También, pretende proteger el interés público tratando a los menores como personas necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento a la vez que se les exige responsabilidad por sus actos y garantiza a todo menor un trato justo, el debido procedimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales. Esta pieza no fija una edad mínima para procesar a menores en los tribunales, y permite que jóvenes de 14 años en adelante puedan ser juzgados como adultos. 

Asimismo, el P.C. 1035, también de Méndez, enmienda las “Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores” para que armonicen con la nueva “Ley de Justicia Juvenil de Puerto Rico” y el Código Penal de Puerto Rico, enmendado en 2012.

Por otro lado, el P.S. 489 propone la eliminación de que el menor comparezca esposado ante los tribunales, así como el confinamiento solitario; estipula el límite de edad de 13 años para ser procesado e imputado por una falta; y plantea la mediación como Método Alterno para la Solución de Conflictos en los Procesos de Menores. 

Este proyecto del Senado, de autoría compartida, también permite que los procesos judiciales de menores sean públicos, siempre y cuando los padres o tutores de ambas partes lo autoricen. Además, ordena que se agoten todos los remedios administrativos posibles para atender faltas cometidas por menores. Por ejemplo, en casos donde un menor de 12 años o menos cometa una falta, la pieza decreta que antes que un tribunal tome jurisdicción, el sistema de educación público o privado deberá agotar sus remedios, precisamente lo que no pasó en el caso de Alma Yarida Cruz.

El debate público radica en el grado de severidad en el trato a menores que establecen uno u otro bando de proyectos de ley. Diferentes sectores creen que las medidas de la Cámara intensifican el enfoque punitivo que hasta ahora ha dominado sobre los menores por parte del Estado, mientras otros sectores consideran que el proyecto del Senado es laxo. 

El tema más controvertible, sin embargo, es la fijación de la edad mínima para que un menor pueda ser llevado a corte. El consenso entre estos tres proyectos debe establecer la edad mínima para evitar casos como los de la niña carolinense, que por incidentes menos graves ocurridos en el entorno escolar está enfrentando procesos judiciales hace casi un año. 

La ex secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Zoe Laboy, expresó públicamente que no apoya las medidas de la Cámara ni la del Senado por parecerles extremistas. Según ella, unos son muy restrictivos y punitivos, y el otro es muy liberal. Igualmente, entiende que debe hacerse mayor distinción entre cómo se trabajan las faltas menos graves y las graves. 

 

“Retroceso al tiempo de las cavernas”

En su turno a favor del P.S. 489, el senador independentista Juan Dalmau Ramírez, expresó que las maneras de manejar los problemas de conducta de los jóvenes que proponen el P.C 1035 y el 1036 son un retroceso al tiempo de las cavernas. 

Según un informe citado por Dalmau durante su turno en el hemiciclo, las faltas cometidas por menores ascendieron a 21, 392. De ésas, 2, 500 (12%) fueron de tipo 3 (homicidios, agresiones, escalamientos) y 11, 244 (53%), fueron menos graves (peleas, agresiones verbales, alteración a la paz). 

“Bajo el P.C. 1035 este 53 por ciento estaría sujeto al régimen al que se ha sometido a Alma Yarida”, expresó el senador antes de sentenciar que siguiendo el caso de esa menor se evidencia el fracaso del sistema de justicia con nuestros jóvenes. 

“El sistema, en vez de buscar soluciones, de dar una mano humana, la ha tratado como una criminal…El resultado de ese proceso contra esa niña ha sido de mayor desequilibrio emocional, depresión en la familia, mayores problemas académicos”, continúo Dalmau tras recordar que Alma Yarida tiene dos cargos por amenaza y dos por alteración a la paz a raíz de una confrontación escolar en la que ella se defendió luego de mucho tiempo de burla y exclusión. 

Para Dalmau, los proyectos dirigidos a evaluar la Ley de Menores tienen dos rutas: el castigo y la criminalización juvenil, o la rehabilitación y el redirigir a tiempo a estos jóvenes que comparten el mismo trasfondo. Según citó el senador, un informe del Departamento de Corrección demuestra el perfil de un menor transgresor en 2016: proviene de un hogar roto y de un lugar socioeconómicamente marginado, es desertor escolar o está en vías de serlo, tiene problemas de aprendizaje, ha sido maltratado o ha presenciado actos de violencia en el hogar, ha tenido contacto con sustancias controladas o alcohol. 

“En vez de atender el problema ahí retratado, lo que proponen los proyectos de la Cámara es criminalizar a esos jóvenes”, continúo Dalmau. “El P.S. 489 – el cual él apoya – busca la ruta humana, que se identifiquen a temprana edad jóvenes que tengan problemas, y que en lugar de ser tratados como adultos, puedan ser redirigidos y reenfocados”, puntualizó. 

“Reconozco que la Ley de Menores hay que enmendarla, pero de manera humana y reconociendo las realidades socieconómicas de nuestro país”, finalizó. 

 

Se oponen al cedazo legislativo 

Por su parte, un grupo de profesores y profesoras de Derecho Penal, mediante una conferencia de prensa celebrada la semana pasada, se opuso a la aprobación en la Asamblea Legislativa de los Proyectos de la Cámara 1035 y 1036, y mostró preocupación por la eventual firma del gobernador para aprobar los mismos. 

Entre otras razones, el grupo de profesores (compuesto por Dora Nevares, Julio Fontanet, Iris Rosario y Oscar Miranda) está en contra de los mencionados proyectos camerales porque “tendrán como consecuencia que más niños y niñas pobres sean criminalizados por el Estado”, según dicen los profesores en un escrito publicado. 

“Conforme ilustra la ponencia presentada ante la Legislatura por la Sociedad para Asistencia Legal, la realidad es que los y las menores confinados en las instituciones juveniles del país son pobres, tienen serios problemas de salud mental y muchos son estudiantes de Educación Especial. En la medida en que, tras el paso del Huracán María por Puerto Rico, una mayor cantidad de la población se colocará por debajo de los niveles de la línea de pobreza, esta preocupación resulta ser cada vez más pertinente”, continúa esbozando el escrito. 

“Estos ciudadanos y ciudadanas tan vulnerables lo que necesitan es que el Estado, en lugar de darlos por perdidos, asuma la responsabilidad de atender sus necesidades”, concluyeron.

 

  (0) Comentarios




claritienda La Patria Va