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Cuando el atropello sustituye la justicia

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Por Josefina Pantoja Oquendo

Publicado: miércoles, 26 de julio de 2017

El sistema de justicia es un entramado complicado de quienes legislan y establecen los procedimientos legales, de las personas que hacen las adjudicaciones desde foros administrativos y judiciales, así como de las que inician las acciones en el ámbito civil y penal. En el caso de menores de dieciocho años que incurren en conducta que según el Código Penal se tipifica como delictiva, pero las palabras se sustituyen para restarle gravedad, hay un Tribunal especial que interviene. En lugar de fiscales hay procuradoras y procuradores; no hay cárceles, sino instituciones juveniles. Además, profesionales del Trabajo Social forman parte activa en la investigación y recomendaciones que se toman en cuenta. No hay un límite de edad para que menores enfrenten querellas por lo se consideran faltas o el equivalente a delitos cometidos.

Llama la atención el alto número de estudiantes que llegan al Tribunal como resultado de una situación surgida en la escuela que la administración del plantel no manejó adecuadamente, ya fuera por desconocimiento, negligencia o intencionalmente, para deshacerse de estudiantes con problemas de disciplina. El tema ha cobrado interés en semanas recientes por la divulgación del caso de Alma Yadira Cruz Cruz, una menor de once años que está siendo procesada en Carolina por varias faltas o delitos que en el Código Penal están en la categoría de agresión y amenaza. La estudiante con diversidad funcional, registrada en el Programa de Educación Especial con diagnósticos de déficit de atención y problemas de habla y lenguaje reaccionó defensivamente luego de dos años de acoso o “bullying” por compañeras de escuela que, de acuerdo a los artículos publicados por periodistas tan serios como Benjamín Torres Gotay, se burlaron de ella con epítetos racistas y de otra índole. Las quejas de la madre de la jovencita fueron ignoradas por el director, personal docente y administrativo de la Escuela Modesto Rivera Rivera, pero actuaron rápidamente ante las quejas de las otras niñas y sus familiares. Alma Yadira fue expulsada, pero además fue referida al sistema judicial, dando paso a una larga odisea que no ha terminado y que ha causado angustia y tristeza, tanto a la niña como a su madre, quienes por fortuna cuentan con un abogado sensible ante su causa que la ha estado representando.

En mi largo caminar por el sendero del litigio de casos de estudiantes con diversidad funcional he tenido clientes hasta de siete años con diagnósticos como los de Alma, pero también más complejos, como hiperactividad, conducta oposicional desafiante, psicósis, bipolaridad. Son condiciones que afectan su desempeño académico; que generan comportamientos impulsivos que no pueden controlar y que limitan las respuestas socialmente aceptadas que pueden dar ante desafíos y discrimen por sus pares, la indiferencia y carencia de empatía por las personas que en el escenario escolar deben darles la atención que requieren. He encontrado muchos casos en los que no están recibiendo las terapias psicológicas que necesitan para modificar conducta, los acomodos razonables a los que tienen derecho, el apoyo de asistentes de servicio para el aspecto académico y social, los medicamentos que les prescribieron para atender su condición, por dificultades con el plan de salud gubernamental del cual la mayoría son participantes. Es decir, el personal que con egoísta presteza inicia la querella en el Tribunal de Menores o instiga a la familia de estudiantes afectados por la conducta “delictiva” ha arrastrado los pies para atender quejas como las de acoso en el caso de Alma o para cumplir con el deber ministerial de proveerles los servicios educativos y relacionados que les corresponden.

La “Ley para el Mejoramiento de la Educación de las Personas con Inhabilidades”, (IDEIA, por sus siglas en inglés) requiere que cuando estudiantes con necesidades especiales incurren en conducta que constituyen faltas disciplinarias, de inmediato las familias deben ser convocadas para que, junto al personal escolar con competencia, determinen si lo ocurrido es una manifestación del diagnóstico o condición. Si la conclusión es afirmativa, están obligadas a revisar o a crear el Plan de Modificación de Conducta de la niña, niño o joven y no pueden dejar de recibir los servicios de acuerdo a su Programa Educativo Individualizado (PEI). La legislación no impide que el caso sea referido al foro judicial, pero si lo es, la administración debe enviar al Tribunal el expediente de Educación Especial para que este aspecto sea tomado en consideración.

La Sociedad para Asistencia Legal, Servicios Legales de Puerto Rico, el Programa Pro Bono y la Oficina Legal de la Comunidad tienen excelentes juristas que están atendiendo casos como el de Alma. Hay juezas y jueces sensibles a los planteamientos relacionados con el absurdo de que menores de tan corta edad sean sometidos a procedimientos que los marcarán por el resto de sus vidas, cuando con herramientas pedagógicas y de manejo de conducta pueden ser atendidos en las escuelas. Peor aún, si como en un caso que atendí recientemente, el menor es recluido en una institución juvenil mientras la querella se ventilaba y la primera noche recibió una golpiza de sus pares para demostrarle quién mandaba allí. Situaciones como ésta no son ajenas al hecho de que un por ciento considerable de la población adulta confinada fue parte del Programa de Educación Especial. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, sigue obstinado en su proyecto para reformar de la Ley de Menores que excluye la recomendación de personas expertas de establecer una edad mínima para que la conducta sea manejada judicialmente.

No importa la raza, color de piel, se trate de estudiantes con diversidad funcional o de la corriente regular, constituye un atropello que más que hacer justicia atenta contra ella, que menores tengan que enfrentar a tan corta edad procedimientos que los criminalizan. El Departamento de Educación, el de Justicia, la Administración de los Tribunales, la Legislatura pueden contribuir a un cambio de política pública con una visión más humanista para atender el problema. Mientras tanto debemos estar pendientes de los resultados del caso de Alma Yadira, quien me conmovió con sus lágrimas de emoción, abrazada a la muñeca negra, como ella, que le fue regalada por una de las manifestantes el día de su vista. En lugar de disfrutar las vacaciones de verano, la niña está viviendo días de amargura e incertidumbre sobre su futuro. Al menos su dolorosa historia ha visibilizado ante el Pueblo un problema que es más grave de lo pensado.

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