¿A una fosa común los Muertos del Huracán María?

Por Félix Aponte Ortiz/Especial para CLARIDAD

Con el titular de primera plana “NO analizarán muertes por María” del periódico El Vocero del jueves 19 de septiembre de 2019, la gobernadora Wanda Vázquez parece que establece la política pública relacionado al manejo del trágico impacto del huracán María hace dos años sobre Puerto Rico. Decía el mismo medio comercial de noticias “…La gobernadora Wanda Vázquez admite que no hay dinero para realizar un segundo estudio prometido por la administración Rosselló” relacionado al esclarecimiento del número de muertes, las circunstancias de esos fallecimientos y la información forense necesaria para establecer los factores que provocaron los decesos de varios miles de compatriotas. Nos consterna esa noticia. Esta información nos parece crucial e indispensable para considerar fijar responsabilidades por negligencia en el ejercicio de funciones ministeriales de varios jefes de agencias durante y posterior al impacto del huracán María. Tal como está planteado, y como me parecía previsible, el gobierno pretende echar al olvido el doloroso desenlace de la vida de miles de personas fallecidas, así como de sus familiares. La alegada carencia de recursos monetarios para llevar a cabo el trabajo forense necesario de esta tragedia humana no tiene justificación.

El viernes 20 de septiembre en la versión electrónica del periódico Metro se publicó un parte de prensa con el título “Salud conmemora segundo aniversario del paso de María con evento de preparación en Yabucoa”. La noticia destacaba que el Departamento de Salud (DS) celebró una actividad que denominó “NutriFestival: Puerto Rico se prepara con Salud”, actividad que celebraron en el llamado Parque del Niño. Esa actividad asignaba énfasis a la protección de infantes, niños y mujeres embarazadas a la que el DS identifica como poblaciones que “requieren de un cuidado particular ante el paso de cualquier evento atmosférico”. Metro atribuye al Secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, haber planteado en un comunicado escrito lo siguiente: “La temporada de huracanes no ha terminado, así que tenemos que estar vigilantes y preparados para enfrentar cualquier disturbio atmosférico que se presente. Qué mejor que proveerle, de forma creativa, herramientas educativas a los ciudadanos para que tengan claro cómo deben prepararse y manejar una situación de esta índole protegiendo su salud. Más aún, si en su núcleo familiar cuentan con esta población.” Estas expresiones que se atribuyen a Rodríguez sugieren que en la mentalidad del secretario la protección de la salud pública es un deber primario del ciudadano particular, no del Estado, soslayando el deber constitucional del DS de proteger la salud y el bienestar del Pueblo de Puerto Rico. Oculta el comunicado del secretario que cientos, sino miles, de los fallecidos durante el huracán María tuvieron desenlace fatal por la carencia o inhabilidad para acceder a servicios de mantenimiento de salud básico. Entre esas carencias se incluyen procedimientos de diálisis, falta de insulina y de medicamentos para controlar la hipertensión, de medicamentos para controlar expresiones de extrema ansiedad o de depresión emocional, así como de sicosis y otros casos agudos de salud mental. Muchas personas se suicidaron. Muchos otros cientos murieron en facilidades hospitalarias carentes de servicios básicos de higiene, de energía eléctrica, de falta de capacidad para procedimientos quirúrgicos de emergencia; incluyendo los de respuesta de emergencias cardiovasculares. Dentro de toda esa población afectada se incluían a cientos de miles de envejecientes, precariamente institucionalizadas en centros de cuido carentes de servicios básicos de salud, de alimentación y de agua potable. Mientras este escenario se desenvolvía días y semanas después del huracán, ese señor secretario de salud, así como sus colegas del Departamento de Seguridad y de Familia, pernoctaban placenteramente en el Centro de Operaciones de Emergencia ubicado en el Centro de Convenciones de Miramar, con aire acondicionado, agua potable, alimentación continua, caliente y variada, así como custodia para su seguridad por un gran contingente de soldados armados que controlaban el perímetro de ese alegado centro de operaciones de emergencia.

Desde allí de Miramar el silente Secretario de Salud no comunicaba sobre su conocimiento en cuanto a la implantación anticipada de medidas de preparación y respuesta a catástrofes que el propio DS había desarrollado desde el año 2003 con una asignación multimillonaria anual suplida por el Center for Disease Control del Departamento de Salud federal. Desde, al menos, el año 2003 el gobierno federal exigió y auspició el desarrollo de programas de planificación y programación contra desastres y catástrofes que incluía, pero no se limitaba, a incidentes provocados por bioterrorismo, epidemias y pandemias, terremotos y eventos atmosféricos como huracanes de categoría mayor. Con el auspicio de ese programa federal se desarrolló un mecanismo de preparación y respuesta que vinculaba todos los servicios de preservación de salud y de respuesta a eventos catastróficos, y que el secretario debía velar por su implantación. Me consta de ese programa porque en el mismo colaboraron múltiples planificadores que fueron mis estudiantes, así como colegas salubristas de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. En varias instancias colaboré profesionalmente con el desarrollo de ese Programa para atender consultas informales y ofrecer asesoramiento sobre el concepto de resiliencia que actualmente tanto se utiliza de forma retórica por funcionarios electos y alegados líderes sociales. Toda la inversión monetaria (que estimo excede los $100 millones) y todo el trabajo de profesionales de distintas disciplinas que trabajaron la estructuración de ese programa de preparación para desastres en el DS, resultaron inútiles ante la aparente ignorancia o indolencia de los funcionarios con el deber ministerial de ponerlos en ejecución. Se debe tener en cuenta , además, que la responsabilidad e incumplimiento con el deber ministerial, no se limita a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico pues también involucra las responsabilidades y funciones del Departamento de Salud federal, del CDC en Atlanta, y de otras entidades responsables de la salud pública en Puerto Rico que tampoco actuaron preventivamente y sobre los cuales no hemos escuchado que se haya realizado una auditoría forense sobre qué hicieron y qué no hicieron para prevenir las muertes y el desasosiego de la salud pública que padeció una porción considerable de nuestra población.

La política pública sobre la evaluación de las muertes del huracán María no puede ser la de “borrón y cuenta nueva”, la de “empastelar el asunto y olvidarnos del mismo”. Actuar de esa forma sería equivalente a lo que históricamente se ha hecho en Puerto Rico después del impacto de cada huracán catastrófico: contamos los muertos, o algunos de ellos, los enterramos y nos olvidamos del asunto. Así hicimos en septiembre de 1960 cuando más de un centenar de compatriotas murieron en Humacao por las inundaciones del huracán San Lorenzo (Donna) que afectó el este de Puerto Rico con lluvias extremas. Muchos de los muertos en Humacao se enterraron en una ‘fosa común’. Nunca supimos la identidad concreta de esos seres humanos fallecidos. Sí sabemos que tenían un elemento en común, entre ellos y con los muchos fallecidos por los incidentes de huracán María en el 2017: se trataba de gente pobre, gente invisible social, económica y políticamente. La responsabilidad gubernamental y la responsabilidad legal y moral de los funcionarios que manejaron negligentemente los acontecimientos del huracán María no pueden echarse al olvido en una ‘fosa común’. Casi todos esos funcionarios que tenían esa responsabilidad legal y moral para manejar racionalmente los eventos con potencial desastroso siguen actualmente en sus funciones ministeriales. Esas son las personas que tienen la obligación de proteger al Pueblo contra otro evento atmosférico que pueda producir una catástrofe social. La política pública sobre los fallecidos en María no puede ser la del olvido pues entre las potenciales víctimas de ese negligente desempeño, puede estar usted, distinguido lector de esta columna, pues sus restos pueden también terminar en una fosa común.