Por Cándida Cotto/ CLARIDAD
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El Centro para una Nueva Economía (CNE) se sumó a los que han advertido de que el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no es una buena transacción para Puerto Rico.
El análisis del acuerdo al que llegaron la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico con la mayoría de los tenedores de bonos de la AEE y Asured Guaranty fue hecho por el director de Política Pública del CNE Sergio Marxuach y publicado este 23 de mayo. Entre los señalamientos, Marxuach destacó que las condiciones de reestructuración de la deuda (RSA, siglas en inglés) son demasiado generosas con los acreedores, desalientan la transición a la generación distribuida con fuentes renovables y es incierto que provean el alivio a la deuda necesario para mantener a la AEE funcionando sin tener que entrar en otro proceso de reestructuración a corto o mediano plazo. El CNE coincide con los señalamientos hechos por el Instituto para el Análisis Financiero y Económico para la Energía (IEEFA, siglas en ingles) de que esas condiciones de restructuración resultarán en un aumento significativo durante décadas en la tarifa para los consumidores puertorriqueños.
Explicó que el RSA propone el intercambio de los bonos existentes de la AEE por dos tipos de bonos nuevos. Los Bonos Clase A (Tranche A) serán intercambiados en una proporción de 67.5% de la cantidad principal de los bonos pendientes, sujetos al intercambio, además de otros pagos. Mientras que los Bonos Clase B (Tranche B) se intercambiarán a una proporción de 10% de la cantidad principal de bonos pendientes, sujetos al intercambio. Esto implica una reducción en el valor nominal de los bonos existentes de 22.5%.
El término de vencimiento que tendrán los bonos Clase A será de 40 años, sujetos también a una amortización temprana en ciertas circunstancias. Dichos bonos devengarán intereses a una tasa anual de 5.25%, que se pagarán en efectivo y serán exentos de impuestos. La condena de más de 40 años en el pago de la deuda es la de los Bonos Clase B, los cuales tendrán un vencimiento de 47 años. El interés de los Bonos Clase B se pagará en especie, es decir, con bonos adicionales Clase B, y se acumulará a una tasa anual de 7.00%, si exento de impuestos, o de 8.75%, si es sujeto a impuestos.
El aumento en las tarifas que sufriremos los consumidores de la AEE se explica con el cargo de transición. Esto quiere decir que el repago de los bonos nuevos estará asegurado por un gravamen en el flujo de efectivo futuro generado por la AEE. Este es un cargo especial que se añadirá a las facturas de los consumidores y se utilizará de manera exclusiva para pagar los bonos nuevos. El cargo de transición está diseñado para aumentar de manera escalonada, comenzando en 2.768 c/kWh durante el año fiscal 2021, hasta un límite máximo de 4.552 c/kWh durante el año fiscal 2044, y hasta el vencimiento de los bonos nuevos.
Este cargo de transición se incluirá en la factura, tan pronto como el próximo 1 de julio de 2019, y equivale a 1 c/kWh. Comenzando el 30 de agosto de 2019, la AEE les pagará a los bonistas una cantidad igual a los kilovatios/horas facturados por la AEE durante el mes anterior, multiplicada por 92% y luego multiplicada por el cargo por acuerdo de transacción.
La otra carga que se nos impondrá a todos los abonados de la AEE —presenta el CNE— y que exige el RSA es el llamado “cargo por subsidio” para todos los consumidores, excepto los que han recibido excepciones mediante legislación. Con este cargo, la AEE pretende, primero, recuperar de todos sus consumidores los costos incurridos por la AEE o cualquier sucesora por subsidios otorgados a varios tipos de consumidores; segundo, recuperar cantidades facturadas y no cobradas a clientes privados y, tercero, recuperar cantidades facturadas y no cobradas a clientes del Gobierno.
En el caso de las personas que generan su propia electricidad, estarán sujetos a un cargo de transición, a menos que estén completamente y de manera permanente desconectados del sistema eléctrico estatal. Señaló Marxuach que, según se está proponiendo, el cargo de transición esencialmente sería un impuesto regresivo sobre todos los consumidores. Además, desalentará a que los consumidores instalen sistemas de energía renovable “behind the meter generation systems”, que es como se conocen los sistemas de generación de energía que no son medidos por contadores.
En conclusión, Marxuach exhortó a que por todas estas razones el RSA se debe rechazar y recomendó respetuosamente que las partes regresen a la mesa de negociación.
