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Diseños

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Por Francisco A. Catalá Oliveras

Publicado: martes, 20 de noviembre de 2018

Puerto Rico enfrenta grandes retos. Ante éstos, la disminuida capacidad de su sistema político solo sirve para acentuar la incertidumbre y alimentar la perversa cultura de la inviabilidad. La gestión pública se circunscribe, básicamente, a políticas de austeridad y dependencia.

No parece haber plena conciencia de que la inviabilidad de un orden social no obedece a una condena natural ni a la vigencia de una inexorable ley universal, sino al diseño realizado por seres humanos. Una vez se realiza el diseño se gesta la resistencia a la crítica, a la posibilidad de algún grueso error en su arquitectura o de alguna política profundamente desacertada. A esta resistencia los economistas institucionalistas le llaman “encapsulamiento ceremonial”.

Antes del huracán María la economía de Puerto Rico llevaba más de una década en franca contracción. Esta prolongada depresión fue precedida por un período de crecimiento modesto que ni el poder promocional de la famosa Sección 936 ni el descomunal aumento de las transferencias federales –sobre todo del año 1970 a 1980– lograron convertir en verdadero desarrollo. A esta etapa le antecedió la “época de oro” de Operación Manos a la Obra –décadas de 1950 y 1960– en la que las altas tasas de crecimiento económico no se tradujeron en incrementos análogos en el empleo. De hecho, Operación Manos a la Obra sacó del país muchas más manos de las que puso a trabajar. 

La industrialización se diseñó a base del establecimiento de un enclave de inversión directa externa atraída por privilegios fiscales. El resultado de los enclaves suele ser el mismo en todas partes: carencia de eslabonamientos con el resto de la economía, insuficiencia en la generación de empleos, remisión de los beneficios hacia el exterior, poca diversificación y porosidad de la base tributaria. 

Puesto que tal diseño generó una economía estructuralmente atrofiada, incapaz de satisfacer las necesidades del país, se recurrió a varias vías de compensación o “válvulas de escape”. Aparte de la economía informal, sobresalieron tres: emigración, dependencia y endeudamiento. No obstante, ante la profundización de la crisis, lo que ayer se invocaban como “válvulas de escape” para evitar que la olla explotara hoy se reconocen como problemas, destacándose inicialmente el de la deuda pública. Se buscan entonces nuevos diseños, como la Junta de Supervisión (Control) Fiscal creada en virtud de la ley del Congreso de Estados Unidos cínicamente conocida por sus siglas, PROMESA (“Puerto Rico Oversight and Economic Stability Act”).  

Los objetivos medulares que la ley consigna pueden resumirse en dos: lograr estabilización fiscal y reanudar el acceso a los mercados de capital. Esto es imposible si no se cuenta con una base tributaria amplia y sana. Pero esto, a su vez, requiere un proceso de desarrollo que propicie el fortalecimiento de todo el andamiaje productivo. Resulta evidente que sin el cumplimiento de esta condición no hay estructura fiscal ni deuda que pueda sostenerse. Aquí, como en los diseños anteriores, radica la debilidad del Plan Fiscal que recientemente certificara la Junta: ni provee para la ampliación de la base fiscal ni, mucho menos, para un proceso de desarrollo sustentable.

Las proyecciones de crecimiento económico del Plan parten de la premisa de que llegará un gran influjo de fondos –alrededor de $82,000 millones– para compensar el desastre provocado por María. Pero tal parece que la Junta anticipa que la “ayuda”, como es usual, entrará por un lado y saldrá por el otro. Por tanto, el crecimiento proyectado es pasajero. Además, se presume que la debilitante emigración continuará.

El período cobijado por el Plan comienza con altas tasas de crecimiento económico, 7.9 y 5.5 por ciento para los años fiscales 2019 y 2020 respectivamente; luego, en los siguientes dos años, se torna modesto, 2.9 y 2.5 por ciento; acaba colapsando en el año 2023. Al colapso del crecimiento económico le sigue el colapso del llamado sobrante presupuestario en el año 2033. El desarrollo sostenido y sustentable brilla por su ausencia.

La Junta, como tantos otros actores de acá y de allá, se inspira en la doctrina neoliberal, con su juego de ideas y de intereses. Su preferencia del espacio privado sobre el público, del lucro sobre el servicio y del individualismo sobre la solidaridad es clara. De aquí se desprende su obsesión con el desmantelamiento de la dimensión pública, su afán con la eliminación total de los sistemas de pensiones de beneficio definido y su alergia a todo lo que se asemeje a una reivindicación laboral. Bajo este esquema ideológico –aderezado con planteamientos académicos provistos por asesores mercenarios– los integrantes de la Junta distinguen los diseños que consideran viables de los que, de arranque, condenan por inviables. Hacen recordar una punzante crítica que le hiciera John M. Keynes a personajes con ideas similares en medio de la Gran Depresión: “Los maniáticos de la autoridad, que oyen voces en el aire, destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico”.

En resumidas cuentas, el pueblo de Puerto Rico se enfrenta a dos rutas con distintos diseños institucionales. La primera es la que existe, por la que ha estado transitando. Sus coordenadas son una relación colonial alimentada por la obsesión política con la “unión permanente” que en ninguna de sus dos versiones –estado libre asociado y estadidad– es vía de desarrollo sino de emasculación, ahora bajo la égida de la Junta; y un enclave económico agotado que siempre se tuvo que acompañar de emigración, dependencia y endeudamiento, ahora parte de la crisis. 

La segunda ruta presume un nuevo diseño que hace rato la necesidad dicta. Es la que muchos invocan –muchas veces sin plena conciencia de ello– cuando postulan el imperativo de aumentar los vínculos internacionales, de diversificar la economía, de multiplicar las fuentes de inversión tanto para acceder a distintos mercados como a nuevas tecnologías, de definir una política de inversión directa externa que no desplace sino que complemente y movilice recursos internos, de promover el empresariado local, de abrir oportunidades en el mercado laboral, de auditar la deuda y reestructurarla legítimamente, de articular un sistema integrado de pensiones y seguridad social, de enriquecer el quehacer cultural, de lograr una sociedad sana, justa y equitativa… Es la ruta de la construcción de un estado nacional en un mundo extraordinariamente dinámico en el que la interdependencia, o lo que se ha denominado “espacio multidimensional”, se plantea como vía al desarrollo.

Se trata de la ruta de la viabilidad. Pero algo debe estar claro. Si no se tomara, si Puerto Rico derrotara su futuro, no sería por falta de posibilidades sino –más allá de la irresponsabilidad e indiferencia del gobierno de Estados Unidos– por incomparecencia del pueblo puertorriqueño y sus dirigentes, por sucumbir a los cantos de sirena de diseños conducentes al naufragio.

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claritienda Daniel Santos