Especial para CLARIDAD
“Zero Tolerance”, esa es la política de la administración Trump dirigida a impedir nuevos inmigrantes a través de la frontera suroeste de EE.UU.. “If you cross the Southwest Border unlawfully, then we will prosecute you. It’s that simple”, fueron las expresiones del fiscal general Jeff Sessions, anunciando que con esta política se imponen penalidades criminales a aquellos seres humanos que crucen esa frontera, separando a los niños inmigrantes de sus padres. “If you are smuggling a child then we will prosecute you, and that child will be separated from you a required by law”, dijo Sessions y añadió: “If you don’t like that, then don’t smuggled children over our border”. En ese proceso se separan las familias durante meses o por tiempo prolongado indefinido. Para hacer valer esta política el señor Sessions, según reseñaba el New York Times el 7 de mayo de 2018, han asignado, adicional a los ya existentes, otros 35 fiscales y 18 jueces de inmigración a la región de la frontera del suroeste para asegurar el procesamiento de los nuevos casos a radicarse. Aunque Trump alteró esta orden el 20 de junio, respondiendo a la presión de los reclamos de múltiples sectores sociales y políticos estadounidenses e internacionales, al día de hoy se desconoce el paradero de los miles de niños previamente separados de sus padres.
Admito que como padre y abuelo me resulta difícil manejar con alguna serenidad y control de emociones la situación de la crisis humana que ha precipitado esta política de criminalización de inmigrantes centroamericanos que desde abril está implantando el presidente Trump y su aparato institucional represivo en la frontera suroeste con México. El dolor, la indignación y un cierto sentido de impotencia abruma el espíritu humano con la situación que recién se hace pública por los medios comerciales sobre el sufrimiento de niños de temprana edad que son separados de sus padres o custodios mientras éstos (los adultos) son procesados como criminales al entrar al País en busca de seguridad para sus vidas. Estos refugiados son colocados en jaulas, como animales, mientras esperan por un procesamiento judicial criminal. Los niños son separados de sus padres, con destino indefinido, tanto en ubicación espacial como temporal. No se sabe con certeza qué ocurre con ellos ni sus padres; no se ha indicado cuándo se volverán a reunir como familia. Así hay, al menos, 2,300 criaturas, menores de edad provenientes principalmente de El Salvador, Honduras y Guatemala. El llanto, dolor y la incertidumbre del destino de cientos de niños expuestos a este trauma conmueve a cualquier ser humano sensible. Contrasta este sentimiento con la arrogancia y despecho del incompetente y racista presidente Trump y sus reaccionarios ‘acólitos’ en el ejecutivo federal que pretenden justificar y continuar con ese proceso inmoral e ilegal a pesar de los reclamos de entes internos de EE.UU. e internacionales.
Es importante entender las circunstancias que mueven a estos inmigrantes desde Centro América y Méjico a cruzar la frontera de EE.UU.. De acuerdo a un informe de marzo de 2014 del Alto Comisionado Para los Refugiados de as Naciones Unidas (“Children on the Run: Unaccompanied Children Living Central América and México and the Need for International Protection”), la movilización de estos niños hacia el Norte responde a variadas razones, incluyendo la violencia y la persecución en sus países de origen. Reconoce el Alto Comisionado la preocupación de que estos niños pueden recibir serios daños si son regresados a sus hogares de origen. Este informe de la ONU documenta sensiblemente el impacto humanitario que plantea la situación de estos refugiados y la necesidad urgente de que éstos, especialmente los niños, sean tratados con dignidad y humanidad cuando llegan a los EE.UU.. Expulsarlos forzosamente en la práctica constituiría una condena de muerte para muchos de estos seres humanos. Por tanto, plantea el Comisionado, que estas personas necesitan protección bajo las leyes y Tratados internacionales de los cuales EE.UU. es signatario.
La situación objetiva de estos refugiados varía un poco de país a país de origen. En el caso de los migrantes mejicanos, las fuerzas de expulsión que los moviliza responden a la crisis económica y a la inequidad social prevalente en ese país. En algunos casos las personas emigran de regiones donde la violencia del narcotráfico amenaza continuamente su seguridad y bienestar. La mayoría de estos emigrantes mexicanos son devueltos a su país de origen, uno o dos días después de ser arrestados por los agentes federales (Border Patrols). No obstante, la situación es diferente para los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras. En estos tres países la inestabilidad política, económica y social es tan grave, que para muchas familias es prácticamente imposible desarrollar sus procesos de vida de forma segura. El caso de EL Salvador, probablemente es el más dramático y eso explica el gran número de refugiados (cerca de 2 millones) que ya, desde hace décadas, están viviendo y trabajando en los EE.UU.. Las nuevas olas migratorias de este país responden, entre otros factores, a la actividad de numerosas bandas de criminales que operan con poco o ningún control gubernamental, es decir, con gran impunidad. Estos criminales secuestran niños y niñas para incorporarlos en sus organizaciones, y aquellas que se resisten son violadas, en el caso de las niñas, y luego todos asesinados impunemente,
Pienso que las circunstancias de El Salvador debe analizarse y divulgarse en los medios de comunicación internacional cuando se discute la crisis humanitaria en los EE.UU.. Históricamente El Salvador ha tenido una oligarquía criolla que ha controlado la posesión de la tierra y la riqueza que se genera, especialmente la de la actividad agrícola. Esta pequeña minoría (menos del 1% de la población) controla más del 70% de la riqueza generada por los cerca de los 6.4 millones de habitantes del país. El Salvador sufrió un guerra civil durante 12 años (1979 y 1992) que causó decenas de miles de muertos en un conflicto resultado de un golpe de estado militar y la colaboración de la oligarquía burguesa salvadoreña enfrentando un pueblo, principalmente de campesinos, que reclamaban acceso a la tierra y capacidad de producir bienes y servicios de forma autónoma y no subordinada a los intereses de la minoría explotadora. Ese conflicto bélico fue auspiciado, asesorado y materialmente apoyado por el gobierno de los EE.UU. alegando que los reclamos populares revolucionarios amenazaban el equilibrio de la entonces vigente Guerra Fría contra el bloque soviético. EE.UU. invirtió miles de millones de dólares para financiar las actividades contrarrevolucionarias antes, durante y posterior de la Guerra Civil, incluyendo la manipulación e intervención de los procesos electoral, para asegurar que la dirección del país respondiera a sus intereses imperialistas. La intervención externa de los EE.UU. en El Salvador, en gran medida, fue y es responsable de la precariedad de la estructura y funcionamiento del sistema económico y social salvadoreño. La precariedad y pobreza material de estos hermanos latinoamericanos se agravó con el impacto desastroso de un fuerte terremoto en el año 2001 y por el impacto también catastrófico en el 2008 del huracán Mitch. En este sentido, EE.UU. es moralmente responsable de las circunstancias que expulsan a estos migrantes de su país y que legítimamente piden asilo para asegurar su bienestar y particularmente el de sus hijos. Expulsarlos y tratarlos como criminales es una gran injusticia y constituiría otro acto criminal del imperialismo norteamericano. De eso se trata este proceso tan doloroso del que hoy somos testigos.
Hace poco encontré una reflexión en el internet de una persona de nombre Idoia Postigos en un artículo que titulaba “Cuál es Nuestro Nivel de Fibra Moral”. De ese artículo comparto la siguiente cita: “Un mundo sin compasión, sin preocupación y sin responsabilidad para con las otras personas, no es un mundo habitable para los seres humanos”. La situación de los migrantes centroamericanos y en especial, la de los niños, nos debe conmover y a la vez activar para reclamar que no se criminalice a estos refugiados. Nos debe también mover a reflexionar y a denunciar sobre la circunstancias políticas y socio-económicas que han abrumado sus vidas y a entender y divulgar la responsabilidad legal y moral de los EE.UU. con esas circunstancias. Finalmente nos debe mover a pensar y tener claro con cuál imperio estamos subordinados como sociedad puertorriqueña. La crisis de los refugiados obliga a aquellos sectores de nuestra sociedad que piensan que la mejor política para viabilizar nuestro desarrollo futuro estaría en la anexión a esa nación imperialista, violenta, racista e insensible, a reflexionar sobre la inmoralidad e indeseabilidad de esa opción. Puerto Rico como nación tiene que diferenciarse y distanciarse de esos criminales que controlan nuestras vidas en todos los órdenes políticos y sociales. Bajo la presente relación colonial nuestro desarrollo futuro está comprometido y en manos de unos entes insensibles, racistas y criminales. Abramos los ojos y nuestra conciencia colectiva para desvincularnos del control de nuestras vidas de ese imperio genocida.
