El Senado Académico del recinto de Ciencias Médicas aprobó varias mociones, entre estas, una para oponerse al 1430 y otra dirigida específicamente a oponerse al 1441, según redactado, y recomienda el desarrollo de un comité de trabajo para evaluarlo y modificarlo.
Por Giancarlo Vázquez López
CLARIDAD
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El Senado Académico del Recinto de Ciencias Médicas (RCM-UPR) se expresó en contra de los proyectos del Senado 1430 y 1441 tal como fueron presentados en la Legislatura. Ambos proyectos sientan las bases para la privatización del Recinto, según han alegado estudiantes, claustrales y economistas.
En una reunión el pasado jueves, 15 de diciembre, el Senado Académico aprobó varias mociones, entre estas, una para oponerse al 1430 y otra dirigida específicamente a oponerse al 1441, según redactado, y recomienda el desarrollo de un comité de trabajo para evaluarlo y modificarlo.
El proyecto 1441 propone la creación del Fondo Apremiante del RCM, separado e independiente del Fondo General, a los fines de otorgar becas, subsidios y ayudas a estudiantes (70%), así como una partida de fondos discrecionales (30%). Según la resolución, tanto la distribución de fondos propuesta como la manera de constituir y administrar el Fideicomiso requieren mayor pensamiento a los fines de lograr el fin propuesto.
A estos fines, el Senado Académico aprobó la constitución de un Comité Ad-hoc para analizar el proyecto y hacer las recomendaciones en su próxima reunión de febrero de 2020.
“Actualmente, la Ley de la Universidad nos permite hacer estas gestiones sin la necesidad de nuevos proyectos de ley que pongan en riesgo que fondos públicos caigan en manos privadas mediante Alianzas Público-Privadas”, expresó en un comunicado de prensa Juan C. Vega, senador estudiantil por la Escuela de Enfermería.
En cuanto al proyecto 1430, este le permite al RCM establecer corporaciones subsidiarias que puedan desarrollar alianzas público-privadas, recibir, custodiar y administrar fondos, donaciones, transferencia de activos, recursos o fondos externos al recinto, dirigir la operación de propuestas federales y estatales y otras.
La resolución del Senado Académico señala que dicho proyecto carece de un análisis de costo-beneficio que pueda demostrar que Ciencias Médicas recibirá fondos nuevos y cómo estos serían utilizados para salvaguardar la misión académica, investigativa y de servicio al país que presta el Recinto.
En el documento se argumenta que “la multiplicidad de corporaciones subsidiarias y las alianzas público-privadas crean espacios privatizados dentro de la misma institución universitaria y restan transparencia a la sana administración de fondos públicos”.
El proyecto no explica cómo se allegarán fondos al Recinto de Ciencias Médicas, sin embargo, abre la puerta a que el dinero público pase a manos privadas. Por otra parte, pone en riesgo la preparación de los futuros profesionales de la salud, las investigaciones que se llevan a cabo en el Recinto y el cuidado de la salud al pueblo de Puerto Rico.
En el mismo comunicado de prensa emitido por el Senado Académico del recinto, la senadora académica Lida Orta Anés alegó que ambos proyectos habían estado circulando en la Legislatura desde antes del verano con cambios en los números que los identifican y de legisladores que los han radicado. La radicación inicial se dio en la Cámara y luego de la aprobación, tanto en la Cámara como en el Senado de Puerto Rico, el entonces gobernador Ricardo Rosselló emitió un veto expreso al mismo antes de abandonar La Fortaleza.
Todo esto trascendió de forma ajena al SA, sin que ese cuerpo de gobernanza del Recinto haya sido informado y mucho menos consultado. La Ley Orgánica de la UPR claramente establece las funciones y responsabilidades de los rectores y los senados académicos en las unidades. Orta Anés puntualizó que el rector no tiene la prerrogativa de ir por su cuenta a la Legislatura a “peticionar” proyectos de ley que redunden en cambios de esa magnitud y, mucho menos, aduciendo que tiene el apoyo de la comunidad universitaria del Recinto.
Al cierre de esta edición, el Consejo General de Estudiantes de Ciencias Médicas no tenía una posición oficial sobre este asunto, ya que aún no se había reunido para discutir los puntos presentados en la reunión del pasado 5 de diciembre.
