CLARIDAD
“La Secretaria de Educación tiene la confianza del Gobernador”, reza un comunicado de prensa enviado de la oficina de Pedro Pierluisi. El día anterior al comunicado el diario El Nuevo Día había publicado un reportaje sobre la red de guisos que, en solo unos meses, la secretaria Elba Aponte ha montado en el Departamento de Educación. Después de conocerse lo que el diario llamó una “red de influencias”, no debe sorprendernos que el gobernador se apresurara a confirmar su apoyo en la denunciada. Aunque ésta termine renunciando en los próximos días, antes o después de que el Senado rechace su nombramiento, Pierluisi quería dejar claro que en su administración la vida sigue igual. Todos los que ya están guisando, o los que empezarán a guisar a partir del próximo 1ro de julio con el nuevo presupuesto, pueden estar tranquilos.
La declaración desde Fortaleza añade, a modo de justificación, que la información sobre la “red de influencias” es producto de “fuentes”, queriendo decir que no está confirmada. Pero ¿acaso no corresponde a ellos efectuar la investigación antes de reiterarle el apoyo irrestricto a la funcionaria señalada? A diferencia de un medio de prensa, con una llamada el gobernador puede confirmar si lo divulgado es correcto.
Lo que descubrió la investigación periodística es tan común como andar a pie. Los hijos de la casa, que además de un “servicio” ofrecen convertirse en soldados a las órdenes de la Secretaria, obtienen contratos como “asesores” o “consultores”. Ellos y nosotros sabemos que la “asesoría” a ofrecerse es de “boberías”, para copiar la palabra que dijo uno de esos “asesores” hace más de 20 años, en los tiempos del primer Rosselló.
Los primeros que llegaron a Educación son los soldados de fortuna, mercenarios, que quedaron sin pega tras las últimas elecciones, como el que era superintendente del Capitolio, José Gerón Muñiz, mejor conocido como “Geroncito”. A este no se le conoce profesión ni destreza, pero, soldado al fin, siempre está listo para actuar en cualquier teatro de operaciones, ya sea donde se hacen leyes o se educan niños. Tras la salida de Rivera Schatz de la presidencia del Senado, Gerón movió su tropa desde Puerta de Tierra hasta Hato Rey.
A la educación de nuestros menores también migró el exalcalde de Arecibo, Carlos Molina, tras quedar derrotado el pasado noviembre. Como es una persona tan culta – ¿recuerdan cuando escribió “Gayuya” en lugar de Jayuya? – creó de inmediato una firma de “consultoría” y fue volando a Educación a ofrecer sus servicios.
El Departamento de Educación siempre ha sido la joya de la corona, no por su importancia para el País, sino por el presupuesto que maneja. Por mandato constitucional una porción significativa del presupuesto tiene que dirigirse a la educación pública, que también se beneficia de asignaciones federales. La persona que dirije ese Departamento maneja un presupuesto de casi cuatro mil millones de dólares, que da para muchos guisos.
En otras dependencias del gobierno debe estar ocurriendo lo mismo, aunque en menor escala porque allí el pote es más reducido. Para conocer esos otros guisos habrá que esperar por futuras investigaciones periodísticas porque las agencias encargadas de investigar la corrupción están muy ocupadas tapándola. Ética, Justicia y el FEI son los llamados, pero ya el jefe mayor, Pierluisi, les advirtió que los guisos no se investigan.
Una de esas agencias que, en el papel, debe combatir la corrupción pública, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, produjo otra noticia indicativa de que la vida sigue igualtras los primeros cien días de Pierluisi. Resulta que hasta allí llegó un referido contra funcionarios públicos que, como ha sido la norma, utilizan sus cargos para gestionar aportaciones políticas de personas y empresas que se supone supervisen. En particular, la investigación se centraba en la Junta Reglamentadora de las Comunicaciones donde su directora, Sandra Torres, presionaba a empresarios de esa rama para que aportaran a la campaña del exgobernador Ricardo Rosselló.
Sandra Torres era sólo parte de una red, a cuya cabeza estaban un grupo de la mayor confianza política, que se dividía las oficinas del gobierno para sus operaciones. Comunicaciones estaba bajo Kathy Erazo, un cuadro político que ha estado toda su vida enchufada como “contratista”, por lo que Torres recibía órdenes de ella. Hace unos días supimos que, para presentar cargos contra Torres, los del FEI le dieron inmunidad a Erazo, quien sólo comparecerá como testigo de cargo. Como vemos, para procesar al ejecutor de un crimen se le da protección a quien lo manda a cometer. El soldado que disparó podrá ir a la cárcel gracias al testimonio de quien ordenó disparar.
Lo anterior pudiera parecer una anomalía, pero no lo es cuando se trata del gobierno isleño. Erazo tiene una “familia” que la protege. El padre de sus hijos es Charlie Rodríguez, expresidente del Senado y, a su vez, eterno enchufado de la teta pública. Como sucede con algunas “familias” italianas, todos los Rodríguez – Erazo se protegen. A ellos se une, por filiación, uno de los más sonados vividores de los últimos tiempos, Elías Sánchez, ex jefe de campaña de Rosselló II, su apreciado yerno.
Mientras el FEI procesa a la sardina con la ayuda del tiburón, los guisos en Educación y en las otras dependencias púbicas siguen su curso. El gobierno de Pedro Pierluisi lleva 100 días y ya sabemos como será el resto. La vida sigue igual.
