Ayuda legal para comunidades

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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Las organizaciones de ayuda legal también se preparan para procurar que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares utilice el dinero del Fondo de Recuperación de Desastre para el Desarrollo Comunitario en la reparación de viviendas y desarrollo comunitario. En esa dirección, la organización Hispanic Federation (HF) dio a conocer una inversión inicial de $3.17 millones para colaborar con Ayuda Legal Puerto Rico, la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia y con organizaciones comunitarias para la creación y ejecución de un plan que una las estrategias de recuperación críticas: reparación física de hogares, abogacía colectiva y trabajo legal comunitario.

La iniciativa fue dada a conocer en conferencia de prensa llevada a cabo en el Centro Comunal de la Comunidad Buena Vista, en Santurce, donde hubo una amplia representación de organizaciones comunitarias. La directora de Operaciones en Puerto Rico de HF, Charlotte Gossett Navarro, expresó que el gobierno de Estados Unidos no ha respondido como debía a la emergencia —se refiere a los huracanes Irma y María— y que, aunque Puerto Rico necesita muchos millones de dólares para su recuperación, del poco dinero de los $20 millones que se supone fueron asignados, solo se han aprobado $9.5. Añadió que el Plan de Acción del Gobierno de Puerto Rico no contó con la participación de las comunidades y que ha habido falta de transparencia en el proceso.

En tanto, el planificador David Carrasquillo expuso que la iniciativa de HF de poyar a las organizaciones legales y comunitarias tiene el aspecto novel de que no se están considerando las viviendas por separado, sino que la mesa de trabajo legal es para asegurar que las comunidades tengan acceso a los fondos de recuperación para reconstruirse. La ayuda legal comunitaria —describió— tiene que ver con el acceso a la tierra, con ayudar a identificar necesidades y con hacer un plan de trabajo para atender esas necesidades, tales como infraestructura, desarrollo económico, servicios de salud y otros. 

La directora ejecutiva de ALPR licenciada Ariadna Godreau Aubert agradeció la colaboración de HF: “La subvención de Hispanic Federation nos permite darle forma y continuidad a herramientas de abogacía. Amplificar las voces de las comunidades, llevar educación sobre el derecho a una vivienda digna tras el desastre y promover la participación es vital. El derecho a la recuperación justa requiere que se nos reconozca un rol protagonista y decisivo en el futuro de nuestro país y nuestras viviendas. Para lograrlo, la abogacía es indispensable”. Hizo además la observación de que había que contextualizar la crisis de la vivienda en Puerto Rico como una crisis más amplia que tiene que ver con austeridad, la pérdida de democracia, el mal manejo del desastre por el gobierno local, la alta desigualdad existente, el empobrecimiento que está sacando a la gente del país y con los derechos básicos de las personas que han decidido a quedarse.

Según se informó, en la primera fase HF hará una inversión inicial de $2.23 millones en diez organizaciones sin fines de lucro, cifra que ayudará a reconstruir un mínimo de 150 hogares en diez comunidades. Estas comunidades también recibirán subvenciones de abogacía. Otros $670 mil serán para brindar apoyo de abogacía colectiva comunitaria a veintiún organizaciones sin fines de lucro, lo que a su vez impactará a veinte comunidades.

La iniciativa de HF incluye que, a partir del 19 de marzo, Ayuda Legal tendrá disponible la línea de teléfono 787-957-3106 para ofrecer orientación legal en casos de ejecuciones de hipoteca y para contestar preguntas sobre el derecho a la vivienda en Puerto Rico.