Cobra fuerza el rechazo al contrato de LUMA

 

CLARIDAD

Al tiempo que la UTIER (Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) se mantenía en paro de 24 horas aumentaba el rechazo al contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con la empresa LUMA Energy, en particular, por parte de Asambleas Municipales.

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) dio a conocer mediante comunicado de prensa que las legislaturas de Rincón (PPD), Humacao (compartido PNP/PPD), Loíza (PPD), Vega Baja (PPD), y Comerío (PPD) aprobaron resoluciones repudiando el contrato otorgado a LUMA Energy, además de apoyar que tanto la Cámara de Representantes como el Senado investiguen la contratación a la privatizadora. Las legislaturas municipales denunciaron que, según se ha anticipado, al cabo de 15 años la contratación habrá costado $1,500 millones y encarecido aún más el costo de la electricidad en Puerto Rico.

La iniciativa para expresar rechazo al contrato de LUMA ha sido promovida por las delegaciones del MVC en los 24 municipios donde tienen representación legislativa.

La primera legislatura municipal en oponerse a la privatización fue la de Vega Baja, según indicó Edwin Marrero Santiago, delegado de MVC en ese municipio. En Humacao, el apoyo de los legisladores municipales a la medida fue unánime, “dando cátedra de cómo las delegaciones de todos los partidos antepusieron el país por encima de sus partidos”, expresó Ana E. Ponce Rosa, legisladora por el MVC. Añadió que “todos los legisladores de Humacao entendieron que el asunto de la privatización era algo que perjudicaba a todos los puertorriqueños, independiente del partido político al que pertenecían”.  En dicho municipio, la legislatura es del Partido Nuevo Progresista y el alcalde es del Partido Popular Democrático. En el caso de Comerío, el legislador del MVC, Carmelo Pérez Vega, indicó que la medida se aprobó con todos los votos de la delegación popular y la abstención del PNP.

En tanto, en Aguadilla, informó el MVC, la discusión de la medida provocó un intenso debate entre los miembros de la delegación PNP. Según Edwin Cornier, legislador municipal del MVC, la medida cuenta con los votos de la delegación popular y el compromiso de dos legisladores del PNP, incluido el presidente de la Legislatura Municipal. Cornier anticipa que la resolución será aprobada en la próxima sesión, luego de someterse una enmienda.

De acuerdo con el MVC, las legislaturas municipales que se han negado a dar el apoyo en contra de la privatización han sido Cataño y Aibonito, ambas dominadas por el PNP. En Cataño, la legislatura “se opuso sin sonrojarse”, según Aramis Fernández, legislador del MVC de este pueblo, quien añadió que “son el modelo de legislatura que actúa como un sello de goma del alcalde”. En el caso de Aibonito, la mayoría PNP determinó que el gobernador, Pedro Pierluisi, ya estaba atendiendo el asunto y no era pertinente al municipio, a pesar de la insistencia de Alejandro López, legislador del MVC, de que “lo menos que podían hacer era expresar el sentir de los 25,000 aiboniteños cuya factura de electricidad será aumentada”.

Por su parte, la legislatura de Salinas también ya aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por la legisladora Municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Ada Ramona Miranda Alvarado.

La resolución, a la cual se unió como coautora la delegación del PPD, también apoya las investigaciones que se realizan actualmente en el Senado y la Cámara sobre dicho contrato.

“El contrato con LUMA Energy es leonino porque favorece solo a una de las partes y representa una carga extremadamente perjudicial para el pueblo de Puerto Rico, en especial para los salinenses”, expresó Miranda Alvarado.

La resolución recoge el dato de que el contrato otorgado a LUMA establece un pago fijo por parte de la AEE en el primer año de $70 millones y $13 millones adicionales en incentivos, si se cumplen ciertas condiciones; $90 millones en el segundo año y $105 millones en el tercer año, pudiendo aumentar los incentivos hasta un máximo de $20 millones. “No puede ser alternativa para nuestro pueblo la entrega del principal activo público al sector privado cuya función no es el servicio, sino el ánimo de lucro. Por ello, concebimos la transformación de la AEE estando la misma en manos del pueblo, no de empresas privadas que tan sólo persiguen aumentar sus ganancias”, declaró Miranda Alvarado.

Mientras, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, quien depuso la semana pasada en vista pública, también se expresó en contra del contrato. “He estado examinando los detalles y estudiando el tema desde la perspectiva de administradora, alcaldesa y también como ciudadana y exempleada de la AEE, y no me queda duda alguna de que este contrato, como está ahora mismo, no le hace bien a Puerto Rico”, señaló la también tesorera de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico La Asociación agrupa a los alcaldes del PPD.

Entre los cambios más importantes que dijo la alcaldesa de Morovis requiere el contrato está la eliminación de las cláusulas denominadas ‘de causa mayor’ que permitirían a LUMA abandonar al país en caso de un huracán. “Luego de haber pasado por Irma y María, eso es impensable. Si LUMA interesa hacer negocios en la isla, que es lo razonable, tiene que comprometerse por escrito. Yo estoy convencida de que la AEE debe mantenerse como corporación pública y que la función de LUMA Energy sea gerenciar las operaciones, ya que esa es su experiencia”.

La alcaldesa también objetó que en el contrato se proyecte un aumento tarifario a partir del cuarto año de funciones de LUMA, por lo que planteó que se debe garantizar la participación de la AEE y el Negociado de Energía en las decisiones sobre el sistema eléctrico y que se reconozcan los convenios colectivos vigentes.

Según informó Maldonado, ella trabajó en la AEE del 2003 al 2015, en posiciones como empleada unionada de la UTIER y también como gerencial, supervisando las operaciones de servicio al cliente.

“Conozco el sistema eléctrico desde adentro y sostengo que sin el recurso humano experimentado que hoy tiene la AEE, a LUMA se le hará más costoso y lento hacer el trabajo. Es impensable haber un contrato de tal magnitud y bajo la premisa de que la empresa se ha de ir de Puerto Rico cuando más la vamos a necesitar luego del embate de un huracán”, argumentó.

Paro y asamblea

Por parte de la UTIER, tras concluir el paro a las diez de la mañana del miércoles, llevará a cabo una asamblea general el en el Coliseo Roberto Clemente en la cual la matrícula se propone atender los reclamos en contra de la contratación de LUMA. La semana pasada, la UTIER y la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE sometieron al designado secretario del Departamento de Estado, Larry Seilhamer, las enmiendas que entienden son necesarias para proteger el sistema eléctrico. El secretario de Estado es quien preside un comité timón, creado por el gobernador Pedro Pierluisi, con la supuesta encomienda de analizar el citado contrato.

En otro esfuerzo por detener la privatización, los senadores por el PPD Javier Aponte Dalmau y Ramón Ruiz Nieves presentaron el proyecto PS 213 para enmendar la ley de la AEE y disponer que la creación o contratación de AEE con compañías, sociedades, o corporaciones subsidiarias, con fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o asociadas para determinados fines deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa mediante Resolución Concurrente. La revista Microjuris cita que los senadores afirman que el lenguaje existente en la ley orgánica de la AEE podría llevar a concluir que la corporación pública tiene el poder para autoliquidarse sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa y sin mandato de ley mediante diversos negocios jurídicos que la hagan inoperante o inexistente.

Pero el hecho actual es que según el contrato negociado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas con el total aval de la Junta de Control Fiscal, LUMA asumirá las riendas de la AEE el próximo 1 de junio, cuando vence el periodo de transición que ya le ha costado al erario $101 millones, como advierte el MVC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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