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Mirada Laboral Rechacemos PROMESA, la Junta y la política de austeridad

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Por Luis Pedraza Leduc

Publicado: martes, 11 de julio de 2017

Apocos días de entrar en vigor el primer presupuesto del gobierno bajo los parámetros dictados por la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal tenemos que repasar los fundamentos y las verdaderas intenciones de este proceso.

En primer lugar, todo el proceso de confeccionar y aprobar el presupuesto es una farsa. Ello es así porque la ley PROMESA y sus representantes, la Junta de Control Fiscal, JCF, tienen como propósito cobrar la deuda pública. Todas sus acciones están dirigidas a ello. Por eso imponen parámetros fiscales que van desde la reducción de un 30% de la nómina, bajar las pensiones en un 10%, reducir los gastos de la salud en un $1000 millones, reducir el presupuesto de la UPR en $500 millones y aumentar los recaudos en $1500 millones. 

El gobernador, los miembros de la legislatura, los alcaldes y líderes de la pasada administración aceptan sin reparos las imposiciones de la JCF y avalan la Ley PROMESA, aun cuando saben que el escenario es grave para el país. Despidos de 5,000 empleados el 30 de junio de 2017, recortes en servicios de salud, cierre de 160 escuelas, reducción en salarios, eliminación de derechos adquiridos y de beneficios marginales a empleados públicos (excepto las escoltas a exgobernadores), mayores impuestos, empleos precarios en la empresa privada, en fin, la incertidumbre total sobre el futuro para la clase trabajadora.

La realidad es que no importa el presupuesto aprobado, nuestro futuro como ciudadanos y como trabajadores depende de ingresos que provienen en su mayoría de las contribuciones que pagamos, de un proceso de quiebra bajo los parámetros del Capítulo III de Ley PROMESA para el cobro de la deuda y de las decisiones que tome la JCF y el Congreso de los Estados Unidos.

Nuestros gobernantes no hacen propuestas serias de desarrollo económico. Mientras mantienen sus privilegios con altos salarios para ellos y sus ayudantes de confianza, exponen un doble discurso. Primero, venden a Puerto Rico como un paraíso perfecto para multiplicar en ganancias la inversión de capitales extranjeros, permitiendo negocios ventajosos para éstos, y en contraste, nos piden sacrificios alegando que nuestra clase trabajadora no produce lo suficiente. No obstante, los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico producen anualmente 35 mil millones de ganancias para empresas extranjeras. Y somos el principal mercado de consumo para Estados Unidos y sus empresas.

En este escenario, la Coordinadora Sindical, representantes sindicales de talleres tanto en la empresa privada como en corporaciones públicas, agencias de gobierno, municipios y trabajadores jubilados, denunciamos que la imposición de la Ley PROMESA y la JCF es un problema político a resolver por nuestro Pueblo de manera prioritaria.

No podemos, como clase trabajadora, permanecer callados y con los brazos cruzados mientras nos eliminan los talleres de trabajo, las conquistas y derechos sindicales de más de un siglo de lucha. Nuestras condiciones de trabajo, nuestra seguridad social, al igual que nuestros derechos humanos a la salud, educación, vivienda y trabajo, entre otros, no pueden ser ficha de cambio para pagar la deuda impuesta por el capital y la relación colonial.

Reafirmamos la urgente necesidad de reclamar el salario y las pensiones de manera íntegra y total. En denunciar que el gobierno central y la JCF implantó la reducción de salario mediante leyes que eliminan o reducen beneficios económicos, como son la Ley 3 (Crisis Económica y Fiscal), la Ley 4 (Transformación y Flexibilidad Laboral), la Ley 8 (Empleador Único) y la Ley 26 (Cumplimiento con el Plan Fiscal). A éstas se suman el conjunto de ordenanzas municipales eliminando salarios y beneficios a empleados mientras imponen contribuciones a ciudadanos para preservar privilegios y salarios a alcaldes y empleados de confianza.

La Coordinadora Sindical se reafirma en Decir No a la Ley PROMESA. Decir No a la Junta de Control Fiscal. Decir No a las medidas de austeridad.

Hemos sido consecuentes, desde nuestra creación en el 2001, en denunciar las prácticas neoliberales en contra de la clase trabajadora y el Pueblo.

Denunciamos las limitaciones y propósitos antiobreros de la Ley 45 de 1998 y de los procesos amañados de negociación colectiva. Nos opusimos al IVU y los acuerdos del gobierno compartido. Luchamos contra la Ley 7, las Alianzas Públicas Privadas y las desregulaciones en los permisos y procesos de hacer negocios en Puerto Rico. 

Denunciamos el problema de la deuda, advertimos sobre las recomendaciones del informe Krueger y las consecuencias de no desarrollar una alianza o frente para detener los avances del capital.

Hoy, el asunto de la deuda nos da en la cara como problema político al intentar amarrarnos las manos para que no podamos defendernos. Tenemos que oponernos a tal pretensión. Tenemos que unir todos los esfuerzos para ir contra la JCF, la Ley PROMESA y quienes la avalan.

La Coordinadora Sindical se une a los sindicatos que coinciden con nuestros análisis, así como a comunidades y otros sectores que se movilizan contra la Ley PROMESA y sus efectos. En lo inmediato llamamos a movilizarnos a las diferentes actividades para denunciar los efectos negativos del presupuesto impuesto.

Haremos todos los esfuerzos a nuestro alcance para divulgar este problema y propiciar que su entendimiento se transforme en sabiduría para entender qué hacer.

La movilización y divulgación del problema nos debe llevar al nivel eficiente de organización para actuar. 

 

 

 

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