La Junta y el gobierno dan palos sino a ciegas, al menos en la niebla, pero las consecuencias para el país no son a grosso modo sino harto específicas. Cualquier acuerdo con los acreedores, cualquier venta del patrimonio estatal se hará a partir de la imposición tiránica de los números.
Por Eduardo Lalo/Especial para CLARIDAD
Una década de depresión económica tuvo un punto dramático de inflexión cuando el país sufrió en 2017 en el curso de 15 días el embate de dos huracanes. El primero, Irma, mostró la fragilidad extrema de la infraestructura y la falta de eficiencia del aparato gubernamental para enfrentar una emergencia. María, el segundo, provocaría una crisis humanitaria e institucional que dejó a la población sin electricidad ni otros servicios básicos durante muchos meses. En esa temporada infame acontecieron miles de muertes que se hicieron más dolorosas al saberse que en la gestión de la crisis, el gobierno especulaba con contrataciones y la expectativa de la llegada de fondos de recuperación.
Un país que había convertido la última década en su mayor decenio de emigración vio en cuestión de días y durante semanas y meses, convertirse a sus aeropuertos en campamentos de refugiados. A los viejos y enfermos, se les unieron grupos familiares enteros, estudiantes universitarios, niños, gente que no había contemplado hasta ese momento la perspectiva de partir.
Desde hace tiempo, los ciudadanos de este país tenemos la impresión de habitar un universo de espejos deformantes. En los tiempos de la depresión económica sin término, de deuda impagable, de la Junta y los huracanes, el espacio público se ha convertido en una ciénaga de números, de porcientos, tasas y cantidades brutas y netas demasiado diversas, cuestionables y abiertas a interpretación como para poder hacerse una idea justa de lo que está ocurriendo. Por todas partes hay intereses creados y los estudios “científicos” se han convertido en armas de asalto, cuando no, como en el caso de las cuotas e intereses de la deuda, en armas de destrucción masiva.
En días recientes he vuelto a leer un artículo de Caribbean Business del 20 de agosto de 2018 escrito por la periodista Eva Llorens Vélez. En él se da cuenta de un estudio demográfico dirigido por Lyman Stone para uso de la Junta de Control Colonial. Se desprende del mismo que la población de Puerto Rico en 2018 era de 3.1 millones y que ésta declinará por los próximos 30 años. El estudio estima que se achicará a menos de 3 millones para 2024 y a 2.5 millones para 2036 y a tan solo a dos millones en 2050.
Estas predicciones son en extremo dramáticas y apuntan a una catástrofe. Sin embargo, llama la atención la seguridad de éstas, si se tiene en cuenta que se refieren a algo tan volátil e impreciso como los flujos migratorios. Afirmar con tal contundencia que el país seguirá despoblándose durante al menos tres décadas consecutivas, convierte a la demografía en oráculo. El estimado de apenas dos millones de habitantes en 2050 no considera en absoluto, por la frugalidad del dato, la enormidad de acontecimientos que tendrían que darse para que esto fuera así.
A partir de estos números la Junta hizo el plan fiscal vigente. Sin embargo, sin precisar sus razones, la Junta proyectó caídas poblacionales incluso mayores a las anteriormente citadas. Según ésta la población de Puerto Rico descendería a menos de 3 millones en 2020 y a 2.99 millones en 2022. En otras palabras, el camino a la catástrofe se aceleraría.
Para obtener estos resultados, el autor del estudio reconoció que usó los imprecisos datos de la Oficina del Censo estadounidense y de las líneas aéreas. Como es sabido, dada su condición colonial, Puerto Rico no controla sus fronteras y por tanto no puede cuantificar con exactitud las entradas y salidas de viajeros. Todo lo que se diga sobre nuestra emigración –y en este estudio se concluye muchísimo al respecto– se hace, por así decirlo, a grosso modo. No hay números claros, sino amplios estimados o aparentes tendencias. El propio Lyman Stone reconoció que no pudo precisar el número de puertorriqueños, que se estima en decenas de miles, que regresaron al país luego de una ausencia de meses. El aparato investigativo de su estudio no podía cuantificar a aquellos que “por ejemplo partieron en noviembre y regresaron en febrero”.
Tanto la Junta como el gobierno fundamentan sus decisiones y planes de trabajo a partir de este cuerpo de estadísticas. Cabe concluir, luego de lo expuesto, que su posibilidad de exactitud es baja y que su precisión en las predicciones a un plazo de 30 años resulta más que improbable. La Junta y el gobierno dan palos sino a ciegas, al menos en la niebla, pero las consecuencias para el país no son a grosso modo sino harto específicas. Cualquier acuerdo con los acreedores, cualquier venta del patrimonio estatal se hará a partir de la imposición tiránica de los números.
En el artículo de Caribbean Business se recoge un dato más. El autor del estudio demográfico “no puede precisar cómo se vería afectada la población por una reducción del 13.3% del Producto Nacional Bruto estimado para este año en el plan fiscal del territorio ni tampoco cómo le afectará las tasas de muertes, nacimientos o la emigración neta”. La afirmación resulta grotesca porque “concluye” que no puede concluir nada o, que acaso no quiere hacerlo. Sin embargo, irónicamente, es en este punto que se encontrarían los verdaderos hallazgos de este estudio. ¿Qué nos ocurriría si se imponen todo tipo de reducciones que en un año se estiman en 13.3% del PNB? Dicho de otro modo, ¿cuáles serían las consecuencias de la labor de la Junta de Control Colonial en los puertorriqueños? ¿Cuántas muertes, cuán pocos nacimientos, cuántos exilios provocará el plan de reducción de las posibilidades de libertad y vida que se nos imponen?
Colada casi subrepticiamente entre los fríos y groseros números, se puede descubrir el cálculo primordial de la Junta. Se preguntan ¿cuánto se puede apretar sin que desaparezcamos o nos rebelemos? Este es el único asunto en que quisieran no equivocarse. En el fondo los números no son tan importantes por ser a grosso modo.
