CLARIDAD
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciales y sus directores apelarán la determinación del juez Anthony Cuevas de no considerar la petición de injuction que radicaron el pasado 17 de diciembre ante el Tribunal de Primera Instancia por la intervención indebida de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) en la referida cooperativa.
Dicha petición procuraba impedir que la corporación pública tome control de las demandas federales que CialesCoop mantiene en su contra desde el 2018 y se “autoconceda” un relevo de responsabilidad. El portavoz de la cooperativa, el licenciado José Sosa Lloréns, indicó que “mediante ese injuction los directores de CialesCoop denunciaron el abuso del poder regulatorio por parte de COSSEC y rechazaron el intento gubernamental de acallar y avasallar a quienes se le enfrentan”. Sosa Lloréns insistió en que tal situación constituiría una concesión millonaria en favor del gobierno a costa de los intereses propietarios de CialesCoop y sus socios.
Esos reclamos judiciales contra COSSEC, que están activos y pendientes de adjudicación, buscan que el gobierno restituya sobre $22 millones que tomó de CialesCoop. Este dato hace referencia directa a la situación ocurrida a partir del 2009, cuando el gobierno de turno utilizó la autoridad regulatoria de COSSEC para colocar en las cooperativas de ahorro y crédito una concentración excesiva de bonos que sabía que no podría repagar.
“Nosotros entendemos que COSSEC está desde hace tiempo buscando cómo romper el proceso mediante el cual se llevan los reclamos de restitución de capital que le ha presentado al gobierno y una manera de eso es tomando control de una de las seis cooperativas demandantes para acceder a información privilegiada, a las estrategias de litigio, incluso, para interferir con el funcionamiento de los abogados que representan a ese grupo de cooperativas reclamantes”, dijo en entrevista con CLARIDAD Sosa Lloréns.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abraham Rosa, la Cooperativa Zeno Gandía, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Juana Díaz y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vega Alta conforman el grupo de organismos que levantaron el caso legal contra COSSEC hace varios años. Desde el 2015, estas seis cooperativas han estado trabajando con los esfuerzos de lograr mitigar los daños causados por el impago del gobierno. “COSSEC y el gobierno buscan desde ese tiempo evadir su responsabilidad y quieren desarticular esos reclamos”, continuó diciendo el portavoz.
Ante la reciente desestimación del juez de la petición de injuction, CialesCoop comenzó a trabajar el pasado 28 de diciembre en el escrito que presentarán ante el Tribunal de Apelaciones sus representantes legales, los abogados Guillermo Ramos y Efraín Guzmán. “Entendemos que el juez Cuevas cometió errores que ameritan revisión por el Tribunal de Apelaciones, por eso presentaremos una petición de apelación ante ese foro”, indicó a CLARIDAD Sosa Lloréns.
“Las denegatorias [al injuction] no incluyen explicación alguna ni una discusión sobre los fundamentos para que el tribunal no evalúe los hechos adicionales sobre la conducta de COSSEC. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha advertido que los jueces deben explicar y fundamentar sus decisiones pues esa es la única forma de preservar la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia”, especifica el documento que presentarán ante el Tribunal de Apelaciones.
Según el entrevistado, entre las razones que expuso el tribunal en la sentencia para desestimar el interdicto figura el hecho de que “el código de enjuiciamiento civil impone unas limitaciones a los tribunales a la hora de emitir un injuction. Sin embargo, [la sentencia] no cita las excepciones a esas restricciones que son pertinentes a nuestro caso, como por ejemplo cuando se alegan violaciones a los derechos constitucionales”.
Sosa Lloréns indicó que además de la conducta indebida manifestada por COSSEC – la que llevó a la radicación del injuction por parte de CialesCoop –, el pasado 20 de diciembre hubo una vista administrativa en la que la entidad gubernamental tuvo la intención de sacar a los representantes legales, que han sido abogados de la cooperativa por los pasados tres o cuatro años. “Eso también el juez lo declaró ‘no ha lugar’ hace unos días sin dar explicación”, dijo.
“Es una situación anómala y por eso hemos llamado la atención de la opinión pública. Este es un llamado también a que las demás cooperativas estén atentas porque si COSSEC u otra agencia del gobierno puede tomar control de las operaciones de una entidad privada regulada por el gobierno para deshacerse de sus reclamos, entonces no tenemos orden constitucional, no hay protección”, concluyó el licenciado.
