Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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Tras la divulgación del estudio ¿Está amañado el futuro energético de Puerto Rico? Análisis del nuevo acuerdo de $1,500 millones New Fortress-AEE, que realizaron el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en ingles), y la organización Cambio, la ingeniera y presidenta de Cambio, Ingrid Vilá Biaggi, confirmó a preguntas de CLARIDADque estarían remitiendo el informe a las agencia y entidades pertinentes para solicitar que se inicie una investigación oficial sobre la transacción.
Entre estas agencias se incluye al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), sobre el cual el informe también levanta cuestionamientos en cuanto a su proceder en la autorización del proyecto. Vilá Biaggi informó que se les haría llegar el informe para que también evalúen los hallazgos y determinen las acciones que pueden tomar, que bien podría incluir la revocación de las aprobaciones otorgadas o realizar investigaciones adicionales.
A la luz de que el informe plantea que la AEE lleva un enfoque fragmentado por proyecto y que el proceso con NFE puede repetirse en el proceso de privatización, la defensora de la energía renovable afirmó que a los privatizadores lo que les interesa es asegurar ganancias, “y lo que estamos viendo son intereses privados presentando propuestas no solicitadas a la AEE”.
Al preguntársele si el PRIse ajusta a la privatización indicó que el PIRque la Autoridad presentó ante el Negociado de Energía contempla la inversión privada de algunos de estos proyectos fragmentados. Pero el PIR, por ejemplo, no evaluó este proyecto de San Juan 5y 6, pues se presentó como una “decisión tomada” por la AEE. “Y ya vemos que fue una decisión que se tomó sin contar con evaluaciones mínimas de deseabilidad y conveniencia. Esta es una de las grandes objeciones que presentamos en el PIR, pues se incorporó el proyecto de San Juan 5y 6 sin evaluar su impacto o su costo-beneficio para el país”.
En cuanto a la inversión que pueda estar haciendo la AEE en infraestructura para luego dar paso a la privatización, trajo a la atención que la Autoridad no está invirtiendo en infraestructura ni en su mantenimiento. “Está reaccionando a propuestas privadas cuyo fin es la ganancia, no el interés público. Así es que terminamos con proyectos como el deSan Juan 5, 6, que perpetúan la dependencia en combustibles fósiles en vez de considerar alternativas más sostenibles como es la energía distribuida utilizando sistemas fotovoltaicos en techos”.
La ingeniera Vilá Biaggi también refutó las declaraciones públicas del director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, justificando el proyecto e incluso restando méritos a los investigadores. Desmintióque varios de los argumentos que se exponen en el informe son los mismos que levantó un licitador en un litigio para impugnar la contratación.
Sobre ese particular, defendió que la evidencia que presentaron y los argumentos expuestos no han sido evaluados por ningún foro judicial, además de que la investigación incluyó la revisión de miles de páginas de documentos obtenidos tras una demanda de mandamusradicada por Cambio y IEEFA para que la AEE le proveyera documentos públicos, los cuales entregó después de nueve meses de litigio.
La activista refutó con ahínco declaraciones de Ortiz de que habían “traído el gas natural a San Juan sin romper el centro de la isla con la Vía Verde o hacer un adefesio en el sur. Vilá Biaggi recordó: “Ortiz trata de tomar distancia de la llamada Vía Verde, cuando fue bajo su mandato en la AEE que se promovió el gasoducto. Tanto el gasoducto como el Aguirre Offshore Gasport fueron rechazados por el pueblo. Ahora insiste en proyectos de gas natural como el de San Juan, que continúan comprometiendo al país con combustibles fósiles y exponen a riesgos a las comunidades aledañas, a las que ni siquiera se les ha consultado”.
Por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, también dio a conocer mediante Twitter que la Unión solicitó por medio de una carta a la Fiscalía del Tribunal Federal que investigue la adjudicación de dicho contrato.
