CLARIDAD
El Consejo de Cambios Climáticos de Puerto Rico (CCCPR), se unió a las voces que reclaman que la Junta de Planificación amplíe a 120 días el proceso de evaluación del Nuevo Reglamento Conjunto 2020 para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (RC 2020).
En comunicado de Prensa, el Consejo, una asociación voluntaria que agrupa sobre 100 científicos, comprendida por planificadores, ingenieros, arquitectos, abogados y comunicadores sociales, que representan agencias federales, estatales, organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales, universidades públicas y privadas, así como investigadores independientes alertó de que es “virtualmente imposible que el documento se pueda evaluar y discutir en 30 días (como pretende la JP), debido a su complejidad y alto contenido técnico. El RC 2020 es un documento voluminoso (sobre mil páginas distribuidas en 12 tomos). Nuestra evaluación inicial permite concluir que se necesitarían, al menos, 120 días para realizar un análisis responsable del documento y preparar los comentarios al RC 2020”.
El Consejo indicó que de un análisis preliminar por algunos de sus miembros de diferentes secciones del RC 2020, se han percatado que dentro de las medidas propuestas no se consideran los posibles efectos e impactos del cambio climático a Puerto Rico. Además, que de que de manera peligrosa, se subestiman los diversos y serios impactos sobre las áreas urbanas, comunidades, infraestructura y recursos naturales, aumentando nuestra vulnerabilidad socio-ecológica. Se supone que el RC 2020 sea el instrumento clave para la toma de decisiones sobre la ocupación del espacio, la construcción y el desarrollo o redesarrollo de la infraestructura en Puerto Rico.
La organización científica reclamó que cuenta con la mejor información y conocimiento disponible sobre la situación actual del clima, de los recursos marinos y costeros, de las condiciones oceánicas, de los bosques y cuerpos de agua del país y la vida silvestre, los que aspira presentar para apoyar el desarrollo de un Reglamento que posibilite un desarrollo social y económico, ambiental y ecológicamente sostenible. “Para ello, y para asegurar aspirar a un Puerto Rico resiliente, es importante considerar los escenarios que la infraestructura enfrentará no solo durante la vida útil diseñada de los proyectos, sino durante la expectativa real de uso de la infraestructura urbana-residencial, turística, industrial, comercial, así como infraestructura de servicios, tales como carreteras, puentes, acueductos, manejo de la escorrentía pluvial, alcantarillado sanitario, servicio eléctrico y de telecomunicaciones, entre otros”.
La petición de que se amplíe a 120 días el periodo de evaluación fue presentada mediante carta enviada a la presidenta de la Junta, la planificadora María del C. Gordillo, el 22 de septiembre. La organización también solicitó que luego de los 120 días se vuelvan a celebrar vistas públicas.
