“Como hay tanto dinero, lo que quieren es coger $9 mil millones, cuando construir no pasa de $250 mil”

 

CLARIDAD

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El director ejecutivo de Innovación e Información (CEO, siglas en inglés) del Gobierno, Enrique A. Volckers Nin, anunció que la agencia trabaja varios planes de acción recomendados por el Gobierno de Estados Unidos, en específico por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), sobre proyectos de infraestructura para “fortalecer y mejorar” las comunicaciones en la isla. Cientos de comunidades se verán invadidas por torres de comunicaciones no deseadas.

Según lo anunciado, además de darle prioridad al análisis estructural de torres de telecomunicaciones que sean propiedad del Gobierno, se procurará aumentar la capacidad de conexión inalámbrica en los municipios y plazas públicas y se determinará la necesidad de generadores para mantener la operación de las torres y los sistemas de telecomunicaciones.

Lo que a primera luz parece ser algo positivo —que la isla tenga un mejor sistema de comunicaciones—, para el licenciado Jesús Morales Irizarry, representante legal de varias comunidades que integran el Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas, se anticipa una inundación de antenas y, por supuesto, la resistencia de parte de las comunidades.

Lo anunciado por el CEO, plantea Morales Irizarry, tiene su origen en una resolución emitida por la FCC en septiembre de 2019, luego del paso del huracán María. Como resultado de las quejas del sector privado y la ciudadanía de que se habían perdido las telecomunicaciones, la FCC entendió que esta infraestructura debía ser  más resistente, por lo que  asignó los fondos para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones. No obstante, la FCC no se limitó a reforzar la infraestructura que existía previo al huracán, a pesar de que reconoce que para el 2019, cuando emiten la resolución, las comunicaciones en la isla ya estaban al nivel de la capacidad que tenían antes del huracán.  La agencia dividió a la isla en 78 municipios con la intención de colocar antenas en cada uno de ellos.

Esta decisión es una cuestionable dado el hecho de que en Puerto Rico ya hay torres en todos los municipios. Ello coloca a la isla como el espacio geográfico con más torres de comunicaciones de todo EE. UU. “Ya tenemos sobre 2,300 torres y sobre dos mil antenas. Cada torre tiene la capacidad de almacenar más de una antena. Hay torres que tienen la capacidad de 30 a 40 antenas. No sé cuáles puedan ser las áreas no servidas, porque en Puerto Rico son bien pocos los lugares, y por unas condiciones bien específicas de cada uno de estos lugares, que no tiene necesariamente que ver con que no haya torres, sino por la geografía. Muchas de ellas son áreas protegidas”.

Prosiguió con que cuando la FCC  divide a la isla en 78 municipios, lógicamente los municipios deberían tener injerencia, pero ese poder no existe y el proceso va a manejarlo todo la FCC. De acuerdo con la resolución, la FCC hará una única subasta de una sola vuelta en donde el mejor postor va a ganar uno de los municipios. El primer criterio a considerar será el de menor costo; el segundo criterio, network performance, que es el desempeño de la red, y el tercer criterio es el de resiliencia y redundancia. La resiliencia se refiere a lo resistente que pueda ser y lograr recuperarse la señal y redundancia tiene que ver con las pulsaciones, para que haya más lugares donde se reciban estas pulsaciones.

“Ahí no está ni siquiera el servicio al cliente. Ellos mismos lo dijeron, que eso no iba a ser un criterio formal. No está la salud y seguridad, y la FCC se abroga la facultad de aprobar. En Puerto Rico ya no existe oficina de la FCC, estamos hablando de que todo esto se va hacer desde la oficina de Florida, que es la oficina que más cerca está de Puerto Rico. Para cada uno de los municipios eso se va a decidir desde allá”, censuró Morales Irizarry.  El licenciado objetó que lo último que escribe la FCC es  que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) de Puerto Rico  se tarda mucho en aprobar los permisos.

“El hecho es que aquí estos permisos son los que se llaman permiso discrecional, que necesitan un juicio subjetivo en donde los municipios pueden expresarse sobre su territorio. Estamos hablando que se decidió que los municipios podían opinar y que ellos van a decidir subjetivamente evaluar; se decidió que la comunidad tiene sus intereses sobre su hábitat donde va a seguir viviendo y esto se contrasta subjetivamente contra unos intereses comerciales. Por ahí sigue que tienen que contrastar unos intereses con otros y eso lo van a evaluar subjetivamente unos con otros”.

Ante lo que se supone dice la ley, el licenciado Morales Irizarry aseveró que quien emite los permisos aquí es la OGP y que cada vez más las comunidades tienen que ir a batallar al tribunal para que los revoque porque no han emitido unas determinaciones de hecho que puedan ser revisables por un tribunal para saber si estuvo bien la decisión de la agencia. “O sea todo esto se sigue acumulando y en vez de ser apoyo a los puertorriqueños, la FCC dice que quiere expandir, que haya más torres. Y digo más porque esa misma resolución decidió que la mejor forma de expandir y mejorar las comunicaciones era a través de las torres que cargan antenas”.

La salud versus la competencia entre Estados Unidos y China

Con la intención de la FCC de aumentar el número de antenas de la tecnología 5G, que es la tecnología de radiofrecuencia que se está implantando, la isla se encuentra en medio de la competencia que mantiene EE. UU. con China para implementar esta infraestructura a nivel internacional. Morales Irizarry comentó que el Foro Económico Mundial estableció que para el 2035 la economía de la tecnología y la 5G va a ser una industria de $12 trillones.

“Esa es una competencia económica  en la que Estados Unidos quiso enfrascarse y lo que hicieron para poder adelantar la competencia fue obviar la salud y seguridad de las personas. Para esta tecnología 5G no se han hecho los estudios sobre los impactos a la salud, incluso se habla de que pueden tener efectos en el cerebro. Ahí las teorías conspiratorias llegan al nivel de decir que pueden inhabilitar a una población completa. Aunque parezca exagerado, sacado de una película, lo cierto es que todavía no se sabe, los estudios no se han hecho”.

En este campo, por el momento, China ocupa el 75 % de lo que es la tecnología 5G y EE. UU. está rezagado a un 25 % ,aunque entiende que puede ganarle.

En el caso de los Estados, la FCC permite que los municipios puedan participar del proceso y presentar sus objeciones si las tienen. En el caso de Puerto Rico, reiteró, será una sola licitación y no habrá oportunidad de comentarios. Cualquier forma de expandir o reformar la infraestructura lo va a discutir la FCC en Florida basándose en la doctrina de campo ocupado. El asunto de la salud, cualquier queja, se tendrá que llevar a la FCC.

El licenciado Morales Irizarry cuestionó una vez más la necesidad de más antenas: “Como hay tanto dinero, lo que quieren es coger $9 mil millones, cuando construir no pasa de $250 mil”. Todo indica que las beneficiadas serán las cuatro compañías que controlan el campo de las telecomunicaciones en l isla: Claro, Sprint, T-Mobile y Liberty Puerto Rico, antes AT&T.

Lo que se prevé en el panorama es que las comunidades son las que tendrán que defenderse y buscar maneras originales de hacerlo. “Tenemos  que evitar que ni siquiera empiecen la construcción, tienen   que poner sus cuerpos para evitarlo”, exhortó.

 

 

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