Comunidades de Puerto Nuevo: “Nosotros no quisiéramos vivir un CAPECO”.

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Las comunidades que rodean la planta de gasificación de la empresa News Fortress Energy (NFE) en los Muelles A, B y C de la bahía de San Juan han quedado al margen de toda consideración del Gobierno de Puerto Rico. Las agencias de gobierno de Estados Unidos y de Puerto Rico que tienen que ver con el ambiente no las han incluido en la discusión del establecimiento de News Fortress. Tampoco lo ha hecho Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Alrededor de la planta de NFE se encuentran las comunidades de Pueblo Viejo, los sectores Amelia, Sabana y la barriada Vietnam de Guaynabo; el sector La Puntilla y el pueblo de Cataño; el sector la barriada Borinquén, en Puerto Nuevo, y el noroeste y noreste de la Urbanización Puerto Nuevo, en San Juan. Miles viven a tan solo a una milla de distancia, algunos a solo 400 metros de la planta de NFE.

Hay temor y, más que temor, se tiene la advertencia de que la experiencia de la explosión de la planta de Caribbean Petroleum (CAPECO), ocurrida en octubre de 2009, podría repetirse esta vez con resultados catastróficos. Rafael Díaz Santiago es oriundo de la comunidad Borinquén, en Puerto Nuevo y miembro de la Iglesia Discípulos de Cristo de la misma comunidad, el reverendo Carlos Negrón Sánchez es presidente de la Hermandad Pastoral de Puerto Nuevo y la reverenda Sary Rosario Ferreira es vecina de la Urbanización Puerto Nuevo. De no ser porque la reverenda Rosario Ferreira es miembro de la organización ambiental El Puente, la comunidad de Puerto Nuevo, y otras, no se hubiesen enterado del proyecto. Fue en una charla con expertos a la que asistió, patrocinada por El Puente y otras organizaciones, que se enteró del proyecto de gasificación.

“Cuando nos enteramos, a mí particularmente me tocó, porque yo vivo aquí en Puerto Nuevo, y cuando nos explicó un experto que si ocurre una explosión en esa planta de electricidad con gas metano, que es un gas volátil, eso puede generar una nube de gas metano que puede llegar a una milla o hasta dos millas o esa nube que se genera puede viajar hasta donde dé el viento, puede volar para Puerto Nuevo o Amelia. Al darme cuenta de que mi casa está a una milla y media y la iglesia a una milla, me preocupé”.

De inmediato compartió la información con el reverendo Negrón Sánchez y de ahí comenzaron los esfuerzos de orientación a la comunidad respecto a lo que es el gas metano y el peligro que representa la planta de NFE.

En ningún momento, confirmaron los entrevistados, la AEE ni ninguna otra agencia del gobierno de Puerto Rico, como el Departamento de Recursos Naturales (DRN) o la Junta de Calidad Ambiental (JCA), les informaron o celebraron alguna vista pública respecto al proyecto. No fue hasta agosto del 2019, en una vista pública celebrada por la Guardia Costanera, donde se enteraron un poco más del proyecto. En esa vista pública, contó Rosario Ferreira, se les preguntó a los representantes de NFE que de ocurrir una explosión hasta dónde podría llegar y estos respondieron que “se quedaba allí”, quiere decir, en la planta. “Todo el mundo se echó a reír porque saben que eso no es verdad”, recordó.

La reverenda y activista ambiental señaló que otro elemento importante a considerar es que ya toda el área de Puerto Nuevo es una zona industrial rodeada por gasolineras, por lo que de haber una explosión tendría un efecto multiplicador. En el caso de la comunidad Amelia de Guaynabo, por ejemplo, hay casas que solo están a 400 pies de distancia de esa instalación.

En enero de este año, luego de varios meses de labor, un grupo de diez religiosos de diversas comunidades aledañas a la planta de NFE envió una carta a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en la que planteaban sus preocupaciones y le solicitaban una reunión. En la carta, firmada entre otros por el presidente del Concilio de Iglesias, Obispo Felipe Lozada, y por el reverendo Negrón Sánchez, coordinador de la Hermandad Pastoral de Puerto Nuevo, el grupo llevó ante la atención de la gobernadora que:

“Nuestras investigaciones revelan también un hecho sorprendente: ninguna agencia del Gobierno de Puerto Rico ha considerado los riesgos potenciales a la seguridad humana, tanto de residentes cercanos o de empleados de la AEE, aquellas en la Avenida Kennedy o en los barcos tipo cruceros. Se concedieron permisos para construir facilidades de New Fortress Energy, pero en forma aislada y fragmentada de las implicaciones del tránsito y manejo del gas metano. Peor aún, un estudio comisionado por la AEE a la empresa Galway Energy Advisors, LLC, en el 2015 señaló problemas de riesgos y seguridad de la opción de un barco flotante para almacenar y entregar gas metano. Así pues, la AEE conocía y conoce de esos riesgos al contratar New Fortress Energy.”

La reverenda Rosario Ferreira denunció que se mantuvo llamando hasta el mes de abril a La Fortaleza y nunca recibió una contestación. Mientras, el grupo además participó de las vistas ante el NEPR. El reverendo Negrón Sánchez en su exposición compartió su preocupación por la seguridad para todas las comunidades y reconoció que durante la participación de los miembros de la comunidad en las vistas, parte de la estrategia del Negociado fue pretender hacerlos sentir intimidados. La sala, dijo, estuvo llena de personas de las comunidades.

Por su parte, Díaz Santiago, quien es ingeniero, expresó que una de las cosas que más trataron de hacer ver al NEPR es que hay organizaciones que tienen también su bagaje técnico con propuestas de energía solar y que hay un muchas compañías privadas que están proveyendo esa solución a las personas. “El planteamiento y reto es por qué la Autoridad, que tiene los recursos y personal técnico y que hay fondos federales para energía alternativa, no se envuelve en un proyecto que beneficie al ciudadano con un sistema como ese. ¿Por qué no se invierte en eso? Queríamos utilizar ese foro para hacer una petición formal de que abogara por el pueblo, para que se hagan los esfuerzos de inversión en alternativas como esas y no cosas que ya sabemos que son tan riesgosas y tienen un impacto tan negativo en la vida de la gente”.

En las vistas ante el NEPR, la AEE reconoció que no tiene planes de análisis de riesgo para las comunidades ni planes de desalojo. Los entrevistados y otros grupos de activistas, abogados y organizaciones ambientales cursaron una carta a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, en inglés) en la cual se presenta un relato del desarrollo del proyecto y se le solicita a la agencia que haga cumplir a NFE con el proceso de pedir autorización para construir y operar una planta de gasificación.

Esta petición coincidió con gestiones que otros grupos hicieran ante el congresista Alex Grijalba, quien a su vez le pidió explicaciones a la FERC. En el mes de junio la FERC se movió entonces a solicitarle a NFE que le mostrara causa de por qué no estaba sujeta a su inspección y autorización.

Entre los argumentos presentados ante la FERC están el que NFE construyó el terminal para importar diariamente entre 600 mil y 850 mil galones de gas licuado natural (conocido como gas metano o GLN) para suministrar el gas a las unidades 5 y 6 de la Central de ciclo combinado de la AEE en San Juan a través de un gasoducto. Sin embargo, NFE no obtuvo los permisos y la autorización necesaria de las agencias federales y estatales para la construcción del gasoducto y comenzó a operar sin notificar a las agencias concernidas.

La reverenda Rosario Freire reconoció que, al presente, aunque se dice que la planta está operando, como hay un ciclo combinado, parece que no se nota; pero ya empezaron a atracar los barcos. Reparó, por ejemplo, que en su caso, este año ha tenido tres episodios de asma, y ella no era asmática. “Comoquiera ya estamos afectados de tantos años expuestos a la quema de petróleo y diesel”.

El reverendo Negrón Sánchez se expresó sobre la intervención de grupos religiosos en la situación: “El valor que tiene el asunto de defender la vida y el valor de las personas y el derecho que tiene la gente a estar tranquilos en sus casas, sin temor a riesgo a la vida, sobre cualquier cantidad de dinero, contrato y beneficios, donde uno sabe que siempre detrás de estos contratos hay arreglos, hay alguien que está haciendo dinero. Para nosotros la vida vale más que cualquier otra cosa y desde la perspectiva de nuestra fe creemos y predicamos y enseñamos que esto es parte de este proceso”.

En entrevista al licenciado Pedro Saadé Lloréns, este confirmó que no hubo ningún tipo de comunicación a las comunidades aledañas al proyecto de NFE. Lo único que se hizo fue poner un cartel a la entrada del puerto de NFE, que queda al otro lado del mar; es decir, no puede ser visto por ninguna de las comunidades.

Afirmó que no fue hasta que las comunidades se organizaron y junto a varias organizaciones ambientales enviaron la carta a la FERC, que se empezó a levantar el asunto en la citada agencia. A raíz de la carta, que entre los firmantes también está un comité de vecinos del barrio Sabana, fue entonces que FERC emitió la orden contra NFE para que explique y presente argumentos de por qué la agencia no tiene que intervenir en su proyecto. También apuntó a que la carta coincidió con gestiones por otras vías de otros grupos ante el comité que preside el congresista Grijalba.

Las comunidades y las organizaciones además solicitaron a la Guardia Costanera, que es la agencia que tiene jurisdicción sobre la seguridad en las aguas, que no permitiera más tanqueros de NFE en los muelles, ya que hay un problema de seguridad. La Guardia Costanera se negó a la petición bajo el argumento de que estaba en espera de lo que decidiera la FERC.

En estos momentos, técnicamente, se supone que NFE no esté operando. Aunque FERC le dio 30 días a NFE para que presente sus argumentos y la empresa cumplió con el plazo, Saadé Lloréns alertó de que la reglamentación de la agencia no dice en cuánto tiempo debe tomar su determinación. Si la FERC decide que tiene jurisdicción sobre el proyecto, se confirma entonces que todo lo que hizo NFE fue ilegal.

En su estudio sobre el historial de NFE, el licenciado encontró que sale a relucir que la empresa, a raíz del huracán María, hizo un cabildeo brutal y acercamientos para montar ese proyecto. “Se reunieron con el Coast Guard, con FERC y con otras agencias federales para aprobar el proyecto, sin los requerimientos de ley. Lo que pasa es que cuando la comunidad se organiza y se envía la carta de la comunidad es que se empieza a levantar el asunto FERC”, reveló.

En tanto, por parte del Negociado de Energía de Puerto rico (NEPR), luego de una vista, su acción se ha limitado a enviarle una carta a la empresa ordenándole que cese de entrar barcos con gas por ser peligroso y no tener las autorizaciones adecuadas. Saadé Lloréns, asesor legal ambiental y veterano de muchas luchas comunitarias, destacó que independiente del trámite ante la FERC, “las gestiones y lucha de la gente debe continuar”.

 

 

 

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