En pocos días iniciará la temporada de huracanes 2018 –1 de junio al 30 de noviembre– y las zonas costeras de Puerto Rico aún evidencian las muchas edificaciones de cemento o madera que fueron socavadas o arrastradas por el mar durante el paso del huracán María debido a la cercanía que guardaban con la orilla.
Basta con caminar playa Córcega en Rincón para constatar los varios derrumbes que se sumaron al del condominio Rincón Ocean Club, el más impactante del área. Esta estructura, compuesta de 24 apartamentos –la mayoría de uso recreacional–, sufrió daños considerables al punto que tuvo que ser clausurada. Las playas que recorren los barrios Córcega, Barrero, Parcelas Stela y Los Almendros fueron las más afectadas de ese municipio.
Aurelio Mercado Irizarry, oceanógrafo físico y profesor en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), comentó en entrevista con CLARIDAD que las consecuencias que sufrieron las costas de Puerto Rico con el paso del huracán se vislumbraban hace años. “Desde mucho antes de María sabía que en un caso así esto iba a ser un desastre. Había escrito un artículo sobre cómo en Puerto Rico el gobierno y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias le han perdido el respeto a los huracanes”, apuntó Mercado Irizarry.
El científico ha tenido la oportunidad de visitar varias zonas costeras de la Isla durante estos ocho meses posteriores a la debacle atmosférica –Palmas del Mar y Punta Santiago en Humacao, Santa Isabel, Rincón, Mayagüez, Aguadilla, Isabela– y le parece que ahora más que nunca las edificaciones construidas sobre la arena se encuentran amenazadas por el mar.
A juzgar por él, parecería que los desarrolladores de complejos de apartamentos u hoteles en las costas y quienes otorgan los permisos consideran que la distancia entre el mar y la estructura permanecerá intacta por décadas. “Eso no es así. El mar se está comiendo las costas de Puerto Rico y se está llevando la arena. Los dueños de edificios, para proteger sus inversiones, levantan muros de piedras o cualquier estructura fija”, dijo el oceanógrafo. Ambos procesos, contribuyen a la eliminación de las orillas de las playas.
Actualmente, una de las consecuencias que enfrentan los litorales costeros tras el paso de María es que están llenos de escombros, ya que con el impacto del mar cedieron las construcciones –que estaban sirviendo como rompeolas– y nadie se ha responsabilizado de costear la limpieza para impedir más daños a la naturaleza.
No obstante, el problema mayor radica en que a pesar de que es conocido por los expertos que el nivel del mar alrededor de la Isla sube constantemente, se sigue permitiendo la construcción en zona marítima. Datos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Junta de Planificación (JP) indican que en Puerto Rico existen unas 200 mil edificaciones posicionadas dentro de zonas inundables.
Ante tal cifra, la presidenta de la JP, María Gordillo, ha expresado públicamente que en Puerto Rico todavía no se prevé abandonar la práctica de erguir inmuebles en estas zonas. Aunque la funcionaria ha dicho que detener inmediatamente las construcciones en las costas sería la mejor alternativa, también ha clarificado que no es posible ignorar otros aspectos de la situación, los cuales complican el panorama y no permiten un cambio rápido en la política pública relacionada al tema.
Para Gordillo, antes de parar estas malas prácticas de construcción serían necesarios un sinnúmero de estudios, como por ejemplo conocer el impacto económico que tendría en los pueblos costeros, cuya economía podría girar alrededor de alguna construcción. Según la presidenta, cualquier movida en las políticas públicas debe tomar en cuenta cómo se afectan los derechos de propiedad y si se cumple con las condiciones que los reglamentos han permitido.
Al respecto, Aurelio Mercado Irizarry se mostró sorprendido de cómo la JP, por conveniencia, maneja el tema con paños tibios y considerando más los intereses económicos del sector privado que la conservación de las costas y el medio ambiente. Es difícil promover y gestionar la construcción alejada de la costa. Es difícil porque media entre el gobierno y esa gestión un interés económico. La ficha del tranque siempre ha sido apropiarse de propiedad privada. En todos los intentos que hemos hecho desde la década pasada de establecer una ley de costas en Puerto Rico para tratar de poner orden en e desorden que hay en las planificación en las costas, la ficha del tranque siempre ha sido dónde empieza la propiedad privada. Dónde tú tiras el deslinde tierra adentro de la zona marítima terrestre.
“El gobierno debe poder implementar algo que salvaguarde el límite de la zona costera. Se ha hecho en otros lugares. Se hace una franja de separación de construcciones costeras”, explicó. Esa franja es una línea imaginaria que, partiendo del conocimiento de que el nivel del mar sube constantemente, establece dónde culmina el terreno privado y dónde comienza la playa pública. Implementar esa medida requiere que las construcciones no sean fijas.
Por referencia de otros científicos expertos, Mercado Irizarry aseguró que esta situación estará peor en el 2050 debido al aumento del mar, que se va haciendo inevitable ante el calentamiento global y el derretimiento de los polos. “O salvamos las playas o las dañamos para el resto de la vida. Llega el momento en que los dos no son compatibles: la estructura fija ligada al mar y el mar que avanza tierra adentro”, dijo.
“En la sección 19 de la Constitución está expuesto que es deber del Estado preservar todos los recursos naturales para futuras generaciones. La Junta de Planificación lo que se ha dedicado es a planificar la destrucción de nuestras playas y costas. En ese sentido, está haciendo muy buen trabajo”, denunció el investigador.
JP enmienda reglamento
Recientemente, la presidenta de la JP dio a conocer que luego de los eventos de los pasados meses, que incluyeron dos huracanes y actividad de marejadas ciclónicas, la agencia adoptará nuevos mapas de zonas inundables y enmendará el reglamento que rige cualquier nueva construcción o reparación en estas áreas.
Aunque esos cambios deberán pasar por vistas públicas, el gobernador Ricardo Rosselló autorizará una certificación de emergencia que pondrá en vigencia por tiempo limitado los estatus revisados, esto teniendo en cuenta que la temporada de huracanes está por comenzar, explicó Gordillo.
“Cualquier nueva construcción tendrá que coger ese mapa de referencia, cualquier nuevo arreglo sustancial de una casa tiene que regirse por estos nuevos mapas. Si estuvieran en una zona inundable costera, debe ser una estructura elevada. Si fuera un negocio, la estructura debe ser sellada”, sostuvo la presidenta en los medios.
El nuevo reglamento, así como los mapas de zonas inundables, concordarán con la información recopilada por FEMA y la JP luego del impacto del huracán María. Al día de hoy, en Puerto Rico se construye partiendo de datos que toman en consideración los efectos de huracanes categoría tres, y que fueron acogidos por la JP en el año 2009.
Sin embargo, los cambios al reglamento no interferirán los planes de quienes están construyendo con permisos del pasado, los cuales están basados en los precedentes de huracanes más débiles que María. “Las construcciones actuales podrán continuarse conforme a los permisos antiguos porque la reglamentación no será retroactiva, sino prospectiva”, aseguró la presidenta.
Política pública más agresiva
A la vez que reconoció que el gobierno de Puerto Rico no es agresivo en el ejercicio de crear política pública en beneficio de la conservación de las costas de la Isla, el experto en oceanografía, Aurelio Mercado Irizarry, instó al Estado a cumplir con el artículo VI, sección 19 de la Constitución.
“Yo divido a Puerto Rico en dos partes en cuanto a costas se refiere. En los pedazos que están a la espera de que el gran interés le espete un complejo, el gobierno tiene que ser más cuidadoso en la otorgación de permisos. En muchos lugares del mundo los gobiernos se están alejando del mar porque comprenden que es lo que conviene, y aquí en Puerto Rico vamos en dirección contraria”, sentenció el también profesor del RUM.
Por su parte, los investigadores del programa Sea Grant de la UPR han propuesto distintos métodos para recuperar los litorales costeros: alimentar las playas con arena de otros lugares, algún tipo de armazón costera o una combinación de ambos. Para esto, se requiere una inversión a todos los niveles gubernamentales.
“Tenemos que repensarnos y atender esta situación. El cambio en política pública tiene que adecuarse a la reglamentación, códigos de construcción y permisos”, manifestó Ernesto Díaz, director del Programa de Manejo de la Zona Costanera del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
