CLARIDAD
Menos mal que pudimos, viejos y jóvenes, distraernos con Bad Bunny ( y de paso educarnos un poco con el extraordinario video con que abrió con sus conciertos). A no ser por ese paréntesis de alegría, del que disfrutaron directamente cerca de cien mil personas, el fango y la sangre que corrió por el País la semana anterior a los conciertos nos hubiese ahogado a todos.
La sangre llegó desde Cidra junto a una escena terrible y cada vez más común: el asesinato a sangre fría de un grupo de personas. Las metralletas sonaron en una batalla más de la guerra civil que se desdobla en nuestras calles, alimentada por la droga que llega del sur camino al norte, y las armas que llegan del norte para custodiar el tráfico. Mientras los “soldados” se matan el gobierno mira impasible, incapaz de controlar ninguno de los factores que hacen correr la sangre. La escena filmada en el antes tranquilo municipio de Cidra dramatiza el desparpajo de criminales que se sienten inmunes a cualquier procesamiento judicial y solo le temen al bando contrario. Esas horribles escenas se han vuelto tan comunes, que ya las miramos como si fuera la película de la tarde.
Las gangas criminales, estimuladas por la impunidad que les da la incompetencia policial, hacen correr la sangre y esa misma impunidad estimula la otra gran tragedia nacional también manifestada la semana pasada: la corrupción. Mientras las metralletas sonaban en Cidra, en Guaynabo se desplegaban policías nacionales y federales para arrestar a un alcalde que hasta ese momento parecía una estrella política en ascenso.
El arresto de Ángel Pérez Otero, quien también era presidente de la Federación de Municipios, la entidad que agrupa a los alcaldes miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), no había sido adelantada en las filtraciones que de ordinario hace la fiscalía federal. Unos días antes, cuando se supo de la acusación criminal contra el alcalde de Cataño, el guaynabeño había comparecido ante la prensa para “denunciar” la corrupción y lamentar los actos impropios de su colega. Como es usual, parecía muy seguro en la denuncia.
Esta nueva saga es idéntica a todas las que hemos conocido en el pasado. Primero aparece uno de los integrantes del “sector privado”, un empresario interesado en “hacer negocios” con el gobierno, para poner el dinero por delante. Es irrelevante saber quién da el primer paso, si el funcionario público pide “la aportación” a cambio del contrato o si el empresario pone la oferta sobre la mesa. La intención está en ambos.
De ordinario, el asunto se disfraza como una “protección a los míos”. El contratista del “sector privado” se vincula al político en la última campaña electoral. Allí se establecen los lazos personales y tan pronto se asume el cargo, se cambian los contratistas anteriores para darle paso a los de “confianza”.
Oscar Santamaría, el abogado que aparece ahora en todas las tramas de alcaldes y legisladores del PNP, es similar a Anaudi Hernández, el “empresario” que aparecía vinculado a las tramas del PPD. Ambos trabajaron en las campañas y luego recibieron los beneficios de la contratación. También ambos corrieron a llegar a acuerdos con los investigadores federales para entregar a sus proveedores a cambio de una reducción en la pena. En cuatro o cinco años están listos para empezar de nuevo escondiendo su identidad detrás de una nueva ficción corporativa
Hace unos treinta años el contratista era de apellido Kourí, luego Hernández y ahora Santamaría. Entre uno y otro hubo muchos otros nombres, pero la historia es archiconocida. Es el mismo personaje de la misma novela que se ha estado publicando casi todos los años.
No hay que hacer mucho esfuerzo para averiguar por qué esa historia se repite tanto. Todos lo sabemos, pero no está demás decirlo. En primer lugar, porque los partidos políticos que la alimentan ser vienen alternando en el poder desde siempre. La corrupción está arraigada tanto en el PNP como en el PPD. Gracias a ella financian sus campañas y cada financiamiento produce un grupo de “empresarios del sector privado” al que hay que agradecerle el apoyo. De paso, el contratista deja caer un sobre con billetes en el asiento del carro.
En segundo lugar, la historia se repite porque muy rara vez la novela no tiene un final feliz. La estructura de procesamiento criminal de Puerto Rico está controlada por quienes se benefician del esquema y ese control les garantiza la necesaria impunidad. En cuanto a los federales, aunque intensifican la publicidad con cada arresto, realmente terminan procesando a muy pocos de los implicados. En esta ocasión, ya sabemos que el abogado Oscar Santamaría tenía contratos en 38 municipios y que, además, recibió más de un millón de dólares por “servicios” prestados a legisladores del PNP. La gran mayoría de esos benefactores no serán acusados. Se sabe, por ejemplo, que le legislador José Torres Zamora le consiguió más de $400 mil en contratos al abogado y, no solo no ha sido acusado, sino que es uno de los precandidatos para ocupar la alcaldía de Guaynabo.
Todo lo anterior nos indica que la solución para este problema va un poco más allá del procesamiento criminal. Para combatir la corrupción tenemos que cambiar el sistema político, hasta ahora representado por el PNP y el PPD, que la alimenta de cuatrienio en cuatrienio. De la misma forma, para atacar la violencia que llena las calles de sangre tenemos que comenzar a transformar la estructura social que la alimenta. Es por ahí que comienza todo.
