“Con la salida de Claudio se retrasará la reforma”

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El director ejecutivo del Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, siglas en inglés) licenciado William Ramírez censuró la falta de transparencia del Gobierno respecto a las denuncias hechas por el Monitor para la Reforma de la Policía coronel Arnaldo Claudio de que cerraba su oficina por el despilfarro de dinero público.

Hace una semana, en declaraciones a varios medios de Prensa, el coronel Claudio dio a conocer que cerraba la oficina de la Reforma Policíaca, al tiempo que reveló y expresó su molestia por el contrato concedido al bufete McConnell Valdés para representar al Gobierno en los trabajos de la reforma de la Policía. Claudio dio a conocer también que en este bufete trabaja el padre del juez presidente del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico Gustavo Gelpí, quien es el juez que preside el proceso de la reforma de la Policía de Puerto Rico.

Aun cuando el contrato al bufete McConnell Valdés fue concedido en diciembre de 2018 por la cantidad de $560 mil (hasta el 30 de junio de 2019), fuentes de entero crédito revelaron a CLARIDAD que el contrato fue extendido por la cantidad de $3.5 millones. Al día de hoy, en la página de la Oficina del Contralor se encuentra el contrato concedido en diciembre de 2018; pero no su extensión. Los abogados de McConnell que atienden la reforma son: la exfiscal federal María Domínguez, Javier Micheo y Arturo Solá. Según el contrato, quien único puede prescindir de este por parte del Gobierno es la Oficina de la Gobernación. Esto contrasta con las declaraciones públicas de la secretaria del Departamento de Justicia (DJ) Wanda Vázquez de que el departamento cedió el caso. Otras fuentes afirman a CLARIDAD que fue que se lo quitaron.

En entrevista respecto a quién le competiría investigar las denuncias del coronel Claudio, el director ejecutivo de ACLU licenciado Ramírez afirmó que “eso es lo que queremos saber. Aquí no hay transparencia. Yo supongo que quien podría estar a cargo —se refiere a la reforma— podría ser el mismo Departamento de Justicia”.

ACLU de Puerto Rico fue la organización que originó las denuncias que llevaron a la sindicatura de la Policía. En vista de la experiencia de esta organización en otras ciudades en E.E.U.U. en procesos de reforma policíaca, a preguntas de este semanario, Ramírez señaló que es inusual que si se contrata a un bufete privado para unirse al Departamento de Justicia, sean los abogados del bufete de la práctica privada quienes firmen el documento. Afirmó que desde que McConnell está en la reforma, ese departamento, de ninguna manera, firma los documentos. Además reparó en que en estos momentos la reforma no se trata de litigación, sino de velar por que la Policía cumpla con los acuerdos.

Arnaldo Claudio

Ramírez también reparó en que con la salida de Claudio se retrasará la reforma. El licenciado reconoció que cuando Claudio fue nombrado monitor, la ACLU se opuso por entender que si las denuncias contra la Policía de Puerto Rico eran que esta actuaba como un cuerpo militar que violaba derechos, cómo entonces se iba a traer a un militar para su reforma. Atribuyó al coronel Claudio incluir a la ACLU en el proceso cuando nadie en la Policía lo hacía, y afirmó que a este le tomó cuatro años lograr alguna confianza con la misma Policía. Llamó la atención a que tras las denuncias del monitor Claudio, a la persona que ocupe su puesto le va a tomar tiempo congraciarse con la Policía. 

Explicó que aunque sí se ven cuáles son los cambios y las mejoras de la PPR, hay que señalar que cuando se comenzó hablar de la reforma había 19 mil policías, que cuando se firmó el acuerdo había 17 mil y que luego del huracán María, quedan 10 mil o menos.

El director ejecutivo de ACLU aclaró que tanto las condiciones salariales y la falta de pensión son razones para esta baja, entre otras condiciones laborales, y son parte de la resistencia a la reforma. “¿Usted cree que una persona que está disgustado en un trabajo, que no tiene pensión, que sabe que está bien chavao’ es una persona que tú puedes reformar? Esa persona no quiere escuchar nada; está ahí para cobrar”.

Por su parte, Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilométro Cero, organización civil que educa sobre los derechos de las personas y vigila el comportamiento de la Policía, lamentó la renuncia del monitor Claudio, además de expresar preocupación por sus denuncias. 

“Nos preocupan las razones de su renuncia y el hecho de que el propio juez Gustavo Gelpí tenga unos conflictos de intereses tan detrimentales para la confianza, ya de por sí minada, en este proceso de reforma”.

La activista reclamó que el contrato de McConnell Valdés debe disolverse, no solo porque beneficia a la empresa en que trabaja el padre del juez, sino porque es un despilfarro de dinero innecesario. “El tribunal federal debe tomar medidas con respecto al conflicto de interés del juez. Pero, pase lo que pase, ya la confianza está severamente afectada”.

Aun cuando admitió que Kilométro Cero tuvo muchas diferencias con el monitor Claudio, “él se ganó nuestro respeto porque siempre dio cara, escuchó y estuvo dispuesto a aprender sobre nuestros reclamos y posiciones. Su valiente renuncia y su denuncia comprueban que a este proceso de reforma le falta muchísima voluntad política, profesionalismo y supervisión”.

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