Por Gabriela Ortiz Díaz/Especial para CLARIDAD
“El 24 de julio, cuando el gobernador renunció, todo el mundo celebró, pero yo no porque todavía estoy peleando por el derecho de las personas sordas de tener acceso a servicios. No me proporcionan el derecho a estar informado a través de un intérprete”, expresó a CLARIDAD en lenguaje de señas Eugenio Sastre Fernández, miembro de la comunidad de personas sordas de Puerto Rico.
“Yo quería celebrar a la misma vez que todos y, aunque soy bueno leyendo labios, a veces me pierdo lo que se dice. Leí los labios del reportero cuando dijo que [el gobernador] anunciaba la renuncia, pero no sé qué dijo antes y después”, añadió en señas Roberto Rodríguez Ortiz.
Este sector de la población, que alcanza los 200 mil integrantes, ha participado activamente en las manifestaciones ciudadanas de las pasadas semanas. A los reclamos del pueblo, esta comunidad suma lo que continúa siendo una de las principales exigencias: accesibilidad a los servicios de interpretación en oficinas gubernamentales y medios de comunicación, por ejemplo. En esto coincidieron todos los entrevistados: Bonnibel Delgado, Joel Sánchez Quintanal, Eugenio Sastre, Roberto Rodríguez y la interprete Marina Martínez Cora.
Ante la pregunta de cuán informados se han sentido durante estas semanas, Rodríguez Ortiz contestó que la actualidad noticiosa le llega una semana después: “de lo que sucedió con el chat y con lo del esquema de corrupción, yo no me enteré hasta una semana luego porque no hay un intérprete disponible [durante la transmisión] que nos provea la información al instante”, manifestó.
El resultado en la demora al momento de informarse es que pierden información. Cuando ha habido un intérprete, entonces el dilema es si está o no cualificado. “Lo que hemos notado es que el gobierno no se enfoca en quién es ese intérprete cualificado, sino en “cumplir”.
Rodríguez Ortiz, por ejemplo, tuvo que irse a Estados Unidos en 2005 en búsqueda de mejores servicios y, cuando regresó al cabo de 10 años, todavía sintió [siente] el atraso. “Hemos reclamado que no hay intérpretes en las noticias, en los mensajes de estado en las manifestaciones. En Puerto Rico, hay muchas barreras comunicativas para los sordos”, informó.
Aunque siempre aparecen intérpretes voluntarios para ayudar, por ley, el gobierno debe proveer uno cualificado, pero como eso no pasa, se ven afectados todos los servicios gubernamentales para la comunidad de sordos. Se les dificulta, por ejemplo, hacer una querella en un cuartel, mantenerse informados del desempeño de sus hijos en la escuela, entender un diagnóstico en sala de emergencia, comunicarse con sus familiares dentro de la cárcel.
Ante ese panorama, la respuesta de parte de los gobiernos que han pasado es siempre la misma: no hay fondos para pagarle a intérpretes cualificados, que son los que dominan los movimientos corporales, los conceptos del tema que interpretan, el lenguaje de señas de Puerto Rico (este lenguaje no es universal).
Como manifestaron, el problema para allegar fondos proviene de la falta de conocimiento básico sobre la comunidad sorda. Desde el gobierno debe haber más conocimiento de cuántos son los sordos en Puerto Rico, qué impedimentos adicionales tienen, en qué pueblos están más concentrados, etc.
Tras diálogos de años con las entidades gubernamentales pertinentes, la comunidad de sordos ha logrado más acceso a derechos civiles, cuyo cumplimiento está cobijado bajo los artículos 3 y 4 de la ley federal de 1990 Americans with Disabilities Act (ADA), y bajo la ley estatal 136 del 13 de agosto de 1996, que dispone que todas las agencias gubernamentales proveerán un intérprete para que asista a las personas con impedimentos auditivos.
“La ley ADA exige, pero nadie la sigue. Es que no hay ningún tipo de penalidad ni de agencia que le dé seguimiento a eso y los penalice en caso de incumplimiento”, dijeron los entrevistados.
Van años de denuncia constante de estas violaciones de ley y en general, “los sordos se siente tan cansados que no luchan porque su autoestima está por el piso, se han dado por vencido…Necesitamos más liderazgo y empoderamiento para entonces luchar. Pesan los años de decirnos que no, de pisotearnos”, aseguraron.
Por eso, ante la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, Rodríguez Ortiz expresó sentirse escéptico. “Depende de a quién traigan, si va a poner gente que no trabaje por la comunidad de sordos. Yo no estoy satisfecho todavía, pero siento que este es el principio para empezar cambios”, manifestó Sastre Fernández.
“Vamos a seguir marchando y vamos a seguir en contra de Wanda [Vázquez]. No la queremos”, afirmaron.
Sin currículo adaptado ni interpretes en Educación
El Departamento de Educación (DE) no tiene dinero para pagarles a los intérpretes. “No hay dinero, pero vimos ahora con la corrupción a donde se destinan esos fondos. El dinero sí estaba disponible, lo que pasa es que no lo invierten en lo correcto”, expresó Sastre Fernández.
El colegio San Gabriel, especializado para atender a la niñez sorda, funcionaba antes independientemente. Hace unos años, recibe fondos del DE, pero luego de ese cambio de administración, se alteró la estructura curricular que utilizaban. El DE implementó un currículo que no está adaptado para la niñez con limitaciones auditivas.
“La comunicación con señas está bien afectada. Hay maestros que no saben lenguaje de seña y los padres tampoco tienen la exposición para educarse con señas…Este problema está porque han cortado fondos”, aseguró Rodríguez Ortiz, quien es maestro en el colegio San Gabriel.
“Los niños sordos no tiene tantas opciones de escuelas, por lo que sus padres se están yendo de Puerto Rico con ellos. Estamos perdiéndonos porque no quieren desde el gobierno pagarle a un intérprete sordo”, continuó.
La comunidad de personas con limitaciones auditivas no se opone a la inclusión de niños sordos en escuelas de corriente regular, pero mínimamente cada plantel debe contar con intérpretes cualificados. Según contaron, en las escuelas de corriente regular los asistentes de Educación Especial fungen como intérpretes y solo tienen como preparación una clase básica y otra intermedia de lenguaje de señas. “Ese niño o niña tendrá atraso y será enajenado porque el empleado no puede ponerlo a la par del resto del grupo”.
En las escuelas de corriente regular los pasan de grado porque no saben manejarlos. “Eso, luego, les imposibilita la independencia. Tienen muchas deficiencias cuando llegan a la adultez”. Además, “Si no hay fondos para la educación, los sordos no tendrán las mismas oportunidades académicas que todos los demás estudiantes, se tienen que conformar con trabajos vocacionales”, dijeron.
Futuros pasos
Los entrevistados coincidieron en que dentro de las agencias gubernamentales debe haber una persona responsable que haga el trabajo de conectar la agencia con instituciones que trabajan con la comunidad sorda como Servicios Orientados al Sordo, Inc. (SOS) o la de Servicio Ayuda Legal (SAL PR).
Coincidieron además en que:
En Puerto Rico hace falta que alguna institución de educación superior certifique un grado en interpretación para sordos.
Se tiene que crear y oficializar una junta examinadora en Puerto Rico y, junto a los mismos sordos y sordas, hacer un estudio lingüístico para validar el examen requerido para obtener la certificación.
Existe el deseo y reclamo de que sean los mismos sordos los que enseñen lenguaje de seña.
“También necesitamos intérpretes cualificados de Puerto Rico que sepan trabajar con la forma correcta del proceso de interpretación”.
“Todo el mundo dice que va a aprender chino o francés, pero es una opción muy real aprender lenguaje de señas de Puerto Rico y comunicarse con sus compatriotas”.
