Por Cándida Cotto/CLARIDAD
Diversas comunidades escolares y el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FAEP) anunciaron que se proponen combatir la implementación de las escuelas chárter o “escuelas alianzas”, como les llama el gobierno con acciones que van desde piquetes en los planteles y una marcha hacia la Fortaleza el próximo siete de abril.
Domingo Cabrera, presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), sindicato miembro del Frente expresó a CLARIDAD que el Frente siempre ha estado en oposición al establecimiento de las escuelas chárter desde administraciones anteriores y pudieron combatirla, aunque no fue hasta el 2018 en que se aprobó la ley. “Ahora estamos en proceso de orientar a los padres, maestros, a las comunidades escolares de las desventajas que tendrían si se acogen a una escuela chárter. Los maestros(as) pueden perder la permanencia y beneficios”. En ese sentido dijo que, están orientando a las 30 escuelas que han salido en la lista del Departamento de Educación (DE) para ser convertidas en escuelas chárter, “para que tomen una decisión informada y después no digan que no lo sabían”.
La lista en la cual figuran las 30 escuelas, fue compartida de manera extraoficial a las organizaciones magisteriales y entre las escuelas. Algunas escuelas se enteraron de que estaban en la lista durante el proceso de matrícula en línea. Madera dijo a CLARIDAD que incluso entidades que están detrás de las escuelas desconocen muchas cosas del proceso e incluso algunas se han retirado, a lo que reiteró que “hay que llevar el mensaje para ver cuánto podemos contrarrestar este proceso, te tengo que ser sincero, para mí esto es una forma de algunos grupos obtener dinero que de otra forma no tienen y obtenerlo a través de la educación de nuestros estudiantes”.
Más de una escuela, como la Ramón Marín en Guaynabo, las escuelas Juan Ponce de León y Miguel Such, en Río Piedras, la Escuela Colón Salgado en Bayamón y la Escuela Ecológica de Dorado, todas han denunciado que los privatizadores han violado el proceso que establece la Ley 85. Cabrera coincidió que el DE tampoco ha promovido un proceso formal por parte de las entidades. Comento que por ejemplo en el pueblo de Coamo hay tres escuelas candidatas a chárter y que hace alrededor de tres meses que el alcalde pretendió orientar al personal de las escuelas pero no pudo contestar preguntas de los maestros, y en su lugar la respuesta fue ‘refiérase a la ley’.
Hasta el presente indicó que todas las escuelas han presentado resistencia aunque admitió que unas mas que otras, hizo la salvedad de que posiblemente es que no todas las escuelas programadas para este año lleguen a ser chárter, por lo que resaltó que la resistencia es un proceso que va a “llevar años tras año no es de decir ya vencimos hay que seguir continuamente”. Las 30 escuelas se reparten entre varios pueblos, pero hay pueblos como San Sebastián que tiene cinco escuelas, las cuales las ha solicitado el alcalde, Coamo tiene tres, en Canóvanas la alcaldesa pretende que todas sus escuelas se conviertan en chárter y hay pueblos que no tienen ninguna.
En otro ejemplo contó que en una escuela en Sabana Grande el privatizador se presentó y le dijo a los maestros que no les garantizaba el sueldo. Madera indicó que eso es una violación a la Ley 85 que dice que la entidad tiene que garantizar dos años de sueldo al maestro. “Si ya empieza diciendo que no puede garantizar el sueldo ya vemos que empezó con el pie izquierdo”.
Respecto a los criterios que parece estar usando el DE señaló que han estado viendo que son escuelas con matrícula bastante alta y cuyas plantas físicas están en óptimas condiciones. En la conferencia de prensa ofrecida por el Frente Amplio, el domingo 17 de marzo se denunció que en días recientes los interesados en la privatización de las escuelas, tanto entidades y alcaldes -ellas y ellos- le plantearon al DE su inconformidad con la cantidad a recibir por cada estudiante que se reduce de $6,400 a $3,500. El Frente recordó que durante el proceso de aprobación de la Ley 85 la secretaria Julia Keleher y el senador Abel Nazario prometieron que el presupuesto establecía $6,400 por estudiante. Según reveló el Frente, Keleher le solicitó al Gobernador $1,000 millones adicionales en el presupuesto del próximo año escolar porque, según la Secretaria, a las escuelas chárter “una asignación de $4,000 por estudiante no les da.”
Se presentó el cálculo de que una escuela chárter con 500 a 800 estudiantes de matrícula, implica unos ingresos entre $3.2 y $5.1 millones de dólares por escuela, razón a la que atribuyeron de que algunas entidades y alcaldes pretenden administrar de dos a seis escuelas.
Un componente escolar que Madera reconoció ha estado ausente de la discusión es el personal de comedores escolares, e igual trabajadores sociales, orientadores y hasta conserjes. En el caso del servicio de comedor escolar llamó la atención a que en Estados Unidos hay escuelas chárter que tienen este servicio privado.
A pregunta de CLARIDAD respecto a dónde queda la labor de los directores regionales del DE en el proceso Madera denunció que éste es un ente que responde directamente a la Secretaria “todo lo que ésta dice lo llevan a cabo, son las que muchas veces le buscan las escuelas al privatizador están a cargo de facilitar esa negociación”.
El riesgo de las chárter para los estudiantes
De acuerdo al Frente Amplio la Ley 85 y el Reglamento de Escuelas Alianza (Chárter) permite seleccionar estudiantes mediante una lotería, establecer límites de matrícula, establecer requisitos para la admisión a la escuela, establecer medidas de desempeño, entre otras medidas discriminatorias que provocarían el desplazamiento de estudiantes a otras escuelas y otros municipios. Los más afectados serían los estudiantes de educación especial que, por los costos de sus servicios, ya hay intentos de reubicarlos de su escuela antes de ésta convertirse en chárter. En el caso de los maestros la conversión de una escuela en chárter, pone en riesgo su permanencia, vacaciones, plan médico, salario y retiro, entre otros derechos y beneficios. Esto provocará que las maestras y maestros decidan no permanecer en escuelas chárter, lo cual limita a los estudiantes de tener los maestros de experiencia, con preparación e identificados con la comunidad escolar. La Ley solo garantiza dos años de permanencia y a los maestros transitorios un contrato de 6 meses a un año. “Bajo estas condiciones los estudiantes nunca tendrán estabilidad en el servicio educativo.”
En tanto, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez Padilla, a preguntas de CLARIDAD respecto al proceso denunció que por parte del DE lo que ha habido es un silencio sepulcral, una falta de información, falta de transparencia, e incumplimiento con la propia ley de la celebración de una consulta a la comunidad escolar, por lo cual éstas han estado ajenas a todos los procesos que están implementando los privatizadores. No obstante dio a conocer que la resistencia de las comunidades escolares está comenzando a dar resultados ya que este lunes se conoció que el DE se ha retractado de los planes de privatización de las escuelas, Miguel Such, Juan Ponce, una escuela en Humacao y otra en Orocovis.
No obstante, el Frente mantiene sus acciones para realizar una protesta el jueves 21 de marzo frente a la escuela Miguel Such a las 3:30 de la tarde y la marcha el 7 de abril. La marcha saldrá a las 11:00 de la mañana desde la Plaza Colón en el Viejo San Juan hasta la Fortaleza.
Por su parte el Comité de Padres de la Escuela Rafael Colón Salgado, en Bayamón inició este lunes un paro indefinido en contra de la pretensión de la National Talent Academy de quedarse con su escuela. El Comité dio a conocer que llevara piquetes frente a la estación de radio y canal de televisión en la que laboran los dueños de la NTA, Deddie Romero y Albert Rodríguez.
