Congresistas piden explicaciones a la Junta

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Al tiempo que la Junta de Control Fiscal (JCF) revela su Plan de Ajuste de la Deuda Pública, este viernes 28 de septiembre, no se debe perder de vista del escrutinio público la carta que un grupo de congresistas le envió a la Junta en la cual le reclaman información acerca de su funciones. La carta encabezada por los congresistas Bernie Sanders y  Alexandra Ocasio fue hecha pública, no por la Junta, sino por la prensa del país el 24 de septiembre.

A la luz del supuesto Plan de Ajuste de la Deuda, vale tener en perspectiva los requerimientos de los congresistas a los miembros de la JCF, que se suponen deberán entregar antes de este viernes, 4 de octubre.

Una explicación detallada del creciente superávit fiscal disponible para los acreedores a pesar de la ausencia de cambios significativos en los supuestos económicos de la JCF, así́ como la justificación económica de la Junta para recortes a la salud, la educación y las pensiones.

Un análisis de los impactos esperados de los recortes presupuestarios propuestos por la Junta a los gastos de salud y educación con relación a la trayectoria del crecimiento económico, la emigración y la desigualdad de Puerto Rico.

Todos los documentos relacionados con los acuerdos de consultoría de la JCF con entidades, como McKinsey & Company y Citigroup Global Markets, Inc., que podrían beneficiarse financieramente de un eventual acuerdo de repago a la deuda.

Materiales relacionados con las políticas de la Junta sobre conflictos de intereses y otras medidas internas para evitar la influencia financiera por intereses especiales.

Un recuento detallado de las relaciones profesionales o familiares de cada miembro con cualquier institución y persona que tenga la deuda de Puerto Rico o mantenga contratos con la Junta y revelaciones financieras exhaustivas de cada miembro de la Junta, incluyendo detalles de compensación externa.

Un dato sobre el cual llaman la atención los Congresistas y que describen como una “alarmante evidencia de la mala administración interna de la Junta” es el hecho de que su presupuesto, que emana de los contribuyentes de Puerto Rico, es de $300 millones al año. Los congresistas estiman que si el presupuesto anual de la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE. UU., de $50.7 millones, se ajustara en su función analítica de la economía al de la JCF, recibirían $85 billones anuales.

Para el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez la misiva es parte del proceso de divulgación cada vez mayor sobre los problemas que tienen los miembros de la Junta, los cuales llevaron a su interior por las actividades personales y profesionales que los vinculan a ese mundo financiero. Comentó que los miembros de la Junta no han tenido el cuidado de evitar conflictos, como señala la carta, en términos de contratación, relación con sus negocios como tenedores de bonos y de relaciones familiares.

En efecto, la carta trae a la atención que la JCF entiende que la gran mayoría del uso de sus fondos para cubrir gastos de abogados y consultores no están sujetos a ningún requisito de divulgación pública. En particular, presentan el el caso de la empresa McKinsey, la cual ha recibido más de $50 millones en contratos de asesoría, a la vez que es titular de parte de la deuda puertorriqueña.

Otro aspecto que destacan es el hecho de que hay miembros de la Junta que formaron parte de las instituciones gubernamentales que contrajeron miles de millones de dólares en deuda, que sirvieron como funcionarios en bancos que suscribieron esa deuda y que en la actualidad tienen relaciones familiares con algunas personas que tienen vínculos con las instituciones financieras más grandes de Puerto Rico. Aquí en la isla es sabido que al menos se refieren a Carlos García, José González y José B. Carrión. Sobre este último apuntan que en los informes financieros del 2017 no enumeró ni una sola cantidad en dólares que recibió de terceros como compensación, como tampoco lo hizo García.

El licenciado Emmanuelli Jiménez afirmó que el proceso que ha llevado la Junta de implantar la Ley Promesa ha tenido unos problemas bien graves porque los economistas y expertos que han evaluado el impacto de las determinaciones que ha tomado auguran unos problemas económicos muy serios y el sufrimiento que todo eso va a tener. Añadió que en parte esta información se ha ido propagando y ya no solo el congresista Raúl Grijalva ha tenido el cuidado de mirar qué es lo que está pasando con la implementación de la Promesa, sino que ya se está extendiendo a otros círculos políticos.

“Para mí lo más significativo es que hay dos senadores que están suscribiendo esta petición y dos de ellos son precandidatos demócratas a la presidencia. Esto implica que este problema de Puerto Rico puede llegar a niveles de debate en la campaña de la presidencia de Estados Unidos. Ya toda esa información de cómo la Junta está implantando Promesa no la pueden manejar, ocultar. Ha llegado a unos niveles de divulgación bien importantes”.

Aclaró que, no obstante, la carta de Sanders y Ocasio y firmada por otros cerca de 34 congresistas no impone una obligación de ley a la Junta a que conteste todos los cuestionamientos. “Ese es uno de los problemas que tiene la carta. No es una acción congresional, es una acción de individuos que pertenecen al Congreso. Si fuera una comisión o si fuera una o ambas cámaras tendría fuerza de ley y la Junta tendría que cumplir. Uno de los riesgos que hay aquí es que la Junta la ignore”.

Aun así Emmanuelli Jiménez considera que sería perjudicial para la Junta ignorar la carta en particular porque la Junta se encuentra en receso y no contestar daría la impresión de cómo es que ellos manejan estos requerimientos.

Esta no es la primera carta que recibe la JCF de parte de Congresistas, en donde se cuestionan sus procedimientos y se habla de posibles enmiendas a la Ley Promesa.

“Yo opino que en realidad Promesa no es enmendable, Promesa lo que requiere es derogarla. De ninguna manera que le pongan un parchito aquí y otro acá. Promesa tiene unos problemas sustantivos que son más importantes y es que, obviamente, violenta los derechos humanos de los puertorriqueños al privarle de los derechos políticos, que aunque muy reducidos bajo la Ley 600, existían al momento de aprobarla. Ahora los siete procónsules que están ahí sin ningún tipo de responsabilidad democrática están administrando el país y eso no hay quien lo dude ya”, manifestó Emmanuelli Jiménez.

Se supone que este 15 de octubre se celebre la vista ante el Tribunal Supremo de EE. UU. respecto a la decisión del Primer Circuito de Boston que declaró inconstitucionales los nombramientos de la Junta. Hasta ahora los miembros de la Junta están en el limbo porque el presidente Trump no ha enviado las nominaciones al Senado. Si el Tribunal coincide con el Tribunal de Boston y Trump no envía nominaciones habría una pausa en la que no habría Junta. Aun de ocurrir esta determinación el representante legal de la UTIER que logró que el caso llegara al Tribunal Supremo aclaró que no se podría demandar a los miembros de la Junta, ya que estos tienen inmunidad por la Ley Promesa, y el caso lo que atiende es los nombramientos y no la constitucionalidad de la ley.

En entrevista por separado, la coordinadora del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD), licenciada Eva Prados Rodríguez, expresó sobre la carta que le parece importantísimo resaltar que los mismos congresistas están reconociendo el impacto tan terrible que están teniendo las acciones de la Junta en el pueblo de Puerto Rico.

“La Junta está ahora en campaña, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, para detener todas estas movidas, como la de Grijalba, que va a tener vistas públicas sobre la Junta ahora en octubre, y hay varios legisladores que están considerando un proyecto de auditar la deuda y enmiendas a Promesa. La Junta está haciendo una campaña para decirle al Congreso que no tiene que actuar, que todo está bien, para demostrar que no hay porque legislar o actuar sobre ellos”, denunció.

La licenciada Prados Rodríguez destacó que la Junta no está respondiendo absolutamente a nadie, por lo que es importante que se resalten todas las acciones que se están tomando. Una de estas, denunció, es que ahora mismo la Junta dice que con el informe Kobre & Kin se auditó la deuda.

“Al contrario, con el informe de Kobre and King, en el mismo contrato dice que no era una auditoría, pero la Junta ha insistido en que sí”. La activista en favor de una auditoría forense de la deuda reiteró que la Junta ha perdido legitimidad aquí en Puerto Rico y también ha perdido poco a poco apoyo en el Congreso, aunque es obvio que es más entre los demócratas.

En cuanto a la cifra del presupuesto de la JCF, Prados Rodríguez afirmó que esa cifra pone en duda la realidad de la quiebra, por lo que insistir en los recortes a las pensiones, municipios y servicios esenciales para nada se justifica.

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