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Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Escribo a 42 días de la cita electoral puertorriqueña y, a diferencia de otros años, no conozco de alguna encuesta que proyecte el posible resultado. Ya fuere por la pandemia propiamente, o para reducir el gasto dado sus efectos, ningún diario del país ha publicado sondeos. Ni siquiera se escuchan las predicciones de astrólogos y adivinadores. Sólo se producen los sondeos informales que hacen algunos medios entre su audiencia, que de ordinario carece de valor.

¿Podrá servir de guía el resultado de elecciones anteriores? Sin duda el patrón de votación del pasado sirve como indicador, pero en el Puerto Rico de hoy su valor es reducido tras las experiencias acumuladas en los últimos años. 

En la más reciente de las citas electorales, la de 2016, el tema de la quiebra del gobierno copó el debate preelectoral. Meses antes el entonces gobernador Alejandro García Padilla había reconocido que la deuda pública era impagable y su gobierno había caído en mora. Desde el centro imperial respondieron creando una estructura legal para el procedimiento de quiebra e imponiéndonos un organismo que controlaría el proceso. La Junta de Control Fiscal comenzó funciones apenas meses antes de las elecciones. El tema de la corrupción también estuvo presente en el debate preelectoral, en la figura del traquetero Anaudi Hernández, pero su peso relativo disminuyó la poca efectividad del gobierno de García Padilla y la quiebra fiscal. 

A pesar de la quiebra, el dominio los dos partidos que se han repartido el poder colonial durante más de medio siglo volvió a manifestarse en 2016, pero con fisuras importantes. Los candidatos a gobernador de los partidos Nuevo Progresista y Popular fueron otra vez los más votados, con 41.8 y 38.8 por ciento respectivamente. Esos datos, sin embargo, representaron una merma significativa en comparación con elecciones pasadas cuando uno de ellos siempre llegaba o se acercaba al 50%.  

Los receptores del voto “no bipartidista” fueron dos candidatos independientes, Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre, particularmente la primera. A pesar de carecer de estructura organizativa, sin dinero para publicidad y definiéndose entonces como independentista y atea, Lúgaro capturó el 11 por ciento de los votos. Ningún tercer candidato se había acercado a esa cifra desde 1968, cuando Roberto Sánchez Vilella, entonces gobernador en funciones y postulado por un nuevo partido, obtuvo el 11.7 por ciento. 

De esa experiencia se ha escrito mucho, centrando el “fenómeno Lúgaro” en tres elementos: la buena proyección de la candidata, cansancio con el bipartidismo tradicional y el efecto de las llamadas “redes sociales”. El rechazo a la corrupción sempiterna y a la incompetencia administrativa del PNP-PPD llevó a los electores y a buscar opciones, mientras que los nuevos medios de comunicación limitaron el impacto de las campañas millonarias de los partidos tradicionales. 

En 2016 hubo, además, otro elemento también importante: el escrutinio electrónico. Por primera vez los votos se contaron sin la intervención de los funcionarios de los partidos, lo que redujo significativamente el fraude.  

Las causas que llevaron a un número grande se electores a rechazar al PNP-PPD en 2016 no sólo se mantienen, sino que se han agudizado de cara a los nuevos comicios de 2020. La quiebra a la que ellos llevaron al país continúa. También sigue el colonialismo que le sirvió de marco, y que produjo como “solución” la imposición de un supra gobierno desde el extranjero. Esa “solución” impuesta desde Washington ha reducido la ya menguada eficiencia gubernamental y agudizado el desempleo. Junto a la quiebra – engordándola y facilitando su continuidad- se levanta la corrupción, que en estos cuatro años se ha disparado tanto en el gobierno como en la Legislatura.

A la continuada presencia de la quiebra y a corrupción se unieron otros factores para producir el peor cuatrienio de que se tenga memoria. Los desastres naturales que se acumularon, junto a la pandemia que llegó al final, dispararon la incompetencia. Ahora mismo la mayoría del país no percibe presencia de alguna estructura de gobierno en su vida diaria. Lo que queda del Estado se ha reducido a un pequeño grupo de funcionarios que actúa pensando en la fecha de salida, y que, dirigidos por una persona que nadie eligió, opera más como una banda de saqueadores que como gobierno. Como los godos cuando entraron a Roma, cada uno trata de llevarse lo más que pueda. 

Ante ese cuadro sería lógico suponer que los elementos que comenzaron a manifestarse en las elecciones de 2016 se intensifiquen en 2020. Lo que está por verse es si su impacto será suficiente para alterar por primera vez el binomio PNP-PPD. 

En esta ocasión frente al binomio de siempre aparecen dos candidatos jóvenes con fuerte presencia en las redes sociales y con impacto en un sector poblacional no comprometido con lealtades partidistas del pasado, que cada vez es más grande. Alexandra Lúgaro vuelve a postularse, en esta ocasión como candidata de un partido inscrito, el Movimiento Victoria Ciudadana. El PIP, por su parte, postuló a Juan Dalmau que desde el Senado realizó una efectiva labor durante el presente cuatrienio. A juzgar por los patrones históricos de votación y a la fuerza organizativa que aún mantienen el PNP y el PPD, sería muy arriesgado predecir que alguno de ellos puede prevalecer frente al binomio de siempre. Lo que sí es posible augurar es que los porcentajes de las elecciones anteriores a la de 2016 no volverán. 

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