En diciembre de 1947, Don Pedro Albizu Campos regresó a Puerto Rico después de cumplir varios años de prisión, en Atlanta, Georgia, y tras un periodo de recuperación en un hospital de Nueva York, y de inmediato, reorganizó y reavivó las fuerzas del nacionalismo. Para esa misma época, el gobierno estadounidense aprobó la Ley de Seguridad Nacional y creó la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés).
Mientras los EE.UU. se autoproclamaban ejemplo de democracia y defensores del mundo libre, el independentismo puertorriqueño denunciaba el régimen colonial que mantenían sobre la Isla. Todos estos acontecimientos motivaron la implementación de un estatus intermedio en la Isla para intentar contener las denuncias de coloniaje en el plano internacional. El auge independentista y el discurso albizuista, pusieron en alerta a las agencias federales de seguridad.
En junio de 1948 fue aprobada la Ley 53, conocida como la Ley de la Mordaza, un calco de la Ley Smith de 1940 (aprobada por el Congreso de los EEUU en el contexto de la Guerra Fría para reprimir toda disidencia), promovida por el entonces presidente del Senado de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, aprobada por el PPD y firmada por el primer gobernador puertorriqueño nombrado por el presidente estadounidense Truman en 1946, Jesús T. Piñero; esto, a pesar de las protestas de independentistas y nacionalistas, y de la oposición de los demás partidos políticos, de entidades cívicas y de la prensa. Esta ley criminalizaba la lucha por la independencia y suprimía dos de los derechos principales de la democracia: el derecho de expresión oral y escrita y el derecho de reunión.
Para 1948, Muñoz Marín, quien aspiraba ser el primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico, defendió la Ley 53 con los mismos argumentos anticomunistas que el presidente Truman. Las Actas senatoriales que contenían esas argumentaciones “se perdieron” durante su presidencia en el Senado de Puerto Rico. La Ley de la Mordaza se utilizó para intentar frenar la militancia del Partido Nacionalista y para detener la fuerza electoral del Partido Independentista Puertorriqueño –fundado en 1946– en las urnas mediante una feroz campaña de miedo a la independencia y bajo un clima de férrea vigilancia en los mítines de independentistas y nacionalistas por parte de policías que anotaban los discursos.
Además de los arrestos y acusaciones tras la Insurrección de octubre de 1950, en agosto de 1951 un grupo de nacionalistas fue sentenciado en el Tribunal de Distrito de San Juan por infracción a la Ley 53, entre ellos: Don Pedro fue condenado a 54 años de cárcel por haber pronunciado doce discursos entre los años 1948 y 1950; la estadounidense Ruth Reynolds, por haber juramentado ofrendar vida y fortuna a la lucha por la independencia en una asamblea celebrada en Arecibo en 1949; don Francisco Matos Paoli, por haber pronunciado dos discursos y por sus escritos; José Enamorado Cuesta por haber escrito dos artículos en un periódico de su propiedad; y don Modesto Gotay, por tener una bandera de Puerto Rico flotando en el techo de su residencia…
La nefasta ley fue derogada en 1956, no por la magnanimidad del gobierno colonial ni de sus funcionarios serviles y rastreros en la Isla, sino por la decisión del caso Pennsylvania v Nelson en la Corte Suprema Federal de EE. UU., que estableció que la Ley Smith ya ocupaba el campo de cualquier otra ley antisubversiva en los estados y los territorios de los Estados Unidos.
Tomado del Calendario Nuestros Mártires, 2020.
