Para la directora de Investigación del Proyecto ReFund America (RFA), Carrie Sloan, el retiro del acuerdo de reestructuración (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con un grupo de bonistas, es considerado positivo siempre y cuando el acuerdo que lo reemplaze ponga los intereses del pueblo de Puerto Rico primero.
“El acuerdo de reestructuración actualmente bajo consideración es terrible para Puerto Rico y para los usuarios de electricidad puertorriqueños. Este acuerdo, de ser aprobado, pagaría casi por completo la inversión de los acreedores, y al mismo tiempo agobiaría a los consumidores con unos aumentos altísimos automáticos a sus tarifas. Así que si se retira un acuerdo tan terrible, lo consideramos como algo positivo, siempre y cuando el acuerdo que lo reemplaze ponga los intereses del pueblo primero”, declaró en exclusiva a CLARIDAD.
El hecho es que luego de tres años de “negociación” y la AEE haber gastado alrededor de $47 millones en la síndico Liza Donahoue, impuesta por los bonistas, ahora resulta que la Junta de Control Fiscal (JCF) se encuentra dividida sobre si aprobar o no el RSA e incluso hay políticos de Washington y otros grupos de interés que presionan a favor y en contra del acuerdo, según informó en un artículo la colega Joanisbel González, en El Nuevo Día.
Si algo confirman estas divisiones son las denuncias que tanto el Proyecto ReFund America, como el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés), y economistas del patio como Martha Quiñones, todos han denunciado que el RSA conlleva el alza en tarifas hasta de 55%(un aumento de 21 centavos por kilovatio hora para los próximos cinco años), para asegurar el pago de la deuda de $11,400 de la AEE.
La directora de RFA apuntó a que debido a que muchas de las deliberaciones de los miembros de la JCF sobre los diversos acuerdos de reestructuración de deudas han ocurrido tras puertas cerradas, es muy difícil saber cuáles discusiones se han dado entre los miembros de la Junta o los congresistas involucrados con el tema para rechazar ahora el acuerdo. De paso denunció que la falta de transparencia de la JCF “es una de las razones que consideramos de que la Junta es una entidad antidemocrática”.
La situación con el RSA es otro argumento para continuar reclamando que se haga una auditoría completa de la deuda pública, incluyendo la de la AEE, la cual afirmó que fue adquirida sin legitimidad. “No podremos llegar a un acuerdo justo cuando partimos de la premisa que hay que pagar la deuda completa tal cual. Por eso consideramos que hacer una auditoría es indispensable antes de que se haga un nuevo acuerdo”, reiteró.
