Cuestionan acuerdo de la Junta y la AEE

Por Cándida Cotto /CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés) instó a los presidentes de la Legislatura de Puerto Rico a no aprobar el Acuerdo de Reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y a buscar opciones “más asequibles, sostenibles y transparentes para financiar y administrar el sistema eléctrico del gobierno”.

Más que una carta firmada por el director de finanzas, Tom Sanzillo, el documento presenta un análisis de las consecuencias del Acuerdo de Restructuración (RSA, en inglés) para los consumidores y la economía de la isla, de los conflictos de intereses de las firmas asesoras de la AEE, de negligencia y hasta emisión de deuda ilegal. IEEFA plantea que quiere llevar a la atención de la Legislatura información fundamental que ha sido omitida o excluida en la discusión del Acuerdo, la cual altera de manera dramática su viabilidad como un medio para permitir que la AEE acceda a los mercados financieros y reconstruya la red eléctrica.

Aunque el RSA se encuentra sometido ante la consideración de la juez Laura Taylor Swain, bajo el Artículo III de la Ley Promesa se supone que la Legislatura de Puerto Rico y la gobernadora le tienen que dar antes su aval.

El documento de IEEFA presenta unos ocho aspectos cuestionables del acuerdo que realmente dejan en duda la conducta de la Junta de Control Fiscal (JCF) y de la gerencia de la AEE por su aceptación.

En primer lugar se reiteran los señalamientos de que con el Acuerdo las tarifas de la AEE serán inasequibles por lo altas, más de lo proyectado. Indica que las tarifas serán muy por encima de la meta de 20 centavos por kilovatio hora (kWh) establecida por la JCF en el RSA el 3 de mayo de 2019.

IEEFA señala que con el estimado que hacen la Junta y la AEE de la implantación del Cargo de Transición (CT), las tasas aumentarán a 25.6 centavos/kWh para el año año 2024, con un riesgo de superar los 30 centavos/kWh si la financiación del gobierno federal a la AEE no se materializa según lo previsto y si la corporación no puede mejorar la eficiencia de sus plantas generadoras de energía. De ahí que recientemente el asesor financiero de la AEE, Todd W. Filsinger, con el fin de proporcionar ingresos suficientes para pagar el Cargo de Transición, ajustara el aumento de tarifa a uno más alto para el año fiscal 2024, a 27.1 centavos/kWh, que es un 35% más alto que el objetivo establecido en la Ley 17 de 2019 aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

Agrega el análisis de IFEEA que identificó otras disposiciones que muy probablemente impulsarán los precios a unos más altos. A saber: tasas administrativas adicionales para atender la deuda, costos financieros en curso, más pagos a las aseguradoras de bonos, varios pagos no especificados y aumento de los niveles de subsidio. En total prevé que la tarifa general estará muy por encima de 24 centavos/kWh.

Impacto al crecimiento económico

El análisis también advierte de que el Cargo de Transición propuesto crecerá más rápido que la economía de Puerto Rico. Esto debido a que el cargo, que aumenta con el tiempo, se impondrá a una economía y a una población que se prevé que continúen disminuyendo.

IEEFA le presenta a los presidentes legislativos que el Plan Fiscal Certificado del Gobierno proyecta una pérdida de 32% en la población para el año fiscal 2049. Comparado con año fiscal 2018, con una población proyectada más baja que en el Plan Fiscal Certificado del año pasado, la pérdida de población se traduce en menos ventas de electricidad, el deterioro de los ingresos y presión para aumentar las tarifas a la base de clientes restantes.

Junto con la disminución de la población, el plan fiscal también proyecta un declive económico general después de un breve período de estímulo federal que durará hasta el año fiscal 2023.

Advierte que incluso si Puerto Rico fuera capaz de implementar con éxito las iniciativas propuestas de ahorro e ingresos, la economía seguirá experimentando una economía de plana a decreciente en su producto interno bruto (PIB) desde el año fiscal 2029 hasta el final del período previsto.

El acuerdo paga deuda ilegal

Una de las observaciones más severas que hace IEEFA es que la JCF y la AEE han negociado el acuerdo sin intento alguno de investigar o tomar medidas sobre la legalidad de la deuda que se está reestructurando. Esto, a pesar de que varias entidades, incluida la propia JCF, ha puesto en tela de juicio la legalidad de algunas de las emisiones de deuda anteriores y la conducta de varias partes que participaron en esas emisiones.

Son varias las deudas cuestionadas. Una demanda presentada reciente por dos aseguradoras de bonos cuestiona la legalidad de $3,700 millones de dólares adicionales en deuda de la AEE emitida entre 2002 y 2007. También de las emisiones de bonos después del 2011, luego de que la misma JCF declaró a la AEE insolvente. Entre el 2012 y 2013 la AEE originó dos emisiones de bonos por un total de $1,300 millones.

Sin embargo, denuncia IEEFA, la JCF no ha hecho intento alguno de argumentar que esas emisiones de bonos eran ilegales, que representaban a los mercados de capitales, que AEE era una entidad solvente y que estas representan una fracción sustancial de los $8,260 millones de dólares de AEE en deuda heredada pendiente.

Ante estos hechos, los expertos en el tema de energía aseveran que “sería irresponsable de la Legislatura y sus asesores pedir al pueblo de Puerto Rico que pague deudas que no pueden ser legalmente adeudadas”.

Otro ángulo que se trae a la atención es que la JCF y el Gobierno de Puerto Rico tampoco hicieron caso de la revisión de la Comisión de Puerto Rico para la Auditoría Integral del Crédito Público sobre la emisión de deuda de AEE en 2013. La Comisión criticó al equipo de consultores de AEE, Ernest & Young, por no haber ejercido una diligencia exhaustiva en la transacción.

IEEFA plantea que recientemente dos aseguradoras de bonos demandaron a nueve empresas de asesoramiento financiero ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan alegando que las empresas proporcionaron información engañosa al mercado cuando subscribieron la emisión de varios bonos puertorriqueños, incluyendo ocho emisiones de bonos AEE entre 2002 y 2007. Los bonos en cuestión ascienden a $3,700 millones de dólares. Uno de los señalados en esta demanda es la firma Citi Global Markets, quien fue asegurador de seis de las ocho emisiones de bonos AEE nombradas en la demanda. Al presente, Citi Global Markets es el principal asesor financiero de la JCF para la reestructuración y privatización de AEE, lo que representa un obvio conflicto de intereses.

IEEFA reitera en su misiva a la Legislatura que ni la JCF o el Gobierno de Puerto Rico han intentado impugnar la legalidad de las emisiones de deuda de AEE ni la conducta de los consultores que participaron en esas emisiones, aunque cualquiera de los cursos de acción podría dar lugar a una fuente alterna de reembolso para los tenedores de bonos.

En fin, el planteamiento de IEEFA es que se debe rechazar el presente Acuerdo de Restructuración, que los bonistas deben aceptar una reducción del principal entre el 70 y el 90 por ciento de la deuda y que cualquier acuerdo de deuda nuevo debe ser consistente con la capacidad de pago de Puerto Rico. La carta de IEEFA tiene fecha del 29 de octubre de 2019.

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