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Por Cándida Cotto / Claridad

ccotto@claridadpuertorico.com

“En el Colegio estamos dispuestos a colaborar en muchas cosas, pero nosotros no somos una plataforma que pueda asumir los servicios sociales que requiere el país”. La advertencia proviene de la presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social (CPTS), doctora Mabel López Ortiz, ante el pobre desempeño de las agencias de gobierno responsables de atender la emergencia y los consecuentes desastres provocados por la actividad sísmica que vive la zona sur del país. 

López Ortiz confirmó a CLARIDAD que las primeras entidades de gobierno que le solicitaron ayuda al Colegio fueron el Departamento de la Familia (DF) y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (AMSCA). Además recibieron solicitudes de ayuda de diversas organizaciones no gubernamentales, organizaciones emergentes y juntes de gente.

“En AMSCA hay una realidad: tenía una serie de recursos de trabajo social para trabajar en las comunidades, que eran con fondos federales, y terminaron. En diciembre estaban prácticamente sin recursos a la comunidad”. Además de la solicitud al CPTS, AMSCA solicitó la ayuda de la Asociación de Sicólogos, de universidades y de los hospitales que atienden la salud mental, los cuales todos son privados, observó.

“En ese sentido, el Colegio de Trabajadores quiso apoyar el Estado en ese trabajo, partiendo de la premisa que nosotros como organización tenemos un doble compromiso con nuestros colegiados y colegiadas y con la ciudadanía, particularmente en el contexto de la mirada de los derechos humanos y el derecho a esa atención”.

Como respuesta a la solicitud de AMSCA, un equipo de colegiados visitó el refugio levantado en el parque de Guayanilla, tras los sismos del siete de enero. La brigada de trabajadores sociales estuvo acompañada por personal de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (CAL-UPR) y por miembros del Colegio de Arquitectos. López Ortiz, describió que en su visita a Guayanilla pudo observar que las comunidades, en particular la Barriada Quebradas, tienen sus refugios orgánicos, emergentes, “como le queramos poner”, donde los vecinos se han juntado en espacios abiertos, y una persona o los líderes comunitarios son los que dieron el primer acompañamiento y atendieron a las familias. Agregó que encontraron mucho miedo y muchos indicadores de tensión en las familias.

En particular, la trabajadora social señaló que si bien la niñez es una población que está vulnerable, en los campamentos observó que los adolescentes estaban mucho más inquietos, lo que dejó ver que no se les está dando atención. Afirmó que el Colegio estaba trabajando un esfuerzo más formal para atender el asunto de la salud mental. López Ortiz señaló que en las comunidades encontraron, más que nada, adultos mayores que necesitan asistencia.

Una experiencia similar tuvieron en su visita al refugio en la Pista Atlética de Peñuelas. La visita a este refugio fue coordinada mediante colegas de ese pueblo. “Llevamos materiales y artículos de primera necesidad. Fuimos con el Programa de la Península de Cantera y llevamos juegos para niños. Otro equipo trabajó con los adultos, entre los que había mucha tristeza y ansiedad. 

El otro fenómeno que observó es que los afectados reconocían cuándo ya tenían suficientes provisiones y les pedían que las entregaran a otras comunidades. También destacó que la asistencia médica que tenían los campamentos es una menor; no para asuntos complicados ni para condiciones especiales, como gente con tanques de oxígeno.

La presidenta del CPTS reveló que en una tarea más que le correspondería al Estado, en esta semana estarían apoyando a un grupo de comunidades en recoger datos sobre el asunto de la vivienda. “Entendemos que a este junte de compañeros de comunidad les preocupa que se está hablando de planes de mover a la gente, pero sin consultarle. Su idea es recoger datos para elevar las voces de las personas afectadas”.López Ortiz confirmó que el DF carece de los recursos de trabajo social y que aun cuando recientemente hubo una convocatoria para reclutamiento esta no se dio debido a que “lamentable las condiciones de trabajo no son las mejores, aunque ahora hubo un aumento para los trabajadores sociales”. Tanto el DF como AMSCA requieren de trabajadores sociales. 

“En el Colegio estamos dispuestos a colaborar en muchas cosas, pero nosotros no somos una plataforma que pueda asumir los servicios sociales que requiere el país. Nosotros podemos y de hecho levantamos un banco de voluntarias y voluntarios. Estamos poniendo todas estas peticiones e identificando a gente que vaya y colabore. Pero no somos la organización llamada a darle servicios directos a la gente. Aquí la exigencia al Estado debe ser que se abra un reclutamiento a su necesidad material en este momento: de salud mental, de trabajadores sociales, de sicólogos”.

La trabajadora social censuró que bajo el contexto de la crisis económica-fiscal y de la Junta de Control Fiscal los servicios sociales no se hayan declarado un servicio esencial. “La gente va a necesitar un plan a mediano y a largo plazo. Inmediatamente, la gente necesita una respuesta y un acompañamiento que del trabajo social puede dar, pero no hay recursos”, afirmó

Miedo a perder sus viviendas

Mientras, la licenciada María Hernández, quien participó de la visita, narró que el temor más grande que le expresaron los afectados es el estado de sus viviendas y el mito de tener que presentar documentación para poder probar que son dueños de sus casas, como sucedió cuando el huracán. “Ese mito la gente lo está arrastrando a esta situación, por lo que tienen miedo de pedir ayuda porque algunos de ellos han construido sus viviendas en terrenos que son de sus padres, algunos fallecidos, y esa documentación legal no la tienen tan clara”.

En este aspecto, se supone que con la declaración de desastre mayor hecha por el presidente de EE. UU., aunque las personas tendrán que pasar por el proceso de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), ya ha habido unos acuerdos para que las personas que han perdido sus viviendas puedan solicitar y ser acreedoras de las ayudas con un mínimo de papeles sin la declaración notariada que se estaba pidiendo, solo con una declaración juramentada de la misma persona.

Hernández visitó algunas comunidades en Barrio Indio (en Guayanilla, colindante con Yauco), donde fue el epicentro del terremoto. Esta narró que conoció a una familia de cuatro miembros cuya vivienda, que estaba elevada, pudo sobrevivir en María, pero ahora con el terremoto se vino abajo. También conoció a otra persona, ya mayor, que por segunda vez perdía su casa; la primera fue con María.

Describió que entre las personas que han perdido sus viviendas existe la desesperanza de qué van hacer ahora, de cómo van a recuperar sus casas. Igualmente confirmó que la mayoría de las personas que observó en los campamentos eran personas mayores.

La profesora de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR aclaró que los fondos CDBGR asignados para los huracanes Irma y María no se pueden utilizar en esta emergencia. En caso de que no se hubiese dado la declaración de desastre mayor habría que abogar por que se pudiera utilizar algo para ayudar a las personas que perdieron sus viviendas. “No me cabe la menor duda de que muchas de esas viviendas estaban debilitadas ya por el huracán. En algún momento hay que relacionar la debilidad de algunas estructuras con el huracán”. Más aun, confirmó que nadie le expresó disposición a dejar sus viviendas, sino a salir de Puerto Rico. “No quieren moverse del sur al norte”.

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