Los integrantes de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda (CCAD) catalogaron la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) como el comienzo de una larga condena para el pueblo de Puerto Rico y de la impunidad para los responsables de este desastre fiscal. El Plan, que reestructuraría el pago de $33,000 millones en obligaciones del Gobierno de Puerto Rico, fue presentado por la Junta de Control Fiscal a la jueza Laura Taylor Swain, de la Corte de Quiebras de Estados Unidos.
Entre los miembros de la Comisión se encuentran el CPA José González Taboada, el planificador José Rivera Santana y la licenciada Eva Prados. Estos denunciaron en comunicado de prensa que como habían advertido, el legado del octavo PAD propuesto por la JCF y que aprobó la jueza Swain, es el aval de sobre 21 emisiones de bonos impugnados por haberse emitidos de manera ilegal y en violación de la Constitución de Puerto Rico. Estas emisiones totalizan $13,500 millones o el 40 % de la deuda a pagar.
Taboada González, presidente de la Comisión, indicó que la sentencia del Tribunal Federal deja sin dar respuesta a más de 120 reclamaciones contra 20 bancos por la devolución de comisiones ilegales, por participar del esquema ilegal y por la pérdida de más de $30,000 millones en ahorros, si se suma al principal el pago de intereses por la no cancelación de una deuda que es nula.
“Ni la Ley PROMESA ni la Junta de Control Fiscal han representado una solución al problema del endeudamiento insostenible y a la crisis fiscal que enfrenta la isla, sino que lo está agravando. La Junta miente cuando dice que este plan reduce el pago de la deuda. Este plan de ajuste de la deuda no es un nuevo comienzo para la isla, mucho menos una reestructuración justa. sigue imponiendo a la isla pagos insostenibles de la deuda, como han expresado estudios independientes de Espacios Abiertos y economistas internacionales como Joseph Stiglitz. Dichos expertos han advertido que este acuerdo con los bonistas sigue siendo un compromiso insostenible y que nos deja sin dinero para atender las necesidades básicas y servicios esenciales del pueblo y nos expone a otra quiebra en el futuro o aumentos insostenibles a la calidad de vida en la isla.” expresó Rivera Santana.
La Comisión Ciudadana fue fundada por representantes del interés público, luego de que la administración del Partido Nuevo Progresista eliminara en el 2017 la Ley 97 del 2015, que creaba una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.
Se expresan grupos sociales
Por su parte, portavoces de grupos magisteriales, trabajadores, pensionados, universitarios, estudiantiles, profesionales y de ciudadanos a favor de la auditoría de la deuda que se unieron en la Jornada contra el Tumbe y el PAD también expresaron su repudio a la confirmación final del plan.
“Repudiamos la decisión de la Jueza Swain, que no le hizo justicia a las maestras y maestros de este país avalando este terrible tumbe a nuestro retiro. Este plan de ajuste de la deuda es injusto y deshumanizante, poniendo el peso del pago de una deuda sin auditar, y la mayoría emitida ilegalmente, en el magisterio, que pierde su derecho a un retiro digno para pagarle millones de dólares a bonistas inescrupulosos”, censuró Mercedes Martínez, portavoz del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADE).
La líder magisterial atribuyó a la Asamblea Legislativa y al Gobernador Pedro Pierluisi ser los verdaderos responsables de esta pésima decisión. Estos brindaron su apoyo a JCF en lugar de promover la cancelación de la deuda y defender las pensiones y los servicios esenciales, como era su deber con el pueblo.
“Aunque la confirmación del PAD protege las pensiones presentes, descarta el ajuste a las pensiones conforme al aumento en el costo de vida. Esto impone una reducción gradual a nuestras pensiones. Además, no se extendió el principio de ‘cero recortes’ a las pensiones futuras de maestros y otros servidores públicos. Los responsables de esto son el gobernador y los legisladores que traicionaron la Ley de Retiro Digno y no hicieron nada para defenderla. Vamos a fiscalizar y a reclamar justicia. No nos vamos a quitar», expresó Sonia Palacios, portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones y de Construyamos Otro Acuerdo
Por parte de los grupos representativos de la Universidad de Puerto Rico, Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, añadió: “Como llevamos meses diciendo, las nefastas consecuencias que tendrá el PAD por los próximos 25 años para Puerto Rico no solo será en las pensiones, sino para todo el país. Sin un plan real de desarrollo económico, este acuerdo de la Junta con los bonistas nos llevará a una segunda quiebra o nos dejará sin dinero y tendrá el efecto de provocar el cierre de municipios y de recintos de la Universidad de Puerto Rico. Más privatizaciones, más deterioro de los servicios públicos esenciales y el inminente aumento en impuestos, que ya estamos viendo, como el IVU, CRIM, Crudita, peajes, gasolina, agua y luz, para garantizar el pago a los bonistas.”
Mientras, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves sentenció; “La confirmación del PAD es la confirmación de que la pobreza y la emigración es la agenda de país para el presente y el futuro de los trabajadores de Puerto Rico. El gobernador y los legisladores que aprobaron la Ley 53 del 2021 impusieron el pago de una deuda sin auditar antes que el bienestar del pueblo. Esto significa que los trabajadores del sector público y privado de forma organizada tenemos que tomar acción para combatir la privatización de servicios públicos, rescatar a nuestro país y sacar del camino a los que impiden nuestro desarrollo social y económico.”
