¿Cuándo acabarán los abusos contra estudiantes de educación especial?

Por Josefina Pantoja Oquendo/Especial para CLARIDAD

Comencé a trabajar en la defensa de las niñas, niños y jóvenes con diversidad funcional en el 1993. Para entonces ya la Lic. Georgina Candal y el Lic. Heriberto Quiñones, de Servicios Legales de Puerto Rico, habían presentado el caso que se conoce como Rosa Lydia Vélez vs ELA. El ya fallecido y valiente juez de Primera Instancia, posteriormente integrante del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Peter Ortiz, certificó la acción legal como una de clase y emitió un Injunction Preliminar para detener los desmanes y violaciones de derecho en los que estaba incurriendo el entonces Departamento de Instrucción Pública, que estaban registrados en el Programa de Educación Especial. Itzamar, la hija de Doña Rosa Lydia Vélez, era una de esas estudiantes. Para entonces ni siquiera había un procedimiento de querellas organizado, los grupos eran separados de la población típica y conseguir servicios educativos, las terapias necesarias y otros apoyos era un calvario. No había consecuencias a tales actos abusivos. Tratándose de un problema generalizado, el Juez Ortiz determinó que de la misma forma había que tratarlo. Tuve la oportunidad de ser abogada del caso hasta el 1996, cuando una reglamentación federal instada por el gobierno republicano Estados Unidos le prohibió a los programas de Servicios Legales representar demandas de clase.

Importantes progresos se han logrado a través del pleito, siempre enfrentando la burocracia gubernamental, la falta de voluntad y transparencia y, en no pocos casos, de sensibilidad, sin importar el color político que prevalezca en la Fortaleza y el Capitolio. En el 2002, la ex jueza Sonia Vélez emitió la sentencia final en el caso por estipulación entre las partes. El Tribunal mantiene una monitoría constante que ha evidenciado el incumplimiento continuo por el Departamento de Educación por lo que ha sido obligado a pagar multas diarias, que al día de hoy son de cinco mil dólares. Parte de ese dinero es devuelto a la clase por medio de servicios que ofrecen entidades no gubernamentales a través de propuestas.

A pesar de todos los tropiezos que el estudiantado con diversidad funcional y sus familias han enfrentado, el activismo de éstas y de las organizaciones que les apoyan ha logrado mantener sus reclamos de equidad en el ojo público. Cuentan además, con la protección constitucional a la educación y con legislación de Puerto Rico y de Estados Unidos que exigen una educación pública e individualizada para atender sus necesidades. La Federal conlleva además, millonarias asignaciones de dinero para que se ofrezcan unas garantías procesales. Ha trascendido que desde hace unos meses el Departamento está en sindicatura con relación a los fondos que provienen de Estados Unidos. La controversia sobre la disponibilidad de dinero para cubrir las necesidades del Programa de Educación Especial ha sido noticia de primera plana, casi a diario. Las informaciones que provienen del secretario de la agencia y de la Junta de Control Fiscal son contradictorias en cuanto a quién es responsable de que el dinero para los servicios esté en riesgo.

Mientras tanto, otro grave peligro amenaza a esta vulnerable población. Se trata de un proyecto de ley iniciativa del representante a la Cámara y también Secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), June Rivera. La legislación tiene el propósito de derogar la Ley 51 de Educación Especial, dirigida a estudiantes con diversidad funcional. Aunque en muchas de sus partes la propuesta constituye una traducción literal de la ley federal (IDEIA, por sus siglas en inglés), lo que es totalmente innecesario, trae consigo disposiciones que perjudicarían a este sector de la sociedad. Para señalar solo algunas: Excluiría de la protección de la ley infantes desde que nacen y hasta que cumplen tres años; aumentaría los términos para las determinaciones de elegibilidad e inicio de servicios en contradicción con lo establecido en la sentencia del pleito de clase; crea un entarimado burocrático en las regiones educativas con una cantidad de puestos sorprendente; incrementaría la ya alta politización partidista en la agencia porque la persona a cargo de la secretaría especial de Educación Especial sería designada por la gobernadora con la confirmación del Senado. Peor aún, las juezas y jueces que adjudican las querellas por violación de derechos y garantías procesales, también serían nombradas por Fortaleza y confirmadas en el Senado, incluyendo uno de los puestos que administraría la Unidad Secretarial de Querellas. Sabemos que, igual que ocurre con los nombramientos a la Rama Judicial, el criterio de selección favorito será el de las palas políticas. La persona que administre tendrá un salario equivalente al de un juez superior. Los demás ganarán lo que un juez municipal. ¿De dónde va a salir la enorme cantidad de dinero que tal esquema conllevaría? ¿Quién se va a beneficiar con todo esto?

El proyecto crea también la figura del “Defensor de Menores con Diversidad Funcional”, al mismo tiempo que se crearía una “Junta Examinadora de Defensores Judiciales” en el Departamento de Estado que les expediría licencias, les cobraría cuotas y podría imponerles multas. Tendrían que tomar cursos con organizaciones no gubernamentales sobre los temas que la Junta establezca. Por supuesto, los nombramientos a la Junta también serían hechos por la Gobernadora. ¿Cuáles son esas organizaciones que ofrecerán cursos, por qué tantos requisitos para personas a las que solo se les requeriría diploma de escuela superior y que sean ciudadanos americanos, como si este último requisito les hiciera más capaces? Haciéndome eco de la sabiduría del refranero popular, “Aquí hay gato encerrado”.

El peligroso proyecto de ley al que estamos haciendo referencia ya fue aprobado el año pasado por ambos cuerpos legislativos, pero la Junta de Control Fiscal advirtió de su improcedencia por los altos costos que conllevaba y el entonces y luego botado gobernador Roselló, lo vetó. Poco después el representante Rivera volvió a presentarlo y ya fue aprobado por la Cámara con el voto en contra de las minorías, del Presidente del Cuerpo y de un representante de la mayoría no vidente. Lo hicieron a la carrera y sin celebrar vistas. Ahora el Proyecto 1945 está en el senado donde se han estado celebrando vistas, en las cuales las organizaciones con un gran historial en defensa de la población de Educación Especial se han opuesto vehementemente al Proyecto. Existe un consenso por parte de las familias y de las organizaciones que trabajan con la población de estudiantes con diversidad funcional de que la legislación propuesta atenta contra su bienestar y que no responde a sus necesidades. Por el contrario, les quita reivindicaciones ya alcanzadas, añadiría partidismo y politización a los muchos problemas que hay para acceder a los servicios, conllevaría un incremento en gastos que no redundarían en su beneficio, sino en mayor burocracia. Parecería tener el propósito de favorecer intereses ajenos a una población cuyos derechos ya han sido violentados en demasía. Como dice otro sabio refrán, “Se juntaron el hambre y la necesidad”: la falta de fondos por el mal manejo administrativo y la aprobación del proyecto de ley proveniente de un representante que por nada se ha destacado en la Legislatura, excepto por ser el Secretario del partido en el poder. Como en el verano de 2019 hay que hacer lo necesario para evitar un abuso más contra la población de Ecuación Especial.