Caso Antenas:  Hay que imponer la voz del pueblo

 

CLARIDAD

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Las razones en las cuales la Oficina de Gerencia de Permisos (PGP) se escuda para otorgar permisos de construcción de torres de comunicación a diestra y siniestra, son en efecto las mismas por las cuales las cientos de comunidades alrededor de la isla que integran el Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas (FCCPA) reclaman una nueva ley que considere una participación compulsoria de las comunidades en el proceso.

Luego de 15 años de insistencia las comunidades lograron que en la presente sesión legislativa se presentará el proyecto PS 319, para crear una nueva Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Comunicación. La medida presentada por petición ciudadana fue examinada en vistas públicas el pasado 13 y 14 de octubre ante la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, que preside la senadora Elizabeth Rosa Vélez.

Para el licenciado Jesús Morales Irizarry, representante legal de varias comunidades que han impugnado en el tribunal permisos otorgados por la OGP, y quien depuso en las vistas públicas apuntó que la OGP se victimó “pero todos tenemos razón en señalar que es culpa de OGP porque son ellos los que están autorizando los permisos”.

Y es que en su su presentación ante la Comisión la OGP, rechazó la denuncia de las comunidades recogidas como fundamentos para el nuevo proyecto de que los procedimientos seguidos por la agencia para otorgar permisos se distancien de manera abismal de la participación ciudadana que “persigue” la Ley 89 del 2000. La OGP reniega los fundamentos para justificar el proyecto de que: no se celebran vistas públicas; no se evalúa el efecto en el valor de las propiedades cercanas a las estructuras; no haya participación de las administraciones municipales; no ha notificación adecuada a los vecinos; ni siquiera se realizan inspecciones oculares y hay casos en que una vez finalizada la construcción OGP advierte que la obra se levantó en predios que no corresponde al número de catastro de la solicitud aprobada.

El licenciado Morales Irizarry responsabilizó igual a la Junta de Planificación (JP) cuya ponencia ante la Comisión también se escudó en que la responsabilidad de los permisos es de la OGP. “La Junta todavía tiene muchas prerrogativas por ejemplo la consulta de ubicación se supone sea de la Junta y la OGP se las está abrogando”. Afirmó que hay querellas por consultas de ubicación ante la JP que tienen hasta cinco y seis años sin atender.

En entrevista por separado el portavoz del Frente de Comunidades, Wilson Rosario, destacó el hecho de que por fin se haya podido presentar el proyecto y ver en vistas públicas tras 15 años de intento. Su impresión sobre las vistas es que los senadores que asistieron y la presidenta de la comisión, senadora Elizabeth Rosa Vélez, fueron muy empáticos con lo expuesto por los líderes comunitarios y el Frente y que las preguntas fueron de mucho contenido.

Sobre la oposición de la OGP al proyecto denunció que esta siempre se ha caracterizado por abanderarse con las empresas “o porque tiene miedo de hacer valer la voz del pueblo pero es bueno saber que ellos se oponen porque así estamos claros”.

Trajo a la atención las respuestas de la OGP ante cuestionamientos de la senadora Maria de Lourdes Santiago que dejo demostrado que no es correcto las aseveraciones de que la distancia entre las residencias y las torres, la notificación a las personas sean campo ocupado por la ley federal. El único campo ocupado que hay indicó Torres es que en los tribunales no se puede hablar de salud. Sin embargo señaló que el Tribunal Apelativo del Distrito de Nueva York, le cuestionó recién a la Comisión Federal de Comunicaciones el por qué no se consideraban los estudios que hablan de los negativo que es para la salud la nueva tecnología campo magnético.

“Entendemos que tenemos la razón nos amparan mas de dos mil estudios que hablan sobre los efectos a la salud y mas que nada creemos que el proceso de ley 89 está caducado y no responde a la realidad en Puerto Rico no cabe una antena mas hay 20 mil antenas”.

Además del licenciado Morales Irizarry y el portavoz del Frente, portavoces de las comunidades Las Margaritas, de Salinas, Jaguas, de Gurabo y Cañaboncito de Caguas, todas expusieron sobre la lucha que han tenido que librar frente a las compañías constructora y con la OGP.

Junto a OGP, la JP y el Negociado de Telecomunicaciones por parte del gobierno las tres se expresaron en contra de la medida. Una Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, en representación de la industria, presidida por una persona de nombre Luis Romero Font, también se expresó en contra.

En entrevista por separado la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PI) licenciada Maria de Lourdes Santiago, destacó respecto a la postura de la OGP y la JP el que es la misma que adoptan estas dos agencias en todos los temas ambientales y comunitarios.

“No ha habido un asunto no importa cuan bien documentado esté el incumplimiento de esas agencias para que el que ellos favorezcan una transformación real. En el caso de las antenas tenemos lo que es un mal muy antiguo en todo el trámite de las construcciones que es la ley de certificación. El concepto mediante el cual que lo que diga un ingeniero en un documento sometido con su firma y su sello se entiende como veraz sin que tenga que haber un mínimo esfuerzo para corroborar lo que se dice”.

Señaló que muchos de los problemas que se están viendo en el caso de las instalaciones de antenas es porque no se registra de forma correcta por parte de los ingenieros a cargo la distancia entre las propiedades y lo que se propone construir y a pesar de que eso ha ocurrido con las antenas y otras instancias por parte de de las agencias con jurisdicción no hay ningún ánimo de establecer mecanismos de corroboración.

La senadora Santiago dio crédito de que una de las ganancias del proceso de las vistas fue el que las comunidades hicieron señalamientos puntuales de la necesidad de aumentar la distancias entre la torre y las viviendas, y muy significativo el tema de la actitud de los representantes de las compañías de las antenas y de las empresas de construcción de actuar con prepotencia, conducta que no tiene que ser tolerada por las comunidades.

Una experiencia que ejemplifica esta denuncia es la situación que ha vivido la comunidad Goyito Arriba de Aguada.

Otro aspecto que trajo a la atención es el hecho del tracto de la medida la cual se intentó presentar en tres cuatrienio. Durante este tiempo la medida se ha ido modificando y uno de los elementos dijo que se ha podido ver “y para nosotros bien importante es que no puede ser una doctrina jurídica de que es mejor pedir perdón que pedir permiso”. Se refiere a que una de las situaciones que están pasando es que si una comunidad va al tribunal y el tribunal invalida el permiso de la construcción, la compañía todavía puede ir por una segunda ocasión a OGP y volver a solicitar el permiso. “No debe ser si no es capaz de cumplir con los procedimientos la primera vez debe estar vedado de volver a pretender que se se le autorice el proyecto y máxime si lo pretende en el mismo sitio y las agencias le dan el visto bueno”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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