Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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Los grupos asociados al movimiento Queremos Sol (QS), se unieron a las denuncias de que el acuerdo de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que alcanzó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno de Puerto Rico con la mayoría de los tenedores de bonos de AEE, y Assured Guaranty, significará no solo un aumento en la factura de la luz, sino que hará más difícil lograr en el futuro generar electricidad por medios renovables como el sol, pues penaliza a los ciudadanos que opten por ello.
“Este es un acuerdo nefasto que defiende los intereses de los bonistas sobre los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. No solo estaremos pagando entre $130 y $220 más al año, según señala un estudio de IEEFA para saciar las exigencias de los bonistas, sino que el pago a los bonistas se establece como la primera prioridad de la Autoridad, relegando a un segundo o tercer plano la condición del sistema eléctrico, su mantenimiento o la calidad del servicio que se ofrezca”, sostuvo David Ortiz, director de El Puente Enlace Latino de Acción Climática (ELAC).
En tanto la abogada Ruth Santiago quien representa a la organización, El Puente y a otros grupos comunitarios y ambientales señaló que la propuesta multisectorial Queremos Sol, establece como requisito fundamental una auditoría exhaustiva de la deuda y actuar contra los que participaron en la emisión de deuda ilegal, así como una reestructuración que salvaguarde a entidades del país como las cooperativas y asegure la eliminación total o el descuento sustancial para los clientes de la Autoridad. “Esto es necesario para lograr un sistema eléctrico asequible y financieramente sostenible. Los cargos tarifarios que se presentan en el acuerdo agravarán la ya precaria situación que enfrentan las familias puertorriqueñas y tendrán un efecto negativo sobre nuestra economía”, sostuvo.
La ingeniera Ingrid Vila, presidenta de CAMBIO añadió que, “el acuerdo castiga la transformación hacia un sistema basado en energía renovable y castiga a aquel que instale sistemas fotovoltaicos, pues aun cuando usted esté generando su propia energía con un sistema fotovoltaico en su hogar o negocio, el acuerdo establece que tendrá que pagar un impuesto al sol. Por esto hemos sostenido una y otra vez que no se trata solo de establecer objetivos de alcanzar porcentajes de energía renovable, sino que hay que ver las acciones del gobierno y la voluntad política para hacer valer esos objetivos. Este acuerdo, junto con el impulso en inversiones en gas natural, dejan claro que no existe compromiso del gobierno con la transformación a base de energía renovable distribuida. El único compromiso que existe y el que guía este acuerdo y la transformación del sistema eléctrico es la privatización del sistema para beneficiar a terceros”.
El veterano experto en Derecho Ambiental, licenciado Pedro Saadé Lloréns también se expresó en contra del acuerdo. “Debemos hacer todo lo posible en forma unida para derrotar este acuerdo. Los proponentes de Queremos Sol felicitamos y nos unimos a las expresiones del congresista Grijalva dirigidas a que la jueza Laura Taylor Swain rechace este acuerdo y reclamamos a los legisladores, quienes tienen la responsabilidad de velar y proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y quienes confeccionaron la política pública energética, que no den paso al mismo”.
La coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración (COAI), Myrna Conty, en tanto reiteró, “este acuerdo impactaría a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas por los próximo 40 años siendo un acuerdo regresivo. Afectando proporcionalmente más a las comunidades de menos recursos que representan al menos un 50% de nuestra población. Exhortamos a todos los ciudadanos que llamen a sus legisladores para que no aprueben este acuerdo”.
El estudio del Instituto para el Análisis Financiero y Económico para la Energía ( IEEFA), siglas en inglés), que citan los participantes de Queremos Sol, precisa que el acuerdo requiere un cargo anual por kWh que los clientes de AEE (o cualquier empresa sucesora) estarán obligados a pagar hasta 2067. IEEFA estima que, por los siguientes 48 años, los puertorriqueños pagarán más de $23 mil millones, además de $100-$ 200 millones inicial en cargo por liquidación para cubrir gastos administrativos del acuerdo.
El análisis firmado por Tom Sanzillo y Kathey Kendal, precisa que el primer aumento de tarifa, encima de los actuales 22 centavos/kWh, tendrá efecto este verano con un aumento de 1 centavo/kWh para cubrir el cargo por liquidación. Es decir que a partir de julio de 2020, el cargo de la deuda será de 2.8 centavos/kWh. “En otras palabras, entre ahora y el próximo verano, las tarifas van a subir 13%. Con el tiempo, la tasas para la deuda aumentarán a 4.55 centavos/kWh en el año fiscal 2043 y permanecerá en ese nivel a través de la vigencia del pago de la deuda.”
Esto representa que para un hogar residencial promedio en Puerto Rico, que utiliza alrededor de 400 kWh/mes, el acuerdo resultará en un cargo de más de $130 por año en el año fiscal 2021, aumentando a casi $220 por hogar por año en el AF 2043.
El acuerdo le da la ventaja a los titulares de la deuda heredada de AEE cambiar sus bonos pendientes por nuevos bonos que se pagarán en las próximas décadas. Al otorgar estos nuevos bonos una posición de gravamen superior, el acuerdo garantiza que el primer uso prioritario de cada tasa de dólar que llegue a AEE se destinara a pagar la deuda heredada.
El estudio trae a la atención que cuando la AEE quebró antes del paso de los huracanes Irma y María, ya su infraestructura física estaba en un mal extremo, además de que en la década anterior se cometieron muchos errores como: asumir deudas para cubrir los gastos operativos, no diversificar el petróleo importado y subsidiar fuertemente la electricidad suministrada a los municipios y otras entidades, sin mencionar la perpetuación de un sistema de fraude de combustible de varios miles de millones de dólares. Estas acciones incluyen que el consultor en ingeniería de AEE (URS Corporation) continuó certificando que el sistema estaba “en buena reparación y condiciones de funcionamiento sólidas”. El endeudamiento de AEE casi se duplicó de 2005 a 2014, ya que la economía en declive de la Isla era cada vez más incapaz de apoyar esta mala gestión.
Reparan los investigadores que aunque la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico y por el investigador independiente de la Junta de Control Fiscal, Kobre & Kim, hizo los anteriores señalamientos el nuevo acuerdo de deuda no hace ningún esfuerzo por responsabilizar a ninguna de las partes responsables. De hecho, algunas de esas mismas partes seguirán beneficiándose de las tasas vinculadas con la nueva emisión de deuda.
