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Ley de restauración de libertad religiosa La legalización del discrimen

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Por Lcdo. Osvaldo Burgos Pérez

Publicado: martes, 11 de julio de 2017

En años recientes las comunidades lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexo y queer (LGBTTIQ) han experimentado significativos adelantos en el reconocimiento de algunos de sus derechos. Ese camino hacia el reconocimiento de la Equidad de estas comunidades no ha estado libre de oposición, particularmente de un sector religioso fundamentalista de derecha que se opone a todo lo que pueda significar un adelanto de derechos para todo lo que no esté enmarcado en un sistema patriarcal, heteronormativo y machista. Así fue el caso de la férrea oposición de ese sector en el año 2013 a que se reconociera como categoría protegida contra el discrimen la orientación sexual y la identidad de género en distintos escenarios de nuestra vida cotidiana, e incluso a que se protegiera a las víctimas de violencia en relaciones de pareja del mismo sexo.

A pesar de su intenso cabildeo y costosísimas campañas mediáticas, este sector fundamentalista religioso ha sentido que ha perdido terreno cada vez que es más evidente su discurso homofóbico y misógino mientras que algunas sociedades se inclinan masivamente hacia un nivel de mayor inclusión y respeto a la diversidad. En respuesta, en Puerto Rico han optado por otras estrategias como las de amenazar a aspirantes a puestos electivos en cuanto al favor de sus feligreses e insertar dentro de puestos claves a personas que favorecen sus posturas, financiar campañas políticas, proponer medidas legislativas altamente discriminatorias y violatorias de derechos humanos, atacar la separación de iglesia y estado, y agenciarse contratos de asesoría en la legislatura.

Un pago a esos favores políticos lo constituye el Proyecto de la Cámara 1018 presentado el 8 de mayo de 2017 por los representantes Guillermo Miranda Rivera, Carlos J. Méndez Núñez y María Milagros Charbonier Laureano conocido como “Ley de Restauración de Libertad Religiosa de Puerto Rico”. Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes el pasado 25 de junio de 2017 con el voto a favor de toda la delegación del Partido Nuevo Progresista y los populares Carlos Bianchi Angleró y Lydia Méndez Silva. Ahora el proyecto se encuentra ante la consideración del Senado de Puerto Rico.

En estricta hermenéutica este proyecto de ley es innecesario pues la libertad de culto está reconocida y protegida constitucionalmente en Puerto Rico, no se ha perdido o transformado de forma alguna. De hecho, son precisamente quienes no respetan la separación de los asuntos de la iglesia y del estado los que día a día ponen en riesgo dicha libertad y abren la puerta a que el estado pretenda inmiscuirse en los asuntos eclesiásticos al difuminar lo que debe ser una línea separatoria rígida entre ambos organismos. Con proyectos como el P de la C 1018 nuestro gobierno pareciera acercarse más a una peligrosa teocracia que atenta contra derechos fundamentales de grupos muy definidos en nuestra sociedad como lo son las mujeres y las comunidades LGBTTIQ.

Este proyecto de ley abre las puertas para el discrimen so color de libertad religiosa. A la luz de esta propuesta medida legislativa cualquier persona empleada de gobierno pudiera negar servicios gubernamentales a otra invocando su sistema de creencias religiosas. A manera de ejemplo, una persona se puede negar a proveer pastillas anticonceptivas a una mujer en un hospital alegando que hacerlo atenta contra sus principios religiosos; otra pudiera negarse a transportar a una persona transexual en un medio de transporte colectivo invocando que su religión así lo mandata; un funcionario o una funcionaria pública se pudiera negar a brindar una licencia matrimonial a dos personas del mismo sexo o a inscribir a sus hijos e hijas invocando fundamentos religiosos para ello. Estos son sólo algunos ejemplos del gran potencial de discrimen legalizado por esta medida.

En las vistas públicas celebradas en la Cámara de Representantes, CABE llamó la atención de los riesgos que entraña esta medida cuando las personas pueden ser víctimas de discrimen, so color de creencias religiosas, en servicios gubernamentales y lo que nos contestó la representante Charbonier fue que en ese caso otra persona podría brindar el servicio. Eso sería así si existiera esa otra persona, pero no es raro llegar a una agencia de gobierno en este País donde sólo hay una persona para brindar el servicio. Imaginemos si esa única persona invoca el principio religioso para negar un servicio a una mujer o a una persona integrante de las comunidades LGBTTIQ; en ese caso, implicaría que esa mujer o esa persona se quedaría desprovista del servicio gubernamental, meramente porque existe una Ley que le permite discriminar aun en el escenario gubernamental.

Más aún, de acuerdo a como quedó aprobada la medida en la Cámara de Representantes, entidades privadas que reciben alguna subvención gubernamental pudieran incluso negar servicios de forma discriminatoria utilizando como excusa la libertad religiosa. La medida aprobada por la Cámara de Representantes protege incluso a entidades que discriminen de ser sancionadas con la eliminación o recorte de fondos. A tales fines la medida dispone que “se le prohíbe al Gobierno de Puerto Rico cancelar, aumentar, o disminuir donativos o créditos contributivos a personas naturales o jurídicas, o sin fines de lucro religiosas, utilizando como criterio la postura institucional de éstas en cuanto a sus principios religiosos”.

Con el texto antes transcrito nuestra legislatura abre las puertas a que se utilice dinero público para discriminar sin que dicho discrimen pueda ser castigado de forma alguna. Con esta disposición una entidad de albergue a mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja que recibe fondos gubernamentales a tales fines, se puede negar a albergar a una mujer lesbiana invocando su libertad religiosa. En ese caso, por un lado, la mujer quedaría expuesta a una situación de peligro e incluso de muerte y, por el otro, el Estado estaría impedido de retirarle la subvención a esa entidad. Al igual que este ejemplo, es inimaginable la cantidad de situaciones discriminatorias a la que esta medida legislativa le otorga protección de alegada legalidad.

Aparte de sus efectos discriminatorios, medidas como la que nos ocupa han demostrado tener efectos perjudiciales para la economía. Uno de los casos más emblemáticos de estos efectos lo constituye la situación que se suscitó en Indiana durante el año 2015 cuando el hoy vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, firmó una ley de libertad religiosa siendo gobernador de dicho estado. Tan pronto se firmó la medida, organizaciones de todo tipo –incluyendo deportivas de la magnitud de la NBA y la NCAA— amenazaron con sacar sus actividades del Estado y convenciones que se llevarían a cabo dentro de esa jurisdicción cancelaron las mismas. Ese riesgo está latente en Puerto Rico de aprobarse una medida como la que promueve el P de la C 1018.

Un argumento a favor de este tipo de legislación es que la misma existe a nivel federal. Ante ese planteamiento hay que responder que a nivel federal existieron y aún existen leyes aberrantes que no pueden enorgullecer a ningún ser humano como la esclavitud, la segregación racial y la pena de muerte, entre otras.

En lugar de promover y alentar el discrimen, el Estado está llamado a proteger a todas las personas dentro de la sociedad e incluso brindar mayor atención aquellas en situación de vulnerabilidad. Bajo ninguna circunstancia puede el Estado crear categorías de derechos que coloquen a sectores de la sociedad en riesgo de que su dignidad sea pisoteada. Que el discrimen y la exclusión no tenga espacio en nuestra sociedad, aun cuando venga disfrazado de mantos de santidad. Digamos no al P de la C 1018.

 

El autor es abogado y portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE)

 

 

 

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