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Autoconstrucción y construcción informal 

Foto Gabriel Soto

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com

Después del huracán María y los terremotos, se acusaba a la gente pobre de construir sin permisos, pero no se cuestionaba cómo llegaron a esa situación. Ahora estamos en medio de una pandemia y la Tierra sigue temblando. La temporada de huracanes se aproxima y, mientras tanto, todavía hay personas sin hogar.

El señalamiento del arquitecto y urbanista Edwin Quiles se hace cada vez más pertinente. Estamos en un momento en que profesiones como la arquitectura tienen que revisar su alcance, relevancia y disciplina.

Ante la realidad que plantean fenómenos como los mencionados surgen proyectos que dan señales de por dónde van esos cambios a los que alude Quiles cuando habla de pensar en espacios nuevos para proyectos nuevos. Un grupo de arquitectos agrupados bajo el Comité de Acercamiento Comunitario ha ayudado a llevar el mensaje fuera del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR).

Pero este planteamiento no ha sido bien visto por el Gobierno, cuya visión sigue siendo la de poner la construcción de viviendas en manos de desarrolladores que imponen un modelo predeterminado sin la participación de sus futuros habitantes. Sin embargo, el Gobierno “demoniza” la autoconstrucción, cuando “esa es la manera en que los pobres resuelven”. Quiles cuestiona el porqué de prohibirle a la gente que haga sus propias construcciones. A cambio, propone la articulación de un sitio (en las alcaldías o en las escuelas vocacionales, por ejemplo), donde la gente lleve su idea, se le ayude a hacer un plano o reciba orientación de cómo usar mejor el espacio; un servicio a la comunidad cobrando una cantidad mínima.

Quiles contrastó los argumentos en contra de la autoconstrucción con el hecho de que una parte significativa de los edificios que sufrieron daños graves fueron aquellos diseñados y construidos bajo el reglamento de Puerto Rico.  “Lo que decían de que las casas que se cayeron fue porque no cumplían con los códigos, vemos que también los edificios convencionales, como fábricas o escuelas, fueron los que más sufrieron”, añadió.

Se acusa de que la construcción informal es el problema, pero esta se da en diferentes escalas. El planificador David Carrasquillo explicó que la informalidad no son solamente construcciones mal hechas, sino construcciones que se hicieron cuando o en donde no se debían hacer. “El problema es cómo se perciben ambos tipos de problemas, porque sin lugar a dudas ambos son problemáticos; pero no se perciben como problemáticos aquellos que pueden defenderse con dinero o generando la presión suficiente al Estado para que les haga proyectos de mitigación, como son las bombas que extraen agua de Ocean Park”, sostuvo.

En el caso de las comunidades pobres que no tienen esas herramientas para cabildear y mover recursos que les sean de beneficio, se ve como un problema que tienen ellos por ser pobres. Aunque se trate de una intervención igual o más sencilla que un sistema de bombas para extraer agua, ya sea un muro de contención o drenajes.

“La realidad es que estos mismos problemas los han tenido muchas otras comunidades. Simplemente, es que hay una reticencia de parte del Estado, del Gobierno, de reconocer que estas comunidades son tan merecedoras de proyectos de mitigación como otras”, señaló.

Así como Ocean Park, a otras comunidades se les ha dado permiso para construir en lugares donde no se debería. Pero a los primeros no se les acusa de ser una comunidad informal porque tienen permisos, aunque incurran en violaciones como el respeto a la zona marítimo terrestre o construir en zonas inundables, entre otras consideraciones.

Carrasquillo criticó que la política de vivienda ha sido malísima en reconocer cuáles son las necesidades en los asentamientos informales que hay alrededor de la isla para atenderlas de forma directa. En Puerto Rico los trabajos están en la Zona Metropolitana; sin embargo, la mayoría de estos asentamientos se dan fuera de esta zona porque son personas que no tienen acceso a un empleo o al suficiente capital para siquiera tomar en consideración hacer una casa por medios formales.

Señaló que el sector de la construcción y el financiero han abandonado la misión de ofrecer una vivienda asequible. Por un lado, el sector de la construcción no reconoce lo anterior. Tampoco de que pueda haber reglamentación y legislación que ponga un tope de lo que debe costar hacer una casa. Por otra parte, los bancos prefieren vender sus propiedades vacantes a especuladores y a grupos que compran casas por decenas antes que venderlas mediante una hipoteca a una persona de carne y hueso.

“El mercado de bienes raíces no responde en lo absoluto a lo que gana la población promedio per cápita. Una casa que cuesta ya casi cerca de los $200 mil es totalmente inalcanzable para una persona que trabaja, yo diría, por el mínimo; pero en verdad, personas que ganan 3 y 4 veces el mínimo tampoco pueden acceder a un préstamo de ese calibre para comprar una casa”.  “No es una cuestión de que estas personas que se ven afectadas son responsables de su situación, porque no es así. Ciertamente, hace rato tiene que haber una enmienda para hacer algún tipo de reforma en términos de vivienda, de cómo se administran diferentes programas federales como el CRA (Community Reinvestment Act) y otras políticas que se supone que estén impactando directamente a las personas, especialmente para acceder a una vivienda asequible; los fondos que vinieron después del huracán, que muchas veces la forma en que han diseñado los programas no cumplen en satisfacer las necesidades que tienen estas poblaciones”, añadió.

Si una persona desea realizar cualquier mejora que sobrepase los $6 mil tiene que sacar permisos, pagar arbitrios al Estado, más un gestor, más un contratista, lo que infla los costos del arreglo de forma exorbitante. Ante esto, Carrasquillo mencionó que debe haber unos costos que se deben sufragar temporeramente en lo que el proceso de recuperación se da. Que debe haber también una una exención en los costos de los profesionales. Con el dinero se podría tener un ejército de profesionales que tengan su sueldo y no tengan que cobrarle directamente a la persona afectada; un programa público en donde se financie y se le comisione a diferentes entidades profesionales como el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Que hagan trabajo pro bono o por algún tipo de costo nominal.

“Parte de las responsabilidades de estos grupos profesionales es rendir servicio pro bono; sin embargo, si no se viabiliza mediante el gobierno lo que estás haciendo es canalizando al sector privado que como intermediario se está llevando todo el dinero que se supone esté llegando a las comunidades”, dijo Carrasquillo, quien concluyó que el proceso no necesariamente se resuelve añadiendo burocracia, pero sí se puede enmendar añadiendo procesos de participación.

Hay asuntos para los que no basta una evaluación de escritorio para ser entendidos. Si como parte del proceso de las construcciones el Gobierno tomara en serio el que la gente que vive en estas comunidades opinara, se podría hacer un trabajo más responsable y más justo. Se podría también evitar futuras catástrofes sociales y ambientales.

 

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