CLARIDAD
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Luego de una exitosa marcha en términos de asistencia y de que la Cámara de Representantes desafiara a la Junta de Control Fiscal (JCF) y votara en contra de asignar la cantidad de $750 millones del Fondo General (FG), la “familia energética” -como se han hecho llamar los y las trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)- y, más allá, el pueblo de Puerto Rico, continúan enfrentando el robo que representa el contrato de privatización de la AEE con la empresa estadounidense canadiense Luma Energy .
Este pasado miércoles 12 de mayo, encabezados por mujeres trabajadoras de la AEE y seguidas por trabajadores y trabajadoras jubiladas y activas, tanto de la AEE como de otras agencias y corporaciones públicas y el pueblo, miles marcharon desde el Parque Luis Muñoz Rivera hasta el Capitolio para seguir luego hasta los portones de Fortaleza, exigiendo la cancelación del contrato con Luma
En tanto se congregaban en el parque, muchos de los trabajadores de la AEE que han recibido las cartas de los llamados traslados a otras agencias de gobierno se ocupaban en llenar una apelación. El presidente de la UTIER, capítulo de San Juan, Luis Díaz Felicié -en entrevista- indicó que los empleados de la AEE tienen 30 días para apelar la movilidad por lo que la UTIER preparó un documento oficial para hacer la apelación. La gerencia de la AEE repartió cartas de movilidad a todos los empleados excepto a los que trabajan en la generación. Las cartas están firmadas por la directora de Recursos Humanos de la AEE, Shaira Maldonado Medina,
“Hay agencias en que las plazas existen y otras no; por ejemplo el Departamento de Recursos Humanos en Bayamón está cerrado desde María”, dijo como ejemplo de lo que están enfrentando los y las trabajadoras y el cual es su caso. Hay celadores con 27 años de experiencia que los han enviado a plazas de guardias de seguridad en el Departamento de Educación (DE), supervisores de brigada a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), de costureros en Servicios Generales y otros hasta a la Orquesta Sinfónica. Se supone que las apelaciones se presenten ante la Comisión del Servicio Público.
Díaz Felicié denunció que Luma está adiestrando a trabajadores de la calle, unos 300 en Guaynabo, en pocas semanas para tareas en la AEE que en ocasiones toman hasta dos años de preparación. Puso de ejemplo que él mismo lleva 15 años en Servicio al Cliente para lo cual tuvo que tomar un adiestramiento inicial de seis meses y luego pasar tres meses de trabajo supervisado por cada mes de adiestramiento, para un total 24 meses de adiestramiento.
Se supone que la privatizadora Luma asuma el control de la AEE este 1 de junio y aunque la gerencia de la empresa ha dicho en repetidas ocasiones a algunos medios de comunicación y mantiene una campaña publicitaria de que ya tiene a toda su plantilla, tanto trabajadores de la AEE, abogados de la UTIER y entidades como el Instituto para el Análisis Financiero y Económico de la Energía (IEFFA, siglas en inglés) desmienten esta aseveración.
La marcha que salió después de las 9:30 de la mañana, al detenerse frente al Capitolio y antes de pasar a los mensajes mantuvo un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género. Luego el Padre Pedro Ortiz, se dirigió a los presentes y manifestó: “gracias a las mujeres que no claudican y están dando el frente a la violencia institucionalizada”, y denunció que el contrato de Luma es una de esas manifestaciones de violencia institucionalizada. Exhortó a que no se puede pensar que un buen cristiano, un buen ser humano, pueda estar apartado de las luchas justas, en alusión a combatir el citado contrato. Denunció que el contrato pone en peligro a la agricultura del país, la seguridad alimentaria. “¿Qué más información le vamos a dar para que decidan?”, expresó en relación a los legisladores para que rechacen el contrato. “¿Quien le dijo a Jaresko, que le puede dar órdenes al pueblo de Puerto Rico? Esta actividad -refiriéndose a la marcha -es parte de las fuerzas del País.”
En tanto el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, al dirigirse a los presentes en primera instancia le contestó al presidente de la JCF, David Skeel, quien ese mismo día publicó una columna en el periódico El Nuevo Dia, en la cual defendía el contrato y acusaba a la UTIER no presentar ninguna propuesta.
“Primero para opinar de Puerto Rico y de la propuesta tiene que vivir en el país, lo que nosotros vivimos y sufrimos. Dice que la UTIER, los energéticos, no hemos presentado propuestas para transformar nuestro sistema eléctrico, lo que pasa es que como no sabe leer español no puede entender las propuestas que presentamos”.
Figueroa Jaramillo defendió que la UTIER ha llevado propuestas para transformar a la AEE hacia la energía renovable y que tan reciente como en enero del 2020 se reunieron con la Junta de Gobierno (JG) de la AEE y le presentaron propuestas concretas. El líder sindical retó a que si ellos -la JG- no son capaces de esa transformación, la familia energética estaba dispuesta a asumir las riendas de la autoridad para esa transformación.
El presidente de la UTIER repasó los votos que hacían falta por parte de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) -dos votos- y cinco por parte del Partido Popular Democrático (PPD), para aprobar la resolución que le negaría los $750 millones a Luma para iniciar operaciones. El dinero saldría del Fondo General.
Entre otras expresiones, Figueroa Jaramillo exhortó a los trabajadores de la AEE que son estadistas a que en la elección que tendría esa colectividad para seleccionar a sus “cabilderos por la estadidad” a que en el espacio de nominación directa anotaran “No a Luma”.
Con igual ahínco denunció el que la Junta de Control Fiscal disponga dinero para Luma, pero no así para las escuelas, para combatir la violencia de género, para la Universidad de Puerto Rico, para las pensiones de los trabajadores, “pues que sepan que no hay dinero ni para Luma ni para ningún legislador que están dedicándose para Luma”. Tampoco dejó pasar por alto al presidente de la Cámara de que ya era hora de colgar el nombramiento del secretario de estado, Larry Seilhamer, quien es otro de los que defienden el contrato.
Entre los legisladores que salieron a solidarizarse con el reclamo de los manifestantes estuvieron la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la del Movimiento Victoria Ciudadana. Ningún legislador del PNP estuvo presente. Por parte del Partido Popular el presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Raúl Torres, quien preside las vistas que examina el contrato, al dirigirse al público describió respecto al contrato “No están vendiendo, no están pasando, no estamos atendiendo una cosa público privada. Estamos viendo un regalo que la gobernadora Wanda Vázquez, el gobernador Ricardo Rosselló y la Asamblea Legislativa del PNP legisló en mayoría y las agencias del estado negociaron para regalar la AEE a una empresa que se llama Luma Energy cuyas matrices están en Texas y Canadá y que son compañías extranjeras que no invierten un solo centavo en Puerto Rico”.
Señaló que las vistas han revelado que el contrato a quien único le sirve es a Luma “este contrato no le sirve a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, pero esta lucha comienza hoy en la calle no solamente en el Capitolio”.
Con el sol en su cenit los manifestantes continuaron hacia el frente de la Fortaleza, en lo que hoy se denomina la “Esquina de la Resistencia”. Aun cuando durante la campaña política para la gobernación Pierluisi dijo que si ganaba revisaría el contrato, ahora se niega a revisarlo y alega que los contratos no se pueden menoscabar, además de haber vetado una resolución de la Legislatura que disponía la posposición del contrato hasta enero del 2022 para poder hacerle enmiendas.
En horas de la tarde del miércoles la Cámara de Representantes no aprobó la resolución para asignar los $750 millones. Aunque, como ha sucedido en otras instancias en que la JCF pasa por sobre las decisiones de la Legislatura e impone su criterio en el Plan Fiscal, está por verse ahora hasta donde más la Legislatura retará a la Junta.
Mientras los y las trabajadores de la AEE y otras organizaciones políticas y del movimiento obrero hicieron expresiones de que el pueblo está harto de los atropellos, por lo que la lucha no termina con esta marcha.
