«Sólo se dispondrá de la propiedad y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento de las instituciones del estado…” Así reza el Artículo VI, Sección 9, de la Constitución de Puerto Rico que, en diversas ocasiones, ha sido invocado para impedir el uso de fondos públicos en gestiones puramente partidistas. Ahora, sin embargo, el escudo comienza a desaparecer.
Desde principios de este año, ante el empuje anexionista que la nueva administración de gobierno ha decidido lanzar, ese artículo de la Constitución ha vuelto a ser reinterpretado por la actual mayoría del Tribunal Supremo, y lo será aún más en los próximos meses, para que esa campaña pueda financiarse con fondos públicos. Ya hubo una primera decisión judicial y en los próximos años aparecerán otras que irán desmantelando dictámenes previos que protegían los dineros del pueblo de la voracidad partidista.
El último acto dentro de ese empuje anexionista fue la creación mediante legislación de una llamada “Comisión de la Igualdad” a la que inicialmente, y sólo para el primer año de funcionamiento, se le asignó un presupuesto de $380 mil dólares para gastos. Se trata de un cuerpo, integrado mayormente por viejos cuadros del Partido Nuevo Progresista –como Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló y Charlie Rodríguez– que abiertamente cabildeará en pro de la estadidad en Estados Unidos y que, entre otras cosas, contará con una oficina en Washington pagada por el tesoro público puertorriqueño. Además de esos tres cangrimanes estadistas –dos exgobernadores y un expresidente del Senado isleño– a la comisión se nombró al expelotero Iván Rodríguez, buscando que su popularidad en Estados Unidos le abra puertas que de ordinario estarían cerradas. A algunos congresistas no les entusiasma recibir a Romero ni a Rosselló, carcamales jubilados, pero les gustaría hacerse una foto con Rodríguez quien por sus ejecutorias como pelotero de Grandes Ligas es miembro del Salón de la Fama del béisbol.
La inclusión de Rodríguez ha afectado en algo el plan anexionista porque el flamante “funcionario del gobierno”, quien durante su época de pelotero tuvo ingresos superiores a los $120 millones, le incomoda lo del financiamiento público y al ser nombrado, solicitó que la comisión no opere con fondos gubernamentales. Ese pedido puso sobre el tapete el problema ético que muchos ya han denunciado y obligó a Rosselló a decir que “la consideraría”. Hasta ahora, sin embargo, nada se ha hecho y muy probablemente nada se hará. La naturaleza “pública” de la comisión es parte de un plan muy estructurado para adelantar la estadidad utilizando la estructura del Gobierno, que tendría que ser revisado para atender las incomodidades de Rodríguez.
Al expelotero, que ahora es parte de la “empresa privada” debe preocuparle que la pertenencia a la comisión de cabilderos lo convierte en “funcionario público” sujeto a las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental. Pero ya buscará la forma la Legislatura de darle vuelta a las preocupaciones éticas de Rodríguez sin impedir que la comisión siga chupando del tesoro público.
Desde un viejo caso conocido como PSP vs. ELA, decidido en 1978, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había señalado que el antes mencionado artículo de la Constitución impedía que se utilizaran fondos públicos para fines partidistas y, más importante aún, que la promoción de un particular status para resolver el problema político puertorriqueño constituye una gestión partidista. En aquel caso se impugnó legislación aprobada durante el primer cuatrienio de Carlos Romero que permitía el uso de fondos públicos para organizar aquí las primarias de los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos.
Posteriormente, el 2 de noviembre de 2000, amparándose una vez más en la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional una ley aprobada en los últimos meses de la administración de Pedro Rosselló muy parecida a la del llamado “Plan Tenesí” que ahora quiere implantar el hijo de Pedro. Se llamaba “Ley de Elecciones Presidenciales de Puerto Rico” y pretendía que, como parte de las elecciones generales a celebrarse en noviembre de 2000, se eligieran compromisarios para representar a Puerto Rico en el Colegio Electoral que selecciona al presidente de Estados Unidos. Como igual que el plan de ahora, los supuestos compromisarios no eran más que cabilderos, el Supremo razonó que esa ley estaba diseñada para favorecer al movimiento anexionista y, por tanto, implicaba el uso de fondos públicos para fines privados.
Ahora, sin embargo, el Tribunal Supremo vive otros tiempos. Durante la gobernación de Luis Fortuño (2009-2012) el anexionismo logró mayoría en ese foro, la que de inmediato solidificaron ampliando la composición del tribunal de 7 a 9 miembros. Tras dicho copo, una tras otra han ido revocándose decisiones previas que, entre otras cosas, impedían el uso de fondos públicos en campañas partidistas de corte anexionista. El pasado mes de abril decidieron el caso Norma Burgos v. CEE para impedir que la norma que prohíbe anuncios del Gobierno previo a unas elecciones se extendiera, como había ocurrido antes, al plebiscito que querían celebrar el 7 de junio de 2017. Gracias a esa decisión los anuncios políticos camuflados del Gobierno llovieron el mes anterior a la consulta.
Si alguien pretendiera impugnar la constitucionalidad de la nueva “Ley para la Igualdad”, que permite el uso abierto de fondos públicos para cabildear a favor de la anexión, ya sabemos lo que dirá la opinión que finalmente decida el caso. Con la nueva decisión desaparecería lo poquito que quede de la jurisprudencia protectora anterior.
En uno de los viejos casos el entonces juez Negrón García dijo que “(los fondos públicos) no son privativos de quienes ostenten las riendas del país durante un cuatrienio”. Esa afirmación sigue siendo muy cierta, pero ahora sólo aparecerá en las opiniones que escriba la minoría.
En cuanto a la comisión que, entre otros, integra el expelotero Rodríguez, ya sabemos cuál será el resultado de sus esfuerzos. Como todos los que han realizado similar gestión desde el 1898 en adelante, vagarán por los pasillos fríos malgastando el tiempo en reuniones con funcionarios de tercera categoría. El único problema es que ahora, además del tiempo, malgastarán dinero que pertenece a todos los puertorriqueños.
