Por Dalia González Delgado
Nueve personas pueden cambiar el curso de la Historia en Estados Unidos. Parece una exageración, pero así de poderosos son los jueces de la Corte Suprema. Aunque muchas veces dejado a un lado en los análisis, el máximo órgano judicial es un actor político clave que ha ganado protagonismo en los últimos años.
La Corte Suprema tiene la potestad para revocar leyes o acciones ejecutivas que consideren inconstitucionales. Sus miembros, seleccionados por el presidente y confirmados por el Senado, ocupan el puesto de forma vitalicia. Donald Trump tuvo la “suerte” de lograr tres nombramientos durante sus cuatro años de gobierno, con una selección que fue muy cuestionada en su momento pero que el Senado de mayoría republicana aprobó sin contratiempos.
Como resultado de eso, una súper mayoría conservadora de 6-3 podrá pronunciarse sobre asuntos tan trascendentales como la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a portar armas de fuego en lugares públicos, la libertad religiosa, los derechos electorales o la protección de los trabajadores frente a las empresas. Aunque la Corte Suprema siempre ha sido esencialmente conservadora, se intentaba lograr un equilibrio entre las posiciones de sus miembros. Pero la selección de Trump la ha empujado mucho más a la derecha; ese es uno de sus legados fundamentales.
Las alarmas sonaron con la ley que recientemente se aprobó en Texas para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo más allá de las primeras seis semanas de gestación, incluso en casos de violación. La Corte Suprema se negó a bloquear esa medida, en una decisión de 5 contra 4. Aunque está anunciado que volverán a revisar el tema, el temor es que ese y otros casos similares le den la oportunidad a esa corte conservadora de revertir Roe vs. Wade, el fallo que declaró en 1973 el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como una libertad fundamental protegida por la Constitución.
El impacto de la Corte Suprema en asuntos fundamentales para los estadounidenses tiene una larga historia. Basta poner algunos ejemplos para darnos cuenta de que la primera oración de este comentario no es una exageración. En 1857 una de sus decisiones estableció que solo los blancos eran ciudadanos y que el Congreso no tenía potestad para restringir la expansión de la esclavitud; los derechos de los estados con relación a la esclavitud eran entonces el tema central de la política nacional.
Durante la etapa del New Deal, Franklin Delano Roosevelt tuvo en la Corte Suprema un enemigo que le impidió avanzar más en su programa de reformas, pues a pesar de contar con el apoyo del Congreso algunas de las legislaciones aprobadas fueron declaradas inconstitucionales.
En el año 2000 la Corte Suprema decidió el resultado de las elecciones presidenciales, cuando mandó a detener el conteo de votos en Florida. En el 2010, con la decisión conocida como Citizens United vs Federal Electoral Commission, abrió la puerta para la entrada de una cantidad ilimitada de dinero en las campañas electorales. Otro fallo en 2013 anuló una parte clave de la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965, pues liberó a los estados del sur de la supervisión federal sobre sus leyes electorales. La ley del 65 había establecido esa supervisión para evitar que los estados que habían tenido leyes Jim Crow (que establecían por ejemplo la segregación en lugares públicos) utilizaran otros mecanismos para suprimir el voto negro. La Corte decidió que esa regulación era innecesaria y eso ha posibilitado nuevos mecanismos de supresión del voto en algunos estados.
El peso del ente judicial justifica las preocupaciones con su composición actual, que perdurará en el tiempo debido al carácter vitalicio de esos puestos. Los tres magistrados nombrados por Trump son jóvenes: Neil Gorsuch (54 años), Brett Kavanaugh (56 años) y Amy Coney Barrett (49 años). Un estudio del Pew Research Center encontró que los ex jueces que fueron nombrados para el tribunal cuando tenían 55 años o menos terminaron sirviendo durante un promedio de casi dos décadas.
Más de una cuarta parte de los jueces federales activos fueron nombrados por Trump. Hasta enero de este año había 816 jueces activos (ese número cambia regularmente) en los tres niveles principales del sistema judicial federal: la Corte Suprema, 13 tribunales regionales de apelaciones y los tribunales de distrito. Trump nombró al 28% de ellos en apenas un mandato.
Pero su legado no está únicamente en los números sino en la forma en la cual se están tomando las decisiones, fuera del escrutinio público. En 2015 William Baude, profesor de derecho de la Universidad de Chicago, acuñó el término “Shadow Docket” (algo así como expediente en la sombra), para describir el uso de órdenes de emergencia y decisiones sumarias de la Corte sin escuchar argumentos orales ni ofrecer explicaciones adicionales. Algunas de las sentencias más importantes en los últimos años fueron dictadas de esa forma, incluida la relacionada con la interrupción del embarazo en Texas.
Aunque Trump no inventó ese procedimiento, hasta que él llegó a la Casa Blanca solo se utilizaba de manera excepcional. Para poner las cosas en perspectiva, durante los 16 años de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama se presentaron ocho solicitudes de Shadow Docket para decisiones de la Corte, de las cuales solo se concedieron cuatro. Sin embargo, durante el mandato de Trump se hicieron 41 solicitudes de ese tipo, de las cuales se concedieron 24, según cifras publicadas en The Guardian por Shira A. Scheindlin, ex jueza para el distrito sur de Nueva York. De acuerdo con la experta, esos casos se escuchan sin una exposición informativa completa, sin argumentos orales y culminan con una orden de una oración en lugar de las tradicionales opiniones completas. Por lo general las decisiones se toman en una semana o menos.
Algunos de los fallos emitidos mediante ese mecanismo de “expediente a la sombra” en los últimos años incluyeron temas como la prohibición de entrada a Estados Unidos de personas de países de mayoría musulmana, la prohibición para que las personas transgénero sirvieran en el Ejército, y el desvío de fondos militares para la construcción de un muro en la frontera con México. En todos esos casos las sentencias respaldaron órdenes ejecutivas de Trump.
En resumen, nueve jueces seleccionados por el presidente y que conservan su puesto de forma vitalicia, pueden tomar decisiones sin supervisión y a veces a la sombra y sin tener que dar explicaciones, sobre temas que impactan en la vida de millones de personas. Una encuesta realizada por Gallup en septiembre encontró que solo el 40% de los estadounidenses aprobaron el trabajo que estaba haciendo la Corte Suprema, la tasa más baja desde que Gallup comenzó ese tipo de sondeos en 2000, cuando la decisión Bush vs. Gore afectó las percepciones del público sobre la legitimidad de la Corte.
La súper mayoría conservadora de 6-3 tiene por delante decisiones importantes para los próximos meses. Un caso sobre la constitucionalidad de una ley de Nueva York que impone límites estrictos al porte de armas de fuego fuera de la casa; otro sobre una legislación de Mississippi que busca prohibir las interrupciones de embarazos después de las 15 semanas de gestación; una disputa sobre si Maine puede prohibir el uso de un programa de ayuda estudiantil para las escuelas que enseñan contenido religioso “sectario”.
Y aunque esos temas sociales acaparan casi toda la atención –especialmente los derechos reproductivos–, otros menos publicitados tienen también gran impacto. Casos sobre el poder corporativo, las regulaciones empresariales, el cambio climático y la supresión del voto son también parte de las discusiones en la Corte Suprema.
Esos nueve jueces son designados por el presidente con el apoyo de los senadores, quienes a su vez son elegidos en un sistema que potencia el impacto del dinero en la política y donde los funcionarios públicos muchas veces responden a los intereses corporativos que financian sus campañas. De hecho, durante los procesos de confirmación a la Corte Suprema se mueve mucho del llamado “Dark Money” (dinero oscuro).
Por ejemplo, Judicial Crisis Network (JCN), una organización que defiende el conservadurismo y tiene vínculos con Trump, se comprometió a gastar hasta 10 millones de dólares para garantizar la confirmación de Kavanaugh, la misma cantidad que gastó para ayudar a confirmar a Gorsuch en 2017. Al mismo tiempo, de acuerdo con el Center for Responsive Politics –institución que da seguimiento al uso del dinero en las elecciones– más de las tres cuartas partes de los fondos que recaudó JCN entre julio de 2017 y junio de 2018 provinieron de una contribución de 17 millones de dólares de un solo donante anónimo. Dicho en otras palabras, eso podría ser interpretado como que los puestos de la Corte Suprema pueden ser “comprados”.
Así, más que el organismo independiente que dice ser, la Corte Suprema es un poder a la sombra que responde a múltiples intereses incluidos los corporativos, con una súper mayoría conservadora actual que puede cambiar la vida de millones de personas sin dar muchas explicaciones; un actor clave si queremos entender el panorama político en Estados Unidos.
Reproducido de www.cubadebate.cu
