CLARIDAD
A la vez que el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), licenciado Rafael Machargo Maldonado, afirma en una vista pública del Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos que la participación pública es importante y que las estrategias de protección contra el cambio climático deben ser resultado de esa participación, en particular de las comunidades en las costas, se hace de la vista larga con la construcción de un condo hotel en Santa Isabel, mantiene secuestrado un reglamento, y elimina los requisitos de la preparación de una evaluación ambiental y una declaración de impacto ambiental.
Las declaraciones del secretario el DRNA se produjeron a preguntas del congresista Jesús García (demócrata por Nuevo México) durante una vista pública que tenía el propósito de discutir el borrador de un proyecto de la autoría del congresista Raúl Grijalba. El proyecto va dirigido a dar incentivos para atender los efectos que produce el cambio climático. La vista, presidida por Grijalba, quien es el presidente del CRN, se llevó a cabo el 7 de marzo.
García trajo a la atención del Secretario los daños causados por el huracán María y los terremotos, como efectos del cambio climático, y le cuestionó si estaba de acuerdo con incluir la participación ciudadana para atender estos. Machargo Maldonado afirmó estar de acuerdo y, más aun, que las medidas a establecerse fuesen resultados de esa participación pública.
El congresista García también le cuestionó directamente si estaba de acuerdo con el daño a la comunidad que causa el proyecto Kontel Adventure Hotel en Santa Isabel, que representa un peligro para especies en peligro de extinción y entorpece el acceso de la gente a la playa.
La reacción de Machargo Maldonado fue argumentar que, de acuerdo con la ley, en Puerto Rico todos tienen acceso a la playa y que impedir el acceso es ilegal, por lo que tomaría nota e investigaría si tenían todos los permisos. Además, que evaluaría el impacto negativo que ese proyecto pueda ocasionar a las comunidades.
Es obvio que si la postura del licenciado Machargo Maldonado fuese la de escuchar a las comunidades, la controversia de la construcción del citado hotel no hubiese provocado el surgimiento del movimiento Salvemos Jauca, movimiento integrado por las comunidades, varias denominaciones religiosas, los comerciantes del pueblo de Santa Isabel y organizaciones ambientalistas de toda la isla. Y por supuesto, no hubiese llegado al Congreso. El proyecto no ha contado con ninguna vista pública, en gran medida, porque el proponente del proyecto se opone. De hecho, la comunidad de Santa Isabel se enteró del proyecto por la prensa, cuando la entonces directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, anunció su construcción en el mes de noviembre.
El pasado 4 de marzo, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó la Resolución número 41, presentada por el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez Lebrón, que ordena a la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central y a la Comisión de Recursos Naturales llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la construcción de ese hotel en la zona marítimo terrestre.
El secuestro de un reglamento
Por otra parte, los activistas contra la quema de carbón han denunciado que el Secretario mantiene secuestrado el reglamento para prohibir el depósito y la disposición de cenizas de carbón en la isla.
“Machargo lleva casi un año violando la Ley 5-2020 que le obligaba a aprobar, al 2 de abril del 2020, el reglamento sobre la prohibición del depósito de cenizas tóxicas de carbón. No solo está violando la ley impunemente, sino que ahora mantiene secuestrado el reglamento, que fue finalizado hace unos meses”, denunció en comunicado de prensa José M. Díaz Pérez, portavoz del Campamento contra cenizas en Peñuelas.
El portavoz del Campamento contra las cenizas afirmó que el Secretario les aseguró que el reglamento sería enviado al Departamento de Estado a finales de diciembre; pero no lo hizo. Después dijo que sería en enero y luego, que en febrero. “Estamos en marzo, y ahora dice que está leyéndolo. Es una falta de respeto total de este señor hacia el pueblo. ¿A quién trata de proteger Machargo, que prefiere violar la ley antes de cumplir con sus funciones?”, cuestionó.
En tanto, Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, manifestó que el gobernador está evitando reunirse con las comunidades afectadas por la empresa carbonera AES. Precisó que el ocho de enero, entregaron una carta en La Fortaleza en la que le solicitaban una reunión urgente y ni siquiera han recibido contestación.
Las exclusiones categóricas
Mientras, las organizaciones ambientales Ciudadanos del Karso y Sierra Club presentaron un recurso de revisión al Tribunal de Apelaciones para exigir que se detenga la Orden 2021-02 del DRNA referente a exclusiones categóricas. Las organizaciones han denunciado que las exclusiones categóricas abren la puerta a la aprobación de proyectos de construcción sin procesos de evaluación de impacto ambiental, impactos de salud ambiental, revisiones de expertos y sin vistas públicas.
Explicaron que el término exclusiones categóricas se refiere a actividades que por no tener impacto ambiental significativo pueden ser aprobadas sin mayores requisitos. La postura del Sierra Club y de Ciudadanos del Karso es que la orden busca ampliar la lista de actividades en las exclusiones categóricas, lo que excede los poderes que otorga la ley, sin ofrecer detalles de razonamiento técnico.
Las organizaciones ya habían llevado al Tribunal una Orden Administrativa del DRNA, emitida en el 2020, que igualmente buscaba ampliar las exclusiones categóricas. En este segundo recurso, Sierra Club y Ciudadanos del Karso detallan cómo la orden 2021-02 del DRNA no cumplió con el debido proceso de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
“La aprobación de esta orden falla desde su inicio, ya que no cumplió con el debido proceso del Ley y no atendió los problemas de fondo de la orden anterior. Con esta orden, continúan los atropellos al derecho de participación pública de las comunidades. Además, esta crea confusión porque tiene incongruencias de vigencia con el Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental sobre las mismas exclusiones categóricas. Las violaciones de esta orden son claras y además van contra el mandato del DRNA de salvaguardar los sistemas naturales de la isla. Con este recurso, buscamos que el DRNA desista de crear órdenes que no atienden los problemas reales de la planificación ambiental en Puerto Rico. Denunciamos esto como parte de una estrategia del gobernador, Pedro Pierluisi, para desmantelar protecciones ambientales”, manifestó Abel Vale, presidente y fundador de Ciudadanos del Karso.
Los ambientalistas calificaron la acción de Machargo Maldonado de desafortunada. Esta sienta un mal precedente al provocar que una agencia de manejo ambiental carezca de recursos técnicos y científicos para su toma de decisiones.
