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El proceso presupuestario en tiempos de caos

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Por Alfredo González Martínez

Publicado: martes, 11 de julio de 2017

Por Alfredo González Martínez

Especial para CLARIDAD

 

E

l presupuesto del Gobierno de Puerto Rico es el documento que informa los resultados del proceso anual de asignar, a las diferentes funciones públicas de acuerdo a unas prioridades establecidas, los recursos fiscales que se anticipa serán recibidos por el Gobierno de Puerto Rico de diversas fuentes. El proceso presupuestario se nutre de la información histórica y los datos proyectados basados en modelos estadísticos con información incompleta y con sus inherentes errores de estimación. Su confección a distintos niveles de la rama ejecutiva y en sus etapas legislativa presume procesos probos que redunde en decisiones veraces, éticas, lo más certeras posible y eficaces. Los originadores de los datos y la información, los analistas y quienes a nivel gubernamental toman decisiones y el público sobre quienes éstas inciden todos esperan la mayor confiabilidad en la base informativa del trámite y en la propiedad de su manejo lógico. 

 La utilidad, eficacia y equidad al bien común del proceso presupuestario dependen en gran medida que el mismo sea veraz, diáfano y con propósitos edificantes de buen gobierno democrático. De suyo la información es impura y está sujeta a errores de varios tipos. El proceso decisional además es entreverado por la dificultad o imposibilidad innata de optimizar una función de bienestar social. 

Es perversión gubernamental el añadir maquiavélicamente mayor confusión a un proceso presupuestario de por sí repleto de información fallida, de incertidumbre natural y de dificultades metodológicas con el expreso propósito de organizar una estrategia electoral. La misma tiene como finalidad última el reducir al mínimo posible las probabilidades de una derrota del partido en el poder en las próximas elecciones ante el presagiado panorama de deterioro económico de Puerto Rico que se extendería más allá del 2020.

La estrategia consiste en crear un caos deliberado en la toma de decisiones presupuestarias en el Ejecutivo y la Legislatura del año fiscal 2018 usando como biombo las ejecutorias de la Junta de Control Fiscal. La consigna rectora de esta faena es “a río revuelto, ganancias de pescadores”. Cada rama responsabiliza a la otra de aquellas medidas impopulares y se erige demagógicamente como la defensora del bien común. Para ello se ocultan la sustancia de las deliberaciones. Se exponen versiones acomodaticias de los sucesos y se fingen luchas intestinas entre las facciones del triunvirato fiscal.

Vemos como se ofusca la opinión pública con reclamos insistentes de “transparencia en la gestión gubernamental” cuando en realidad se silencia o tergiversa la información y manipulan las justificaciones. Validando aquel dicho: “Dime de lo qué presumes y te diré de lo qué careces”.

El paradigma de comunicación utilizado por el Gobernador, la Legislatura y sus portavoces se fundamenta en lo que George Orwell, en sus obras Animal Farm y 1984, denominó el modo de raciocinio del doblepensar y de la retórica del neohabla al describir la forma del control dictatorial de las sociedades. Bastan unos ejemplos extraídos de las expresiones oficiales del Gobierno de Puerto Rico para ilustrar la modalidad del neohabla en el contexto boricua.

 

La sofistería semántica se enmarca en una lógica y retórica dirigida a falsificar la realidad y persuadir al público de la bondad y justicia de la política que se implanta. Se reformulan principios económicos como por ejemplo “la paradoja de la austeridad” al enunciar falsamente que en un estado de depresión, el ahorro y la frugalidad colectiva son virtudes sociales. 

Dentro de esa estrategia sofista con propósitos electorales, se cita fuera de contexto o se cita fragmentariamente para apoyar conclusiones falsas. Como por ejemplo el alegato del Gobernador Rosselló que la JCF solamente formula recomendaciones presupuestarias y que es él quien tiene la autoridad final para decretar medidas presupuestarias. Sustenta su contención en la sección 205 del P.R.O.M.E.S.A. Al examinar el texto, los poderes que se le concede al Ejecutivo en esa sección se refieran a la etapa en que se elabora el plan fiscal no al protocolo de aprobación del presupuesto que se prescribe en la sección 202.

De la incertidumbre naturalmente inherente al los procesos presupuestarios en Puerto Rico, el poder gubernamental ha forzado a nuestra sociedad hacia un conveniente caos deliberado en la formulación del presupuesto. Un proceso que aspira a contar con información y análisis veraz, pulcro y lo más preciso posible, hoy se encuentra inmerso en un perverso ambiente de información y metodología de dudosa propiedad y finalidad cuestionable.

Hace días murió, declarado en quiebra, el Banco Gubernamental para Puerto Rico, una de las instituciones oficiales impulsadoras de nuestro crecimiento económico, a causa de los abusos financieros de pasados gobiernos. Ahora muere la institución de presupuesto gubernamental al cumplir setenta y cinco años de vida, carente de la debida oxigenación de información y procesos deliberativos legítimos, diáfanos y nobles. Ambiente nocivo contaminado por gobiernos inescrupulosos con el beneplácito electoral.

            

El autor es economista. 

 

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