CLARIDAD
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El movimiento cooperativo se reafirma en que se mantiene en alerta y movilizado ante los cambios al PC 1003 para que se reconozca la Ley de Prioridades Públicas fundamentales, lo que incluye la defensa y protección de las pensiones, la asignación de fondos suficientes a la Universidad de Puerto Rico (UPR), a los municipios y, por supuesto, la restitución de las reservas de capital de las cooperativas.
La incursión del movimiento cooperativo de ahorro y crédito en la discusión del PC 1003 responde a los hechos ya casi pasados por alto de que mientras la Junta de Control Fiscal (JCF) asegura el pago de una deuda de $72,200 millones a bonistas y fondos buitres, las cooperativas de Puerto Rico, que fueron presionadas por la administración de Luis Fortuño a comprar bonos del Gobierno de Puerto Rico por la suma de $1,000 200 millones no cobrarán ni un centavo del dinero prestado.
El portavoz del movimiento Cooperativistas por la Capitalización (CoopCap), Rubén Morales Rivera, expuso en entrevista que el menoscabo de esa deuda representó una pérdida para el capital de las cooperativas de $500 a $600 millones. Durante todo este periodo el movimiento cooperativo, el cual representa a 1.3 millones de socios, ha podido ir amortizando la deuda bajo la Ley 220 de 2015 y algunas cooperativas ya han podido salir de los valores, “pero al final del día es comernos en nuestras propias carnes porque ya hemos recibido el golpe del Gobierno y para subsanar ese golpe hemos privado a nuestros socios de la distribución de la ganancia, del progreso a través de dividendos y han tenido que continuar llevando a gasto el efecto de esa pérdida”.
Denunció que si bien la Junta de Control Fiscal reconoce en el plan fiscal (PF) de la Corporación para el Seguro de Depósitos de las Cooperativas (COSEC) la aportación de las cooperativas, lejos de subsanar el daño causado por el Gobierno, lo hunde y profundiza al establecer nuevos requisitos de capital que no se tenían antes, como aumentar el requisito de capital. Esto provocará que algunas cooperativas cuando se estén acercando a la amortización de su deuda no tendrán el capital impuesto por la JCF.
“Quiero enfatizar que las cooperativas estamos en una buena condición económica, no estamos diciendo lo contrario. Las cooperativas tenemos liquidez, tenemos crecimiento sostenible, buena administración, capacidad para poder conceder préstamos y estamos listas para continuar siendo una de las herramientas vitales de desarrollo económico. Lo que sucede es que realmente es un reclamo justo nuestro procurar que el Gobierno haga la subsanación y devolución del capital que tomó prestado”, declaró el presidente ejecutivo de VegaCoop.
En esta coyuntura de la aprobación del PC 1003, que permitirá la emisión de unos nuevos bonos para pagar la deuda, ni en el PAD ni en el PF había al momento de esta entrevista ningún mecanismo de política pública que subsanase la devolución del capital de las cooperativas.
Morales Rivera contó que, desde marzo, miembros del movimiento se estuvieron reuniendo con miembros del Legislativo, del Ejecutivo y hasta con Administración de Asesoría Financiera (AAF) y que luego de llegar a un acuerdo en el lenguaje a utilizar con el Senado, este fue eliminado en la Cámara. Precisó que el movimiento cooperativo no está hablando de incluir un monto de dinero en el PC 1003, sino de incluir una referencia expresa para que se busquen mecanismos de subsanación. Esto se atendería mediante un proyecto que ya fue radicado en el Senado, el PS 644.
No conforme con no pagarle a los hombres y las mujeres cooperativistas de Puerto Rico, la JCF en su PF para COSSEC pretende imponer otros cambios que van desde la gobernanza hasta los conceptos cooperativos. En el caso de la gobernanza, pretende que en la junta de directores haya representación fuera del movimiento cooperativo, que se aumente la representación gubernamental. Morales Rivera comentó que resulta interesante que el mismo COSEC y el Ejecutivo se han expresado en contra del cambio. Trajo a la atención el hecho de que todo el presupuesto de COSSEC es aportado por las cooperativas, que el Gobierno nunca ha desembolsado dinero para la corporación pública. La JCF también pretende un aumento del requisito de capital de 6 % a las cooperativas y que las acciones que por más de 70 años no se han considerado como depósitos, sino patrimonio, que son sobre las cuales se distribuyen los dividendos, si es que hay, se les dé tratamiento de depósitos, según lo hacen las “credit union”. Además, que en caso de que COSSEC tuviese que liquidar alguna cooperativa, se puedan vender sus activos fuera del sistema, como ocurre en cualquier segmento de la economía.
Morales Rivera reiteró que el grueso de las cooperativas está sano, pero reparó en que el cambio que quiere COSSEC supone que en caso de que alguna cooperativa pudiera estar confrontando dificultades se abra la puerta a que cualquier banco u otro inversionista la puedan adquirir. Hizo la observación de que el fracaso de los bancos en Puerto Rico, lo cual representó cientos de millones de dólares, se atribuyó a mala administración y otros problemas internos. Las cooperativas que pudieran estar presentando signos de debilidad, en algunos casos, ello responde a la pérdida sufrida por la compra de los bonos del Gobierno.
El portavoz de Cooperativistas por la Capitalización afirmó que a los cooperativistas del país les toca defender su patrimonio para todas las cooperativas: “Somos un ente de interconexión social para nuestro país”.
