Por Cándida Cotto / CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
Las pensionadas y los pensionados tienen que hacerse sentir y mantener la presión, tanto sobre la Legislatura, el Ejecutivo, así como con Tribunal Federal, y defender sus pensiones rechazando el acuerdo de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico. los llamados bonos de obligación general, GO, acordado por la Junta de Control Fiscal (JCF).
Este sábado 22 de febrero será la primera vez que pensionados y pensionadas del gobierno de Puerto Rico se congreguen como clase en una asamblea nacional para discutir, además de lo que está pasando con sus pensiones, sobre alternativas para protegerlas.
La portavoz de la campaña Construyamos Otro Acuerdo (COA), licenciada Eva Prados, indicó que, en particular, estarán discutiendo las estrategias para evitar el recorte a las pensiones. Los sistemas de pensiones amenazados con un recorte de un 8.5% son las del obierno central, la judicatura, maestros y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Además señaló que esperan discutir la situación del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Anotó que a excepción de la AEE y la UPR, en su momento todos los empleados públicos cotizaban y formaban parte del sistema de retiro del gobierno central. En muchos otros países existen modelos de sistema de retiros similares a este, que son exitosos. Pero en el caso de Puerto Rico, todas las administraciones de turno no solo han embrollado al gobierno tomando prestado a niveles que no podían pagar, sino que a su vez no estaban cumpliendo con sus responsabilidades de mantener al día sus aportaciones. Además han hecho malas inversiones con el dinero de los trabajadores.
Respecto a los márgenes de acción que todavía pueden quedarle a la clase de pensionados, expuso que todavía hay varias etapas que estarán ocurriendo durante este próximo año. Aun cuando la JCF ya tiene un acuerdo de reestructuración de la deuda de los GO, que cuenta con el apoyo de un grupo de bonistas, no cuenta con el apoyo de los demás sectores. El plan todavía requiere el apoyo de los pensionados, los suplidores del gobierno y toda aquella persona con que tenga pendiente una demanda por derechos y perjuicios y por derechos civiles: “Todo eso se está discutiendo en este plan de ajuste de deuda”.
La licenciada Prados destacó que el plan de la deuda de los GO es quizás el más importante en términos de los servicios esenciales porque esta deuda es la que se paga del Fondo General y es ahí no solo a donde llegan las contribuciones, sino que es la principal cuenta del gobierno. Denunció que el plan va a comprometer precisamente los fondos que van directamente a cada una de las agencias, lo que a su vez impacta de manera directa los servicios esenciales.
El hecho de que se esté discutiendo el pago de las pensiones en este plan responde a que por la reforma al sistema de retiro de la administración de Ricardo Rosselló, que transfirió el pago de las pensiones directamente del Fondo General, en este plan de ajuste de la deuda se incluye también el pago de las pensiones. Eso significa que en este acuerdo se está decidiendo cómo se va a utilizar el FG por los próximos 20 a 30 años.
“La oferta nueva que le está haciendo la Junta a los bonistas es un tiempo más corto; sin embargo, se le está aumentado el pago. Además se le estaría dando la oportunidad de recibir no solo la mitad de los bonos con los nuevos términos, sino también bonos COFINA”.
En términos de estrategias, la campaña COA identifica que hay varios frentes o espacios donde los pensionados tienen que hacerse sentir. Uno definitivo es la Legislatura, para pedirle que no apoye el plan y que busque alternativas de legislación que protejan las pensiones y den salida a la situación. La licenciada Prados reconoció que todos se encuentran escépticos ante la JCF y el gobierno, quienes “parece que se odian, pero a la hora de la verdad no es así”.
Aun así, apuntó que sin lugar a dudas el que la Legislatura y la rama ejecutiva no apoyen a la JCF debilita el que esta logre la aprobación de la legislación que a su vez apruebe los planes. En ese aspecto refutó que, aun cuando en declaraciones públicas Natalie Jaresko ha dicho que no se necesita legislación, en el plan de la JCF dice que sí se necesita.
Agregó que ese asunto es uno sujeto a interpretación de la ley, y es el tribunal el que en su día tendrá que evaluar si es necesario o no. “La Junta lee Promesa de una manera, nosotros la leemos de otra. Yo leo Promesa y veo que en su artículo 314 especifica que para que se pueda confirmar cualquier plan de ajuste tiene que haber la legislación necesaria”.
Otra de las propuestas de la campaña será insistir en que el gobierno le recalque a la JCF y al Congreso de EE. UU. que el camino correcto es mantener las demandas por la cancelación de deuda ilegal. La activista remarcó que se debe continuar con la impugnación de la deuda ilegal y que sea el tribunal el que decida si esta es legal o no. Trajo a la atención que como bien ha dicho Alvin Velázquez, que dirige el Comité de Acreedores no Asegurados (CANA), hay argumentos sólidos para que esa deuda pueda ser cancelada. Incluso anotó que la mitad de los miembros de la JCF no está apoyando este acuerdo por la misma razón.
Sobre este aspecto expresó que la campaña va a plantear la importancia de insistir como pueblo que el único camino es seguir con el proceso inicial de cancelación de toda la deuda emitida de manera ilegal, incluyendo los sistema de retiro, y hacer un llamado a que la Legislatura adopte esta posición como una de las estrategias para presionar a la Junta.
Importancia de las votaciones del sábado
Un frente del cual la JCF ha hablado poco es del proceso de votación sobre el acuerdo. Explicó la licenciada Prados que los pensionados tienen en este proceso un peso importante porque la Junta tiene que llevar a cabo un proceso de votación entre todos los grupos de acreedores, desde bonistas hasta los pensionados y suplidores, por lo que todos esos grupos van a tener la oportunidad de votar y es importante que los pensionados participen. Agregó que otro proceso que va ser una lucha en sí mismo es determinar la cantidad de pensionados. Según dispone la ley de quiebra, quienes votarán son aquellas personas que se ven afectadas por el plan de ajuste de deuda. Ahora mismo —dijo— el número más reciente de pensionados es de 160 mil.
Hizo la observación de que en la propuesta de ajuste que se está haciendo a las pensiones por parte de la JCF no se tocaría un por ciento considerable de pensionados cuya pensión sea menos de $1,200. De ser así, aquellos pensionados que no van a recibir recortes no votarán, pero eso se verá en su momento.
Hasta el momento, la JCF habla de que los afectados son unos 60 mil pensionados. No obstante, la licenciada Prados reparó en que el COA entiende que pueden ser muchos más los que tendrían derecho a votar.
“Ese va a ser un proceso en el cual vamos a estar también hablando de la importancia de participar y de cómo votarle en contra. No solo porque representa un recorte a las pensiones, sino porque eso es un elemento de un plan que incluye muchas otras cosas”.
En esa línea llamó la atención a que los y las pensionadas no solo van a votar por el recorte a sus pensiones. También votarán sobre si están a favor o no de cómo se les va a pagar a los otros acreedores. Así que si votaran sí o no, no solo a los recortes, sino a que se les pague tanto dinero a los bonistas, se les estaría garantizando una fuente de pago a los bonistas a través del IVU. Eso es algo no se le está garantizando a las pensiones. Estas no tendrán una fuente de repago tan segura como el IVU. El que a los suplidores y comerciantes locales se les pague tres centavos el dólar, sería apoyar “un plan terrible para el país”, afirmó.
La portavoz del COA y del Frente en Defensa de las Pensiones (FDP) reiteró que la asamblea de este sábado tiene también como objetivo que los pensionados sepan que no está todo perdido; que aunque es cierto que la ley Promesa impone un proceso de quiebra difícil para ellos y que el Comité Oficial de Retirados hasta ahora ha negociado unos recortes a sus pensiones, aun así hay alternativas para frenarlo.
