Por Cándida Cotto / CLARIDAD
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Un proyecto que representa un retroceso en derechos, un documento trabajado dentro de líneas partidistas. El proyecto del Código Civil que pretende aprobar el Senado; en caso de que la presión pública no lo logre detener, o ya sea que la gobernadora Wanda Vázquez Garced, no le imparta su firma y aun así la Legislatura decida pasar por encima del veto, va dejar como única opción a la ciudadanía impugnar ante el tribunal los artículos que entiendan violan sus derechos.
La abogada asociada del capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), Johanna Pinette Estrada, -en entrevista- denunció tanto el contenido del proyecto como su proceso legislativo. En esa línea censuró que no fue hasta que se anunció que el Senado iba a votar sobre el proyecto, que los grupos interesados, incluyendo a la ACLU tuvieron acceso al documento.
El proyecto al cual la ACLU y otras organizaciones tuvieron acceso y oportunidad de analizar y que tuvo vistas públicas fue la medida que se presentó en la Cámara de Representantes en el 2019. Aunque reconoció que a la versión de la Cámara se le hicieron cambios positivos, la última versión del Senado sigue teniendo artículos preocupantes.
“El pasado año estuvimos meses analizando el proyecto, ahora con lo tarde que han puesto la versión del Senado no se ha podido hacer un análisis completo. Estoy segura que muchos de los senadores tampoco lo han podido hacer, es un documento extensísimo, son miles de artículos y cada uno lleva un análisis; estoy segura que muchos de los senadores que tienen que votar por esta medida no han podido hacer ese análisis”, afirmó. Esto además de la falta de transparencia.
Esta no es la primera vez que se intenta revisar el CC ya antes hubo una Comisión Revisora del Código Civil, que trabajó el tema por diez años. El informe que produjo esa comisión se engavetó y luego hubo un segundo intento cuyo trabajo quedó una vez más en nada.
La licenciada Pinette Estrada confesó que cuando en este cuatrienio se anunció que se iba a revisar el Código bajo la comisión que dirige la senadora María Milagros Charbonier, a la ACLU le preocupó desde un principio. Destacó que el Código Civil es el documento mas importante luego de la constitución que incluye aspectos desde cuando una persona nace, se convierte en persona hasta después de la muerte de esa persona lo que va a pasar con sus posesiones etc. Y aunque en efecto se tiene que adaptar a nuestros tiempos y a nuestras necesidades, “lo que vemos es que se están adoptando posturas de ciertos grupos en particular y eso es una preocupación porque un código tiene que ser para todas y todos, no puede ser para unos grupos en particular”.
A la luz del proceso reparó que aunque es cierto que debe haber una revisión del CC tampoco es que el actual esté por completo obsoleto, que no funcionen los tribunales, “no debe haber una prisa por aprobar algo que no se adapte a la realidad que vivimos”. Adelantó que en caso de que se apruebe el CC de la manera que sea la opción que queda es ir al tribunal para que declare inconstitucionales los aspectos cuestionados.
Por su parte la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR) solicitó mediante carta -el martes 11 de marzo- con copia a la gobernadora, al presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, a que detenga la votación del proyecto y se celebren vistas públicas.“Entendemos que es prematuro aprobar esta versión del Código Civil debido a que todavía quedan extensas partes del Código que no han sido ampliamente discutidas, que son de difícil entendimiento, que van a generar controversias judiciales y constitucionales innecesarias y, quizá más importante, alteran infundadamente la fuente de interpretación doctrinal de la cual nuestro derecho civil se ha nutrido por más de cien años”, sentenció el presidente de la Comisión del CAPR, licenciado José J Lamas Rivera.
Al igual que ACLU el CAPR trae a la atención que el Código Civil del Senado, aunque es muy diferente a la versión que salió de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, las enmiendas que se le han hecho no son suficientes y que aun continúa siendo una pieza, “incompleta, tímida y desarticulada”.
De acuerdo con Lamas Rivera, las áreas del Código Civil propuesto que todavía necesitan mayor discusión y precisión son: la organización temática del Código; la eliminación de toda referencia del concepto de los derechos esenciales de la persona natural ante el estado; la definición más precisa de los derechos que ahora se reconocen al concebido, pero no nacido; los aspectos discriminatorios contra la comunidad trans al imponer trabas para que puedan el obtener un certificado de nacimiento que refleje el género con el cual se identifican; el porqué no se intentó integrar los contratos mercantiles en el documento; y los efectos de adoptar los llamados daños punitivos en nuestra jurisdicción; entre otros.
“Lo que es más, la sociedad puertorriqueña no sabrá cuáles son las nuevas disposiciones que ahora rigen sus vidas privadas. No albergamos duda de que el Código Civil no está listo para ser aprobado y que necesita ser discutido de la forma más amplia y democrática posible, en vistas públicas”, puntualizó.
Además el CAPR reparó que el proyecto se ha trabajado dentro de líneas partidistas, sin la participación de la minoría y demás sectores de la sociedad.
En tanto el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) también cursó una carta a Vázquez Garced, en la que le hace un llamado a que no se apruebe el proyecto y que se posponga para abrirlo a vistas públicas. CABE también elevó a la atención de la gobernadora los aspectos del código que tienen que ver con los miembros de su comunidad, con los cuales coincide el CAPR y otros como hogar seguro y la prohibición del discrimen.
Las tres organizaciones coinciden en que el término de 180 días después de su aprobación, para que el código entre en vigencia es insuficiente para readiestrar a toda la abogacía, miembros de la judicatura y demás profesionales que intervienen en los procesos judiciales.
