Sólo una convicción genuina provee las fuerzas para afrontar los sacrificios que ese tipo de choque implica. Nada hay en el actual liderato colonial puertorriqueño que lleve a pensar que las expresiones públicas emitidas tras las acciones de la Junta surgen de ese tipo de convicción y no de meras posturas políticas de cara a una futura elección.
Alguna vez se describió la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos bajo el Estado Libre Asociado (ELA), como una de “colonialismo con cadena larga”, una referencia específica a la relativa laxitud con que, por décadas, el gobierno de Estados Unidos aprobó y desembolsó de sus fondos para diferentes agencias, programas e iniciativas que se financian en conjunto con el gobierno de Puerto Rico, y que se destinan a servicios esenciales tales como alimentos, educación, salud, vivienda y otros. Lo mismo aplicaba a las múltiples propuestas que se aprobaban para extender a Puerto Rico- fuera al gobierno o a entidades privadas o sin fines de lucro- fondos variables de distinto tipo, para atender situaciones específicas de sectores vulnerables de la población. Así fue deviniendo Puerto Rico en una colonia totalmente dependiente donde, a imagen y semejanza de la metrópolis, dos partidos se turnan el gobierno sucesivamente y acceden a dichos fondos federales mediante los cuales gobiernan, politiquean y utilizan para favorecer y premiar a sus leales partidarios y financiadores de sus campañas políticas.
El mal uso de fondos públicos en Puerto Rico- sean locales o federales- se ha convertido en uno de los males endémicos de esta colonia podrida. Y en la medida en que la economía ha ido decayendo, por la inercia e ineptitud de los sucesivos gobiernos, la dependencia en los fondos que vienen del Norte, y por consiguiente la corrupción pública y privada en nuestro país han ido creciendo y extendiéndose.
En los últimos cuarenta años, el récord ha sido fatal. Entre 1992-2000, bajo el gobierno de Pedro Rosselló, más de 40 oficiales de dicha administración, así como contratistas y contribuyentes políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP) fueron encausados por fraudes millonarios con fondos provenientes del gobierno federal que estaban asignados para servicios esenciales al pueblo. Hoy, esta situación ha hecho crisis en la medida en que la artificial “bonanza económica” del ELA se ha trastocado en una crisis económica, fiscal y moral de grandes proporciones que impacta todo, y a todos, en el país.
Los sucesivos gobiernos del PNP y del Partido Popular han ido en franca decadencia con oficiales electos o nombrados por afiliación y lealtad partidista, en lugar de mérito, aptitud y conocimiento; inversionistas políticos que quieren cobrar con intereses una vez que su candidato gana la elección y se instala en el gobierno; una economía deprimida para la cual no se plantean soluciones realistas ni se desarrolla un plan estratégico; una deuda pública de decenas de miles de millones de dólares, que compromete la mayor parte de los ingresos del gobierno, y una corrupción que ha ido extendiéndose como hiedra por todo el aparato gubernamental y por la esfera privada también. Administración de gobierno tras administración de gobierno, hemos sido testigos de la variedad de esquemas que se han diseñado para desviar fondos públicos de sus legítimos propósitos y convertirlos en botín para ser repartido como prebenda. Los arrestos y acusaciones el verano pasado de la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher; la administradora de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Ángela Ávila y un súper contratista del gobierno de Ricardo Rosselló, Fernando Scherrer, de la firma de contabilidad BDO, son solo los más recientes entre una larga cadena de escándalos por corrupción con fondos públicos federales y locales en los distintos gobiernos que se han turnado el poder en Puerto Rico.
La respuesta del gobierno de Estados Unidos ha sido contundente. Al colonialismo con cadena larga le han cortado drásticamente sus eslabones, porque las potencias coloniales no se andan con chiquitas cuando de sus intereses, o de su dinero, se trata. Por eso, el Congreso olvidó la Carta de Derechos de Naciones Unidas, y sus cacareadas pretensiones de gobierno propio en Puerto Rico para tomar una acción enérgica contra nuestro país: la imposición de la nueva ley colonial PROMESA y una Junta de Control Fiscal con poder para determinar unas nuevas reglas del juego que, entre otras cosas, incluyen medidas estrictas de control y rendición de cuentas por los fondos que asigna el gobierno federal a Puerto Rico, sean para educación, vivienda, salud o cualquier otro de los servicios esenciales que requiere nuestro pueblo. Bajo estas nuevas reglas, las agencias del gobierno colonial están todas bajo el manto de la sospecha y, como tal, serán vigiladas y tratadas por una metrópolis que ya no oculta su desinterés ni su desprecio por nosotros.
La dependencia y la “gansería” no son una ruta económica viable para ningún pueblo del mundo. Son solo el caldo de cultivo para la corrupción y podredumbre. Tampoco es una ruta viable de desarrollo la desidia de una metrópolis colonial que ya no encuentra utilidad para la colonia que ha explotado por más de 120 años. Por eso, el colonialismo en Puerto Rico llegará a su fin porque no es productivo ni sostenible para colonizadores ni colonizados, ya sea con la cadena larga de los tiempos de la fantasía del ELA, o con la cadena corta de estos tiempos de dura realidad de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal.
