Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
gvazquezlopez@claridadpuertorico.com
Las circunstancias no han cambiado mucho en los últimos años. Ante las disposiciones neoliberales impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF), el Gobierno y los bonistas –cada vez más violentas, dicho sea de paso– los movimientos obreros, grupos comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, maestras y maestros, padres y madres, jubilados del sistema público y muchos más, han salido a la calle una vez más a reclamar sus derechos y a manifestar su indignación.
El pueblo sigue resistiendo la austeridad, la privatización de servicios esenciales, la eliminación de derechos y beneficios laborales, entre otras medidas implantadas con el fin de pagar una deuda ilegal, pues la propia JCF reconoce que $6,000 millones de la deuda contraída desde el 2012 al presente es ilegal.
Por las razones antes expuestas y otras, distintos sectores del país llegarán hasta la Milla de Oro y a La Fortaleza exigiendo una auditoría de la deuda; detener las amenazas de recortar, reducir o eliminar pensiones a jubilados y empleados activos; contra la reducción dramática en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el alza en las matrículas y a exigir que se revierta la mal llamada reforma laboral que ha impactado negativamente a todos los trabajadores, empleados públicos y privados.
También, a detener la legislación que intenta eliminar la colegiación de profesionales, los despidos de los empleados municipales, los aumentos en las tarifas de energía, agua y peajes y el desmantelamiento de el Programa de Parques Nacionales.
En síntesis, a detener toda propuesta de privatización y a denunciar la corrupción en las altas esferas de gobierno. Acciones que atentan en contra del pueblo y al derecho a una vida digna, libre de prejuicios, discrimen y persecución.
Si bien los trabajadores marcharán por separado, los reclamos continúan siendo en esencia los mismos. Por esta razón, líderes sindicales enfatizaron en que no se trataba tanto de una división en la lucha, sino de enfoques distintos. Mientras unos consideran necesario presionar a la Junta por el poder político que representa, otros optan por dirigirse directamente al gobernador.
Unos partirán desde diversos puntos de la ciudad capital hacia la Milla de Oro, en Hato Rey, mientras que otros lo harán desde el Capitolio hasta La Fortaleza.
El domingo 28, el Comité Coordinador que organiza la celebración del 1 de mayo en la Milla de Oro reafirmó que ese miércoles tomarán las calles y se manifestarían en contra de las políticas de austeridad y la JCF, y en favor del pueblo y los trabajadores. Así como ya ha sucedido y ha de suceder, hasta que se atiendan los reclamos del pueblo.
Algunas de las organizaciones que constituyen este frente son la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (ÚNETE), EDUCAMOS, Comité Timón de Educación Especial, Movimiento por la Niñez, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y el Movimiento Estudiantil Universitario.
Por otra parte, entre los grupos que marcharían desde el Capitolio hasta la Fortaleza se encuentra la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), la Hermandad de Empleados Exentos No-Docentes (HEEND), la Asociación de Maestros de Puerto Rico, la Federación Central de Trabajadores (FCT), el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR).
Sobre la educación, los grupos rechazan el desvío de fondos públicos a entidades privadas a través de las escuelas chárter y de los vales educativos; la exclusión de 4,500 maestros transitorios que tienen derecho a la permanencia; el incumplimiento con los servicios de los estudiantes de Educación Especial; los recortes al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y los aumentos en el costo de la matrícula.
Respecto al área de salud, califican de inaceptable la intención de reducir la aportación patronal para los servicios de salud de los empleados públicos, reclamando, a su vez, que se trata de un modelo que solo beneficia a las aseguradoras y que en la medida que se reduce la aportación a los planes médicos de los trabajadores también se reduce su salario, considerando que dicho modelo encarece los servicios médicos y las medicinas. El impacto sería de entre $300.00 y $500.00, según sea el caso.
En cuanto a los pensionados, la JCF pretende imponer una reducción entre 5% y 25% que conduce a la indigencia a más de 200,000 jubilados.(ver más información en las páginas 4-5)
